La expansión del COVID-19 y la amenaza creciente que vive el mundo entero desde hace algunas semanas ha motivado reflexiones diversas. Es cierto que en lo corrido de este siglo la humanidad ha enfrentado otras pandemias, pero también hay que decirlo, todas ellas nos parecieron distantes y hasta ajenas. En esta época de comunicación virtual y redes sociales proliferan los mapas y gráficos interactivos, en los que se actualiza a cada momento, de manera macabra, el incremento de los nuevos infectados y de las víctimas mortales del temible virus, país por país.
En medio de tanta confusión e incertidumbre sobre la dimensión real de esta calamidad, ha quedado claro cómo la prontitud y el acierto en la respuesta a la aparición del virus ha sido fundamental. De un lado están los casos de China, Corea, Japón, Taiwán y Singapur, cuyos gobiernos adoptaron las medidas adecuadas y oportunas para enfrentar la crisis, con lo cual se logró contener el avance del virus y revertir su tendencia inicial. Estas medidas fueron el cierre de fronteras terrestres y aéreas, la cuarentena, la aplicación de pruebas masivas para detectar el virus y el aislamiento de las personas afectadas. Pero sobretodo, los gobiernos asumieron la defensa de la salud y la vida de sus habitantes como objetivo prioritario, por encima de cualquier otra consideración, y desplegaron a fondo todo el sistema estatal para responder a la emergencia sanitaria.
Por el otro lado, está el caso de Italia y España, en los cuales no se tomaron las medidas drásticas a tiempo, por lo que la situación sigue todavía fuera de control, con visos catastróficos. Punto aparte son los países en donde predominan gobiernos de extrema derecha, como Estados Unidos e Inglaterra, que desde el principio menospreciaron la crisis, trataron de utilizarla para sus intereses particulares y privilegiaron el interés de los grandes grupos económicos, aunque después, ante la evidencia de los hechos, debieron modificar su postura.
Sin embargo, más allá de la respuesta inmediata o tardía a la pandemia, hay otro asunto de fondo. Se trata del impacto de casi cuatro décadas de políticas neoliberales en el mundo entero y de su reforzamiento después de la crisis económica global que estalló en el 2008. Políticas como el favorecimiento a la inversión privada y al gran capital han propiciado en todos lados la arremetida contra los derechos de los trabajadores, conquistados en duras batallas durante siglo y medio.
A su turno, en los países de menor desarrollo, la puesta en práctica de estas medidas, en especial la quiebra de los sectores productivos y el desempleo consecuente, ha incentivado notoriamente la movilidad geográfica de los trabajadores, en condiciones sociales y laborales cada vez más precarias. El contingente laboral femenino ha sido especialmente afectado por esta situación.
El ajuste fiscal y la reducción de la inversión pública y social en beneficio de los dueños de las finanzas ha sido el eje de la estrategia neoliberal. El deterioro de las condiciones sociales y la privatización y desmonte de la provisión de servicios básicos para la población, entre ellos la salud pública y la seguridad social, ha sido notorio. En reciente artículo, el médico y sociólogo catalán Vicenç Navarro explica cómo gobiernos sucesivos en Estados Unidos, en especial los republicanos y el actual mandatario, fueron desmantelando la salud pública y las medidas de protección social. Lo mismo sucedió en España con el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero en particular con el del Partido Popular de Rajoy, y en Italia con el de Matteo Salvini, de la Liga Norte, quien gobernó al país por dos años, hasta hace pocos meses.
Un punto muy importante del desmonte del Estado de bienestar es la llamada flexibilización de los contratos laborales, que ha provocado la pérdida de la seguridad social de buena parte de los trabajadores, en la medida en que los costos en salud son cada vez más altos. De esta manera, al igual que en el caso de la informalidad, durante esta crisis sanitaria muchas personas, aún contaminadas o enfermas, se han visto forzadas a seguir trabajando.
Otro asunto clave tiene que ver con el desarrollo y acceso a los medicamentos en el mundo. Desde 1995, cuando en pleno auge de la globalización neoliberal se conformó la Organización Mundial del Comercio, OMC, uno de los puntos cruciales de controversia ha sido el alcance de la norma de propiedad intelectual aplicada a los medicamentos y procedimientos terapéuticos, una norma diseñada para proteger los derechos de los inversionistas. Amparada en dicha norma, la poderosa industria farmacéutica impone todo tipo de restricciones al acceso a los medicamentos y procedimientos y unos precios cada vez más elevados. Al mismo tiempo, le da prioridad a la investigación de lo que les genere ganancias. La prevención y cura de epidemias y pandemias, en especial las que afectan a los más pobres, no despierta su interés.
Frente al panorama global de la catástrofe sanitaria, puede entenderse la gravedad de la situación que vive Colombia en el momento. Como en casi todos los campos, el Presidente Duque ha mostrado un comportamiento errático e irresponsable. Se negó a adoptar a tiempo las medidas para enfrentar la crisis que emprendieron los países asiáticos. Empezó por ordenar el cierre de la frontera con Venezuela, cuando allí todavía no había infectados, mientras que mantuvo abierto el ingreso de viajeros de los países de Europa, de donde vino el virus.
El gobierno ha insistido en priorizar los intereses de los grandes empresarios y de los banqueros, como lo muestran su empeño en mantener abiertos hasta muy tarde los aeropuertos al tráfico internacional y nacional, sin los controles mínimos requeridos. En el marco de la declaratoria de la emergencia económica, anunció algunas medidas paliativas, limitadas y de difícil implementación para atender a los sectores más pobres. En el país, la mayoría de los trabajadores se mueve en la informalidad, por lo que para ellos el encierro requerido para salvar su vida atenta contra su supervivencia económica y la de sus familias.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que desde antes de esta emergencia el sistema de salud en Colombia estaba colapsado, como consecuencia de más de 25 años de prevalencia de la Ley 100 y de los grandes negociados de empresas del sector privado. A pesar de la aprobación de la Ley Estatutaria de Salud en el 2015, el acceso a este servicio no es un derecho sino sigue siendo un negocio.
Diversas organizaciones médicas, académicas y científicas, periodistas y políticos, mandatarios locales y la sociedad en general le vienen exigiendo al Gobierno Nacional, cada vez con mayor contundencia, que adopte las medidas necesarias para frenar el avance de la crisis y reducir su impacto en la población. La salud y la vida de miles de personas está en peligro y se imponen decisiones de fondo.
Responder a esta crisis en forma adecuada posible es la prioridad del momento. Se impone tomar las siguientes medidas:
- Reforzar las medidas de aislamiento social para prevenir el contagio. Es cierto que ya se impuso la cuarentena en todo el país, pero falta todavía tomar decisiones en cuanto a la realización masiva de la prueba para detectar el virus.
- Destinar importantes recursos financieros para fortalecer la red pública hospitalaria, en especial las unidades de cuidados intensivos.
- Apoyar con medidas concretas a los sectores de la población que se ven afectados por el encierro y por la crisis misma: los trabajadores informales y formales que se han visto obligados a dejar de trabajar. La alcaldesa de Bogotá ha tomado algunas medidas, pero todavía son insuficientes.
Sin la menor duda, presionar al Gobierno Nacional para que responda a las exigencias de la crisis es la prioridad del momento. Debe ser el objetivo de la unidad nacional ahora. Al igual que en situaciones límite, se requiere superar el individualismo inherente a la visión neoliberal, para potenciar todo el poder de la solidaridad y del espíritu comunitario.
