¿Que en el Catatumbo están metidas las Farc, el Eln, las bacrim y los cultivos ilícitos en la misma olla, donde el más visible tiene el remoquete de Megateo? Cierto; ¿que esta amalgama criminal es la exclusiva razón del atraso de esta región y de otras en el país? No lo es tanto... la mezcla de estas redes existe, influyen y se instalaron sobre esa porción del territorio, atraídos por la oportunidad que tuvieron, ante el olvido y el abandono de varios gobiernos, como ha sucedido en otras vastas regiones rurales de Colombia donde no ha existido una efectiva presencia Institucional.
Se observa que en alguna medida, el Estado ha endosado a la Fuerza Pública la responsabilidad de apagar incendios, producto de la protesta que estalla desde las comunidades inconformes. Antes de usar la acción coercitiva como medida que exacerba los ánimos y desvía la atención sobre lo fundamental, es preciso ponerse al día en los proyectos que transforman las regiones.
Las políticas públicas se han desarrollado bajo la securitización de varias iniciativas sociales, y la seguridad se convirtió desde hace décadas en el fundamento necesario para avanzar en cualquier iniciativa de desarrollo social para el campo. El modelo de desarrollo rural ha sido inequitativo porque los beneficios de la modernización de ese sector han favorecido a los grandes productores, pero no ha favorecido del todo a las comunidades campesinas.
De otra parte, la innovación tecnológica en estas regiones consintió la acumulación de capital en los empresarios agrícolas, pero pocos avances se han visto en el bienestar de los hogares rurales. El efecto de los programas para disminuir la pobreza, indica sobre el terreno, que en las zonas campesinas ha sido más lenta la disminución; otra cosa señalan los indicadores de pobreza en las ciudades, donde las noticias son más alentadoras.
Las estrategias de generación de ingresos no han evitado que se perpetúe la pobreza generacional de las comunidades rurales, lo que las hace más vulnerables y susceptibles a ser manipuladas por las redes criminales que hacen presencia en territorios como Catatumbo, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó, Caquetá, Arauca, Paramillo, Sur del Tolima, Norte del Cauca, Bajo Cauca antioqueño, para citar algunos.
Así mismo, la persistencia de ciertas élites políticas en los gobiernos locales, el desconocimiento del campesinado como actor político, su despojo y desplazamiento forzado, han propiciado el establecimiento de un orden social rural resistente al cambio; por eso, parte de la solución a la deuda social y política con el país rural, exige más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, para fortalecer las economías campesinas y hacerlas partícipes de las alianzas e iniciativas económicas gubernamentales.
Esta oportunidad no puede perderse, y el gobierno ha hecho esfuerzos para estimular las economías campesinas incluyéndolas en nuevos modelos de desarrollo; sin embargo, el país no está preparado para responder al desafío. Se requiere una mayor institucionalidad que dinamice la transformación de las zonas donde se instalaron los grupos armados ilegales y que se mejore cuanto antes la infraestructura y los servicios públicos.
De persistir la fragilidad institucional, la gobernabilidad de la autoridad civil puede verse sometida a ceder más espacios a quienes llegan a ejercer control ilegal; las comunidades seguirán perdiendo el respeto y la confianza hacia las instituciones legítimas del Estado, porque las promesas de inversiones millonarias no se cumplen, no se cristalizan, no se hacen efectivas.
Sobre el Catatumbo los anuncios en inversión registran compromisos cercanos a los 80 000 millones de pesos para ser ejecutados durante el presente gobierno; esta ejecución exige la mayor celeridad y juicio, porque para recuperar la confianza perdida por el histórico abandono de las regiones, simplemente se requiere cumplirle a las comunidades; en este caso ya deberían estar trasladando las maquinarias para construir las vías terciarias, ya deberían estar instalando y dotando de equipos a los puestos de salud de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú y vecinos. Allí se requieren más acciones y menos discursos.
En este mes de conflicto social en el Catatumbo, no puede repetirse la historia de estar apagando incendios. Sobre las dos orillas se encuentra una Colombia pujante, moderna, urbana, que al ingresar a uno de los túneles sobre la vía a Villavicencio o Girardot-Bogotá, enseña desarrollo y urbanismo que enorgullece; pero al salir del túnel se encuentran obras inconclusas.
Recuperar la confianza implica verdades, cumplimiento, mayor trabajo en las regiones; funcionarios más comprometidos con propiciar el bien común, la mayor importancia para que se desarrolle complementariedad entre lo rural y lo urbano. Son dos conglomerados indisolubles que se necesitan mutuamente, para dar paso a las transformaciones que abrirán el camino hacia un país más equitativo y justo. Hay muchas razones para la esperanza, y ante el lenguaje de las frustraciones, es mejor anteponer el de las ilusiones.
