Han pasado ya varios meses desde de que miles y miles de estudiantes saltaron a las calles con el noble propósito de hacerle frente a una nefasta política educativa que no garantiza el cumplimiento de este derecho a las y los jóvenes colombianos, y que ha sumergido a las instituciones de educación superior en una profunda crisis frente a su papel transformador de la sociedad y de orden presupuestal. La calidad, la investigación, la democracia y el bienestar no son sino palabras vacías en los claustros universitarios en los que ya no solo impera la idea de que la educación es una mercancía, sino también de que la enseñanza tiene una clara tendencia de instrumentalización hacia el mercado.
El acuerdo logrado el 14 de diciembre de 2018 representó y sigue representando un hecho histórico en tanto las luchas que a lo largo de la historia de las movilizaciones reivindica una de sus principales exigencias que ha sido el de mayor presupuesto para la educación superior. Si bien lo conseguido no soluciona en lo absoluto los problemas estructurales que han provocado una desfinanciación de las IES públicas, sí representó y sigue representando recursos muy importantes que permitirían una significativa mejora en el funcionamiento y la inversión en las IES. La proyecciones hechas en materia de aumento de base presupuestal es de 600 mil millones de pesos para lo cual el gobierno deberá destinar 1.3 billones de pesos adicionales en funcionamiento durante el periodo de cuatro años; así mismo el saneamiento de pasivos se haría con la destinación de 500 mil millones en un periodo de tres años; estos recursos fueron, después de muchas discusiones, asignados a las universidades en lo que corresponde a la vigencia 2019 y es papel del movimiento estudiantil universitario establecer un grado de disputa que permita destinar estos recursos al fortalecimiento de la calidad en cada IES.
Sin embargo, en lo que corresponde a los saldos apropiados y no comprometidos el compromiso por medio del acuerdo fue el de destinar por el 20% de estos recursos hasta 300 mil millones de pesos por año, en la última sesión de la mesa de diálogo el ministerio de hacienda informa que no es posible destinar esta cantidad para este año y que solo es posible destinar 78 mil millones, es decir, 222 mil millones menos de los acordado, sembrando muchas dudas sobre las vigencias de 2020, 2021 y 2022 y por tanto un duro golpe al funcionamiento e inversión que esperamos mejorase producto del ingreso de estos recursos.
Sumado a esto, los avances en materia de derechos humanos son precarios, frente a los casos presentados acerca de abusos policiales, el control de la protesta y las infiltraciones no se da ninguna muestra de voluntad de avanzar en soluciones definitivas, nuestro papel es seguir insistiendo en la no criminalización de la protesta y el desmonte inmediato del Esmad.
Ante lo anterior podemos sacar algunas conclusiones: por un lado, este gobierno, así como los anteriores, sigue un modus operandi y es el de incumplir con lo pactado con los sectores sociales que reclaman sus derechos, así ha sucedido con el movimiento campesino, indígena, sindicatos; también podemos afirmar que dicho incumplimiento obedece a una lógica de desnaturalización de la financiación de las instituciones públicas, el plan puesto en marcha obedece a una profunda desfinanciación y fortalecimiento del sector financiero en la educación superior que traslade la responsabilidad de dar cumplimiento a este derecho a las familias en una lógica de endeudamiento.
El campo de la confrontación ha cambiado y desgraciadamente el movimiento estudiantil no le ha hecho frente al nuevo escenario, hemos pasado de maximalismos de la movilización de detenernos a pensar un poco en los resultados, que son incompletos e insuficientes estamos de acuerdo, pero son resultados que cambiaron el escenario de la disputa sin contar con una respuesta inmediata ni contundente de parte nuestra. No solo debemos alertarnos por el incumplimiento del acuerdo, sino por lo que en materia estructural hoy nos queda por disputarnos en la mesa de diálogo, dado que el gobierno de Iván Duque intentara introducir una contrarreforma que profundice el modelo neoliberal, un aumento de cobertura con poca inversión y deterioro de la calidad y dignidad educativa a través de la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30, y en ese mismo sentido sentar todas las bases para profundizar la lógica de financiación a través de créditos educativos basados en la ley de financiación contingente al ingreso lo cual se buscará formalizar y reglamentar en la reforma al Icetex.
Siendo así, la perspectiva del movimiento estudiantil debe ser clara, mantener la iniciativa de movilización, una movilización constante, diversificada y progresiva que vuelva a poner el debate de la educación en la opinión pública sobre la base de los incumplimientos del gobierno, pedir la renuncia de la ministra de educación por su negligencia y que exista una verdadera voluntad para fortalecer la educación superior. Sin embargo, creo que se debemos ser más precisos en cuanto a la lógica unitaria del movimiento estudiantil que se consolidó en el paro del 2018, una lógica amplia que permita la construcción y discusión de todas las posiciones, opiniones y propuestas, la perspectiva debe estar encaminada en mantener la coordinación nacional del movimiento estudiantil sobre la base de una agenda coordinada de movilización en el plano nacional, pero al mismo tiempo ubicar con los recursos conseguidos y ya girados a las universidades las disputas con las administraciones de cada IES para que dichos recursos sean gastados e invertidos en el mejoramiento de la calidad de las instituciones.
Podemos afirmar que asistimos un momento determinante en la continuidad de la lucha estudiantil y es que precisamente ésta debe consistir en ubicar el escenario de la disputa en este momento, sigue siendo la calle, pero también está en la elaboración política y técnica de nuestras propuestas, la construcción programática que se iniciará, recogiendo los avances construidos en anteriores procesos será de gran ayuda, pero no podemos no hacer nada en este momento, defender la mesa de diálogo, exigir el cumplimiento de lo pactado permitirá demostrar una vez más que la movilización social consciente será la que nos permita conquistar nuestros derechos.
Las diferencias expuestas después de la firma del acuerdo no pueden nublar el horizonte táctico y estratégico de esta lucha. La unidad es el único camino para todos los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. Salir unidos y alegres a las calles nuevamente este 25 de junio debe ser nuestra urgente e inmediata tarea y unificar nuestra perspectiva y conquistar un nuevo modelo educativo, nuestra tarea importante, todo sin vacilaciones y convencidos de que unidos somos más fuertes. Este 25 nos vemos todas y todos en las calles.
