El latifundio constituyó en la América hispánica una institución cuyas raíces tuvieron arraigo en el oscurantismo feudal del medioevo, que en nuestro continente floreció fortalecido en la creencia religiosa que otorgaba a la esclavitud la condición necesaria para la sanación y salvación espiritual de negros y mestizos.
En nuestros días, el latifundio permanece como una institución de muy baja productividad que parasita y esclaviza a trabajadores rurales a quienes no se les reconocen sus prestaciones legales y que al mismo tiempo, evade los compromisos fiscales a que están sometidas las empresas formalmente constituidas, privando al país de los recursos que se requieren para posibilitar el bienestar general.
El primer punto pactado en el marco del acuerdo final por la paz, entre el Gobierno Nacional y Las Farc, es el acuerdo “reforma rural integral” política que buscará la transformación estructural del campo, a partir de la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, con el fin último de erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos ciudadanos. Como lo consagra el texto del acuerdo, esta transformación según el mismo gobierno nacional, permitirá reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio nacional.
El texto del acuerdo de la reforma rural integral pactada contempla: “Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formulación, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.”
Sin lugar a dudas este direccionamiento político resulta ser un lineamiento que apunta a democratizar la tenencia de la tierra, como paso primordial para el logro de una mayor y más democrática participación del productor rural y como factor vigorizante de los procesos productivos agrarios que posibiliten una oferta de bienes alimentarios y de insumos para la industria nacional, vía expedita para que el país logre concretar su soberanía alimentaria e industrial; hoy por hoy deteriorada en razón de la desacertada orientación productiva del país.
Este direccionamiento político orientado a fortalecer la participación democrática del productor rural, claro está, no podía ser del agrado de los magnates de la economía nacional que derivan su poderío adquisitivo de la explotación indebida de la tierra y del usufructo del erario público. En consecuencia, ante la posibilidad de un proceso orientado a lograr la democratización de la tenencia de la tierra, su posición ha sido la misma posición que los latifundistas nacionales opusieron a las posiciones políticas esgrimidas por el liberalismo, en el segundo decenio del siglo pasado durante el gobierno de Marco Fidel Suarez, cuando a causa de las afugias económicas generadas por la Primera Guerra Mundial (1914 – 1919), el país buscaba salidas al problema de la producción de insumos para el consumo alimentario y para soportar la naciente industria nacional.
Según lo escrito por Darío Mesa en su libro El Problema Agrario en Colombia, para esa época un teórico de la joven burguesía bogotana Alejandro López de filiación Liberal versado en la economía inglesa de la época, cuando el liberalismo nacional optaba por una posición “revolucionaria”, escribía: "Creo conveniente anticiparme a una objeción que veo venir; como podrían faltar tierras al deseo de cultivarlas cuando si algo sobra en Colombia es tierra y monte? Y más adelante expresaba López, para dar sustento a su propuesta programática: “Campo alguno como este sería tan fecundo para dar pábulo al anhelo de independencia individual, por medio de disposiciones legales y de métodos económicos que hiciesen fácil la repartición de las tierras, facilitando la labor del campesino terrateniente y creando una holgada clase media que sería, como en todo país civilizado, la columna vertebral de la sociedad, nervio de la paz y de la estabilidad”.
Como puede verse, la posición del liberalismo de la época estaba orientada a fortalecer el crecimiento de un sector social independiente que pudiera contrarrestar la magnificente capacidad de manejo político que tenía la aristocracia conservadora a comienzos del siglo XX. Por tanto esgrimían artificiosamente postulados ingleses, aunque ellos en el fondo sabían que no podían hundir hasta el fondo el acelerador social, lo cual la historia se encargó de ratificarlo, cuando más tarde el supuesto liberalismo revolucionario echó por la borda los compromisos con las clases populares del país, dejando al garete el MRL para unirse con el conservatismo alrededor del Frente Nacional. Por su parte, los grandes potentados de la tierra, ayer como hoy hostiles al repartimiento democrático de la tierra productiva, por cuanto su ideología de ostentación está basada en la creencia de que el derecho a la genuina posesión de la tierra, tiene una eminentemente connotación bíblica; tal y como reclaman su supremacía racial los grupos xenofóbicos en hogaños tiempos. La historia de los intentos por democratizar la tenencia de la tierra en el país es larga y seguramente lo seguirá siendo, como lo indican los apuntes historiográficos que a continuación resaltaremos.
La Ley 74 de 1926 o Ley de Agricultura, promulgada por el Gobierno presidencial de Abadía Méndez que atribuyó a la tierra una función social y no solo autorizó al gobierno para expropiar tierras no cultivadas, si no que ordenó ofrecer anualmente a la colonización no menos de 100.000 Hectáreas de tierras fiscales en pequeños lotes y previo estudio agronómico,
La promulgación de la ley 200 de 1936, ha sido quizá el intento más digno de resaltar en relación con el querer nacional de democratizar la tenencia de la tierra en el país, propósito abanderado por López Pumarejo en su periodo presidencial de 1934-1938; para lo cual constituyó una Comisión que se encargaría de entronizar las reformas profundas que requería la economía nacional. En dicha junta participó Jorge Eliecer Gaitán como representante de La Junta General de Vocales de la Oficina del trabajo, quien desde La Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR; esgrimió la tesis central del agrarismo colombiano. Esta Comisión, presentó un proyecto legislativo que dio vida a la ley 200 de 1936, mediante la cual se pretendía a la clase trabajadora y al campesinado un tratamiento transcendental como soporte del desarrollo económico nacional.
Entre los alcances de la Ley 200 de 1936, podemos mencionar: la inclusión de normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de los arrendatarios y colonos sobre las tierras de los patronos y el mejoramiento de las condiciones laborales para los jornaleros. En esta ley quedó muy bien definido el concepto de tierras baldías e inexplotadas, pero igualmente en ella se contempló, pese al tiempo en que fue promulgada, algunos aspectos concernientes a la defensa del medio ambiente en el país. Tal orientación futurista se observa plasmada en el Artículo 10 que a la letra dispone: “El gobierno procederá a señalar las zonas dentro de las cuales deben conservarse y repoblarse los bosques ya sea en baldíos o en propiedad particular con el fin de conservar o aumentar el caudal de las aguas.”
Las mejoras legales que el país entronizó en el gobierno de López Pumarejo tuvieron mucha similitud con las orientaciones políticas orientadas en el pensamiento económico inglés, que prevalecieron a nivel mundial hasta antes de la Primera Guerra mundial y a la luz de las mismas se impulsó en los Estados Unidos, donde debido a las grandes extensiones de tierra allá existentes, mediante una ley gubernamental se estableció la política de Tierra Libre, legislación que se conoció como Ley de Heredades, la cual fue aprobada en 1862 mientras estaba en su apogeo la Guerra Civil. Este acto legislativo, reconoció una granja de 85 hectáreas de tierra a cada familia de colonos o jefe de familia que tuviera 21 años y fuera ciudadano de Estados Unidos o estuviera por convertirse en ciudadano, con sólo vivir durante cinco años en un pedazo de tierra pública. Esta Ley hizo posible la conformación del modelo de pequeñas granjas familiares aún predominante en los E. U. permitiendo la conformación de una sociedad de granjeros independientes, cual permitió la consolidación de una democracia sólida.
la Ley 200 de 1936, que viéndolo bien parecía más una copia de la legislación estadounidense, daba prioridad de adjudicación a los padres de familia que se propusieran habitar y trabajar personalmente la parcela, fue sometida al escarnio por la oposición conservadora acolitada por la Iglesia, a tal punto que Laureano Gómez invocando falacias de teólogos escolásticos, tildo a López de comunista porque estaba propulsando en el país la concepción política de la Revolución Rusa de 1917 que puso fin a la monarquía rusa y llevó a la formación de un estado socialista. Estos argumentos de la oposición, impidieron que las iniciativas del gobierno de López Pumarejo, se llevaran a feliz término y sus beneficios se extendieran a los campesinos, ya que la misma dirección liberal asustada por las sindicaciones comunistiodes del conservatismo dejo solo a López en su empeño por democratizar la propiedad rural del país. Esto se vio patentizado en ostracismo en que el gobierno liberal de Eduardo Santos (1938 - 1942), mantuvo la Ley 200 de 1936.
En el criterio de Doctor Gerardo Molina, esta reforma debió ser "el comienzo de la revolución agro-industrial, porque tenía en su favor muchos elementos para realizarse si el liberalismo se hubiera decidido." En efecto, como lo asevera El Doctor Gerardo Molina, la Ley 200 de 1936 hubiese deparado al país grandes posibilidades de desarrollo, si el Liberalismo hubiese asumido con verdadero espíritu de patria su defensa e implementación, pero la postura del “Liberalismo Revolucionario” durante el periodo presidencial de Eduardo Santos (1938 – 1942) la ley fue abandonada, y lo que es peor el mismo Alfonso López en su segunda presidencia (1942 – 1945), derogó esta ley, promulgando la Ley 100 de 1944, de la cual trataremos en la segunda parte de este ensayo, lo cual le granjeó la oposición del campesinado, de los trabajadores y de los sectores populares, hecho que motivo a Laureano Gómez a enfatizar lo términos de su oposición lo cual instó a sus seguidores impostados en el ejército a propiciar el Secuestro del Presidente López en la madrugada del 10 de julio de 1944, mientras se encontraba en la ciudad de Pasto. Finalmente la pérdida de credibilidad popular del gobierno de López Pumarejo, favoreció la llegada de Laureano Gómez a la presidencia de la república en el año de 1946.
Estos hechos históricos nos dejan ver con claridad que los falsos positivos y los atentados que en la actualidad utilizan los politiqueros del país para debilitar a sus oponentes no son en ninguna manera nuevos, sino viejas artimañas heredadas de tiempos feudales, con los que se pretende lastrar la imposición económica de los sectores populares.
