La Constitución de 1886 abolió los estados independientes que existieron durante la gesta independentista del país para dar paso a la conformación de entidades territoriales regentados por gobernadores nombrados por el Presidente de la República. Estos a partir de su nombramiento se convirtieron en ejecutores de las políticas del gobierno nacional, opción que si bien logró organizar en alguna forma la república, profundizó las diferencias partidarias impidiendo un desarrollo equilibrado de la economía nacional. Cada mandatario nacional se dispuso a gobernar con sus adeptos políticos, desencadenándose una encarnizada rivalidad entre conservadores y liberales, lo que sumergió al país en una larga y encarnizada confrontación bipartidista que se extendió desde finales del siglo XIX hasta casi terminados los años 40 del siglo pasado, período en el que cada partido aprovechó el poder para adueñarse mediante la más cruenta expropiación de miles y miles de hectáreas de tierras de pequeños y medianos productores agrarios. De este modo, se vio favorecido y fortalecido el poder de los viejos latifundistas y de los nuevos terratenientes que obtuvieron tierras amparados en las consecutivas hegemonías partidistas.
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La situación política antes detallada y el lentísimo proceso de industrialización que se operó en el país dieron pie a que bien entrado el siglo XX el ordenamiento socioeconómico hubiese estado soportado en la propiedad de la tierra usurpada a sangre y fuego, procedimiento avasallador que fue avalado por jerarquía eclesiástica que fiel a concepción de que la propiedad de la tierra tiene un origen divino impartía adoctrinamiento de sumisión y obediencia a los ostentadores del poder latifundista (Novela Destinos Cruzados, José Rafael Ballesteros H).
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Antes de ser sancionada la Ley 200 de 1936, el gobierno de Olaya Herrera (1930 - 1934) se había visto obligado a otorgar algunas reivindicaciones a los campesinos que en diferentes partes del país se habían organizado y se negaban a pagar los arriendos y a cumplir las condiciones onerosas a las que eran sometidos por parte de los latifundistas poseedores de las tierras que estos trabajaban. Para apaciguar estas revueltas campesina, Olaya sancionó la Ley 83 de 1931, mediante la cual se otorgaba al campesinado el derecho de constituir a través de las Ligas Campesinas. Estas eran organizaciones gremiales que lograron constituirse en gran parte del territorio nacional, dando comienzo a procesos de invasión de latifundios, como forma de presionar la democratización de la tenencia de tierra en el país.
Estos primeros fermentos de la lucha campesina estuvieron marcadamente conectados con los macabros hechos acaecidos los días 5 y 6 de diciembre de 1928, en la Zona Bananera, cuando un número aún no determinado de trabajadores agrarios de La United Fruit Company (UFC) fueron asesinados en Ciénaga (Magdalena) por tropas del ejército nacional, mientras protestaban en defensa de sus derechos colectivos. Respecto a estos acontecimientos, Mauricio Archila Neira, Ph.D. en historia y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, escribe: “El pliego de peticiones comenzaba con tres puntos que llamaban al cumplimiento de leyes colombianas sobre el seguro colectivo y obligatorio para los trabajadores, accidentes de trabajo y habitaciones higiénicas. Luego se exigía aumento salarial del 50 por ciento, cesación de los comisariatos y de préstamos por vales, pago semanal, contratación colectiva y establecimiento de más hospitales. Aunque sólo se exigía amoldarse a la escasa legislación laboral, la UFC se negó a negociar" (https://www.arcoiris.com.co/2013/12/diciembre-6-de-1928-masacre-de-las-bananeras/).
Bajo la influencia de este panorama socio político, fue promulgada la Ley 200 de 1936 por el gobierno de López Pumarejo; hecho por el cual, este fue calificado de socialista por los conservadores. Esta norma reivindicaba los derechos de los obreros y campesinos. La estrategia agenciada por los terratenientes y acolitada por la jerarquía católica del país oponentes naturales del liberalismo de la época para polarizar el mundillo político nacional hasta el punto de que Eduardo Santos (1938 – 1942), acosado por la sindicación de comunistas que les hicieran la iglesia y la oposición abandonó en su período presidencial la implementación de la Ley 200 de 1936. Más aún, el mismo López Pumarejo en su segunda presidencia (1942 – 1945), la modificó, mediante la promulgación de la Ley 100 de 1944, que echaba por tierra algunos de los logros que en favor del campesinado pobre había preceptuado la Ley 200 de 1936, al prorrogar por quince años más los términos de su aplicación y prohibir a los aparceros y a los campesinos asentados en latifundios el establecimiento de cultivos de tardío rendimiento en las parcelas que estos habían recuperado. Los artículos de la Ley 100 que a continuación se enuncian dan veracidad a las observaciones antes expuestas:
El artículo 5° estableció que en ningún caso se presumirá el derecho del cosechero, aparcero, agregado, arrendatario, etc., a establecer cultivos de tardío rendimiento como café, cacao, plátano, etc., ni mejoras de carácter permanente, distintas de las previstas en el artículo anterior. El derecho a establecer tales cultivos y mejoras debe ser estipulado expresamente en el contrato. Tampoco podrá el cultivador, aparcero, cosechero, etc., retener o decomisar por sí mismo, sin intervención de la autoridad, cualesquiera bienes pertenecientes al propietario o arrendador para cubrirse el valor de crédito alguno. Esta disposición negaba al aparcero o arrendatario de la tierra toda posibilidad de desarrollar una actividad verdaderamente rentable para sostener la manutención de su grupo familiar y por el contrario lo ponía a disposición de la voluntad del latifundista quien con cualquier sindicación espurea podía sacarlo de sus tierras.
El artículo 10 extendió por quince años el término de la prescripción extintiva del dominio o propiedad a que se refiere el artículo 6° de la Ley 200 de 1936, para aquellos predios rurales respecto de los cuales se compruebe que se han celebrado, antes del 1° de enero de 1947, contratos de la especie a que se refiere el artículo 1° de la presente Ley, que cubren por lo menos una tercera parte de la extensión inculta del presente predio.
El artículo 22 estableció que las parcelas tendrían una cabida de 25 a 100 hectáreas; pero estos límites podrán aumentarse o disminuirse en casos especiales, habida consideración de las condiciones del suelo, la naturaleza de los cultivos que se pretenda hacer, los tipos o clases de explotación de la tierra, etc. Este artículo, constituyó otra falencia ya que se limitó a entregar extensiones irrisorias de tierra a los campesinos, en las que este no podía adelantar una explotación verdaderamente rentable y por el contrario dejaba las puertas abiertas a los terratenientes para que mantuvieran sus extensiones territoriales intactas ya que teniendo el poder político siempre podría argumentar la necesidad de más y más tierras para sus actividades productivas y en cambio al campesino pobre le era muy difícil justificar la necesidad de mayores extensiones ya que no contaba con los recursos económicos para su explotación.
Tan nefasta fue la Ley 100 de 1944 para la economía social del país, como lo es hoy día su homónima la Ley 100 de 1993, que ha convertido la seguridad social en la daga maléfica, que desangra la economía nacional y que ignominiosamente conmina en la insalubridad y el bienestar integral de los sectores sociales menos favorecidos. Este revés programático del gobierno de López le granjeó la oposición del campesinado, de los trabajadores y de los sectores populares, hecho que motivó a Laureano Gómez a enfatizar lo términos de su oposición y llegar a la presidencia en el año de 1946 para instaurar un período nefasto de la historia nacional, conocido como "la violencia". Supuestamente para aplacar las insurrecciones populares desatadas a consecuencia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948, porque la historia se ha encargado de verificar que la verdadera connotación de "la violencia" fue la de organizar una arremetida brutal contra el campesinado para expulsarlo a sangre y fuego de las tierras que habían colonizado y no un enfrentamiento entre conservadores y liberales como la gran prensa y los historiadores comprometidos lo han querido mostrar a la opinión pública. En el seno de los millones de campesinos desplazados y sacrificados no solo habían liberales sino también una gran población de campesinos que aún simpatizando con la ideología conservadora se desempeñaban como aparceros y empleados rurales.
Lo anterior es ratificado en el siguiente párrafo tomado de la obra: De electores a bandidos – Característica de la violencia política en Boyacá y Casanare, 1948 – 1953, escrita por Olga Yaneth Acuña Rodríguez: “Los hechos de violencia eran cada vez más espeluznantes, se denunciaban asesinatos, robos, saqueos, incendios y la exigencia de dinero como conmutación por la libertad. En varias localidades de filiación liberal como Sutamarchán, Saboya, Chiquinquirá, Chita, Ráquira, Socotá, Turmeque (El Pueblo, 1948, junio 11) y otras, los liberales fueron conducidos a la alcaldía para que públicamente protestaran por las ideas liberales, estas abjuraciones de su credo político se realizaban en presencia de un crucifijo o de la Biblia, pero si no renunciaban podían ser perseguidos, intimidados y boleteados, además se les obligaba a abandonar y ceder sus propiedades. En poblaciones de filiación liberal como Monguí y Socotá se denunciaron atentados en contra del conservatismo, al respecto el periódico El Demócrata, de filiación conservadora, publicó: “son numerosos los asesinatos, robos, saqueos y persecución implacable; incendios se han registrado algunos hechos en Monguí, Socotá” (El Demócrata, 1948, junio 4, p.3). Lo que deja ver el índice de persecución y violencia, pero no quien la realizaba, teniendo en cuenta la parcialidad de los medios de comunicación”.
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En 1951, asumió la presidencia de la República Roberto Urdaneta Arbeláez, ante la dimisión de Laureano Gómez. Urdaneta Arbeláez, quien heredó de su predecesor la encarnecida violación de los derechos civiles, convino con la cúpula del liberalismo la entrega del movimiento de la Chusma como también se les denominó a la masa campesina alzada en armas en los Llanos Orientales. Fue así como López Pumarejo durante el gobierno conservador de Roberto Urdaneta Arbeláez viajó en diferentes oportunidades a solicitarles a los las huestes bandoleras, alzadas en armas en Los Llanos Orientales que entregaran las armas. Según escribe Franco Isaza en Las Guerrillas del Llano, en una de las reuniones que realizó López Pumarejo con los líderes del movimiento campesino alzado en armas, López, en forma anecdótica los exhortó a esta pretensión: “Una vez tuve una enfermedad sin la cual según mi padre, ningún hombre puede llegar a ser hombre completo…La cosa es que tengo mi mal y comienzan los tratamientos, sin obtener mejoría, remedios médicos y demás. Me voy para Londres y sigue la cosa lo mismo, con lo cual mi preocupación es enorme y el mal embarga toda mi atención. Llego después a Nueva York y envés de ir a la embajada, busco al mejor médico, un yanqui muy inteligente, se enteró de la larga historia, remedios consejos y tratamientos y al fin me dijo: No se haga nada, despreocúpese. Olvide la dolencia, me alenté y aquí estoy. Vea Franco, el remedio tan sencillo. Medite un instante, quizá el viejo zorro nos quería dar el remedio para ese terrible mal que era la rebelión. El Olvido”.
Finalmente, la barbarie conservadora agenciada por Urdaneta Arbeláez, quien había heredado de su predecesor la encarnecida violación de los derechos civiles hizo que un sector del ejército nacional liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla, lo derrocara el 13 de junio de 1953 para instaurar una dictadura militar de corte populista posibilitadora. Esta tuvo algunos logros importantes para la nación, entre los que se pueden resaltar el fortalecimiento del estado, con fundamento en la doctrina social de la Iglesia católica y en el ideario del libertador Simón Bolívar, como forma de cohesionar las fuerzas cívicas del pueblo colombiano.
En su empeño por pacificar al país, Rojas Pinilla concedió en 1954 una amnistía a los reclusos encarcelados por actos de terrorismo en el régimen conservador de Gómez y respondió a las reivindicaciones de los campesinos alzados en los Llanos su reivindicación de Reforma Agraria con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia,
En relación con estos acontecimientos Eugenio Gómez Martínez escribió en un artículo de La Revista Credencial Historia, titulado La guerrilla liberal: “Una vez llevada a cabo la llamada pacificación de Rojas Pinilla, los guerrilleros de los Llanos fueron amnistiados, al igual que quienes se alzaron en Antioquia y el Tolima. (También había habido resistencia armada en Boyacá, el antiguo Caldas, Cundinamarca, los Santanderes y el Valle del Cauca). De todas maneras, la violencia significó, para quienes profundizaron en el problema, el desajuste de las instituciones fundamentales, la trasformación de las reglas en cuanto a la tenencia de la tierra y una emigración de los campos hacia las ciudades que el Estado todavía hoy no ha podido enfrentar con eficiencia. Si la población urbana en 1938, cuando finalizó la administración de Alfonso López Pumarejo, era del 31%, en 1964, ocho años después de instaurado el sistema del Frente Nacional, era del 52%.
Bueno es recordar aquí que una vez escuchadas las promesas del Jefe Supremo en el sentido de brindar “Paz, Justicia y Libertad”, fueron los guerrilleros liberales quienes le pidieron perdón por los crímenes que pudieran haber cometido desde el Bogotazo; además le solicitaron incorporar a la economía nacional esas regiones donde habían combatido y conceder a los que huyeron de la persecución oficial, la seguridad de que no serían objeto de represalias (http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2006/guerrilla.htm).
Las medidas tomadas por Rojas Pinilla tuvieron toda la oposición de la jerarquía liberal conservadoras, que veían en estas una forma de granjearse el apoyo popular, ante lo cual comenzaron un proceso de reorganización que terminó en la conformación del Frente Nacional, propuesta política que fue respaldada por un sector del ejército, que al ver la intención de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder, lograron derrocarlo el 10 de mayo de 1957, mediante la participación comprometida de parte de la cúpula del ejército nacional, que nombro una Junta Militar, la cual convoco a las elecciones en que fue elegido presidente de la república Alberto lleras Camargo, como primer gobernante del Frente Nacional.
Muy a pesar de las propuestas ofrecidas por el gobierno Militar de Rojas, un sector importante de los grupos insurgentes que habían sido organizados por la jerarquía liberal para ejercer oposición armada a las guarniciones Chulavitas del gobierno de Ospina y que habían sido abandonadas a su suerte al materializarse el contubernio liberal conservador del Frente Nacional, siguieron reclamando garantías civiles y políticas para las mayorías nacionales, reivindicaciones entre las cuales se encontraba la democratización de la tenencia de la tierra; razón por la cual se convirtieron en objetivo militar del ejército frente nacionalista, sindicados de bandoleros de irrecuperable inserción a la vida social, cuando las consignas que esgrimían estos grupos insurgentes, seguían siendo las mismas ideas que con ánimo populista les vendió el “liberalismo revolucionario”. Estos reductos de rebeldes con el correr del tiempo radicalizaron su posición política, constituyéndose finalmente en el germen para la conformación de las FARC.
