El señor Gustavo Petro, eventual candidato a la Presidencia de la República por la extrema izquierda, encabezó el pasado domingo las protestas por el regreso de los toros a la plaza de Santamaría de Bogotá.
Debo advertir que nunca en la vida he asistido a una corrida ni pienso hacerlo. Mi hija mayor rechaza ese espectáculo. La menor aún es pequeña, pero estoy seguro de que pronto dirá no al maltrato a los animales.
Pese a lo anterior, debo aclarar también que soy respetuoso de quienes consideran que la tauromaquia representa un legado cultural y un patrimonio social que demanda respeto, o que la actividad taurina constituye un "mercado económico propio, de producción de bienes y servicios, que se configura como un sector económico de primera magnitud" por lo que "es evidente que una norma prohibitiva es un elemento distorsionador y desequilibrante del mercado, que afecta a otros territorios e intereses diversos", tal como se dijo recientemente en España con ocasión de la sentencia constitucional que tumbó la prohibición de toros en Cataluña.
Admito también la idea de que la protección de la cultura taurina es perfectamente constitucional, como resolvió por fin la justicia francesa no hace mucho, y creo, en paralelo a todo lo anterior, que no son las minorías políticas las que deben imponer sus reglas a los demás sino al revés.
Exguerrillero del M-19 y exalcalde de la capital de la República, Petro aprovechó el domingo la confusión desatada por un grupo de desadaptados para hacer política en su favor en medio de las manifestaciones contra las corridas. “Como antitaurino, rechazo la manipulación política de Petro en la marcha y la inaceptable violencia contra los taurinos ejercida por algunos”, escribió el columnista Daniel Samper Ospina, quien antes había dicho que "politiquero y populista se escribe con P de Petro”.
El otrora burgomaestre tuvo el descaro de subir a su cuenta de Twitter
un video en el que un grupito de sus simpatizantes gritaba
“Petro, amigo, el pueblo está contigo”
De hecho, el otrora burgomaestre tuvo el descaro de subir a su cuenta de Twitter un video en el que un grupito de sus simpatizantes gritaba “Petro, amigo, el pueblo está contigo”. Pero fiel a su condición de culebrero, y acompañado por el inefable concejal Hollman Morris, Petro diría después de terminados los disturbios en el centro bogotano que no hizo política con estos y que repudiaba cualquier forma violenta de protesta. ¡Cómo será eso!
Hay que rechazar de plano las protestas violentas máxime si se llevan a cabo contra decisiones de las autoridades competentes, como es el caso de la Corte Constitucional, que en septiembre de 2014 y febrero de 2015 ordenó “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María (sic) como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina” en Bogotá.
Poseedor de una verborragia ofuscante, Petro es el mismo personaje que en diciembre de 2013 puso patas arriba a las instituciones colombianas. Recuérdese que, en ese momento, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó del cargo por las faltas gravísimas en que a finales de 2012 habría incurrido con el sistema de recolección de basuras de Bogotá.
En evidente desafío al fallo del Ministerio Público, y por ende al ordenamiento jurídico colombiano, Petro acudió a toda clase de argucias para no dejarse sacar del puesto. Casi a diario convocó a empleados y contratistas suyos a manifestaciones en la Plaza de Bolívar. Amigos suyos inundaron de tutelas los despachos judiciales en lo que se llamó la “tutelatón”, un truco temerario y destructivo de nuestro sistema de protección de derechos que tiene el efecto de exponer a los ciudadanos a la peor desprotección porque decenas de jueces están ocupados revisando la misma tutela del mismo interesado.
Desafió al entonces procurador Alejandro Ordóñez y lo injurió hasta más no poder. Consiguió que un polémico magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –compañero de pupitre de su abogado Mario Iguarán– dejara sin efecto la destitución de la Procuraduría. Y también se fue para Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y logró que lo consideraran una víctima de las injusticias de la justicia colombiana.
Finalmente, no hubo poder humano que obligara a Petro a cumplir con el fallo del Ministerio Público. La cuestión es bien sencilla: el que no apoye a Petro u ose criticarlo, o es paramilitar o es corrupto o pertenece a alguna mafia. Así de fácil y sin derecho al revire.
Para muestra un botón: ya Petro anunció que denunciará al alcalde Enrique Peñalosa por el delito de calumnia porque, sin mencionarlo, dijo a los periodistas que una persona que aspira a ser presidente de Colombia (Petro) incurrió en “cinismo asombroso” y en “mentiras aterradoras” en el tema del regreso de las corridas a Bogotá.
Y de vuelta a la polémica por la llamada fiesta brava, no sobra hacer hincapié en que aunque no es el espectáculo más recomendable, en el centro de Bogotá han pasado cosas peores que el sacrificio de toros:
Por ejemplo, el 6 de noviembre de 1985 un grupo de guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia y ocasionó la muerte de casi un centenar de personas. Con excepción de varios militares hoy en retiro, como el general Jesús Armando Arias y el coronel Alfonso Plazas Vega, nadie pagó un día de cárcel por esos atroces hechos. En cambio a los asaltantes de la sede judicial se les ha premiado a lo largo de los años con ministerios, gobernaciones, escaños en el Congreso y alcaldías –incluida la de Bogotá, que es el segundo cargo de elección popular más importante del país.
