El 5 de junio de 2013 fue el día en que algunas de las teorías de conspiración más descabelladas se tornaron realidad, cuando los paranoicos supieron a ciencia cierta y con evidencias irrefutables que tenían la razón. Ese día sentimos que la ficción de Orwell plasmada en 1984 podría ser dolorosamente superada por la realidad. Hace un año confirmamos que el miedo y la falta de control llevan fácilmente al abuso del poder y que el gran peligro que acecha a las democracias no es el terrorismo sino el autoritarismo que justifica la violación permanente de los derechos humanos en la búsqueda de una supuesta seguridad nacional. Hace un año, un hombre, Edward Snowden, debió salir en busca del exilio luego de servir al mundo con la más fantástica y cruel verdad: la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos —NSA— desarrollaba desde hace años la mayor operación de vigilancia masiva jamás imaginada comprometiendo la privacidad de miles de millones de usuarios de Internet. Con el tiempo y a medida que Glenn Greenwald publicaba sus reportes en The Guardian, fuimos enterándonos que la NSA no solo había violado la privacidad de ciudadanos estadounidenses y extranjeros sino que algunos gobiernos también estaban bajo vigilancia, incluido el colombiano.
Posteriores revelaciones nos indicaron como durante los últimos cinco años fuimos el tercer país más espiado en la región. Para pocos fue una sorpresa la débil respuesta de Colombia que envió a Washington una simple nota diplomática que expresaba un ligero malestar y pedía explicación. Al poco tiempo del escándalo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitó Colombia y durante su conferencia de prensa fue claro que el incidente había sido superado. Colombia aceptó que la NSA había actuado siguiendo los acuerdos de cooperación y la lucha mutua contra la guerrilla y el narcotráfico. El tema solo fue abordado de forma marginal durante la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y Kerry en la cual el gobierno colombiano aceptó que estas actividades fueron hechas de acuerdo con nuestra constitución y siguiendo el marco legal.
En Colombia tenemos nuestro propio historial de problemas relacionado con excesos de los organismos de inteligencia. En 2009 se reveló el escándalo conocido como "las chuzadas del DAS", cuando ese organismo interceptó ilegalmente las comunicaciones de periodistas, políticos, jueces y ONG en hechos que aún permanecen en la oscuridad y que terminaron en la desaparición de la entidad, aunque hay reportes de exfuncionarios que pasaron a la nueva Agencia de Seguridad y otros que trabajan por su cuenta.
En 2013, apareció Puma, la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis de comunicaciones para investigaciones criminales, parte de la implementación de la Ley de inteligencia. Se prendieron las alarmas ante el anuncio de compras millonarias en equipos de última generación para interceptación de comunicaciones, no solo telefónicas sino también de correos electrónicos y mensajes privados en redes sociales. Con esta noticia y la falta de información sobre el tema se hizo evidente lo poco que sabíamos sobre el nuevo marco institucional de la inteligencia y la vigilancia estatal. Pero nada sucedió. El silencio se extendió nuevamente sobre el tema.
En febrero de 2014 un nuevo escándalo expuso la fachada de una operación de inteligencia militar denominada "Andrómeda". Su objetivo principal: periodistas, opositores políticos, el gobierno y los negociadores del proceso de paz con la guerrilla en La Habana. Luego de algunas declaraciones contradictorias el presidente Santos anunció una revisión del marco jurídico de la Inteligencia sin embargo, pocos días después el discurso cambió a anunciar un mejoramiento de la ciberdefensa del Estado por parte del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Se creó a una comisión nacional de expertos con la participación de MinDefensa y MinTic. A ellos se unieron luego expertos internacionales de los gobiernos de Canadá, EE. UU., Reino Unido, Israel y España; organizaciones multilaterales como OEA; la Interpol e incluso la empresa privada.
La semana pasada en un foro abierto en la Universidad de Los Andes se discutió el marco que se está diseñando para la ciberseguridad en el país. El tema de la inteligencia solo fue protagonista al final cuando Hanni Fakhoury representante de la Electronic Frontier Foundation, recordó a un auditorio lleno de militares y expertos en seguridad que la razón de ésta no es otra que la defensa de sus ciudadanos. Que existen principios internacionales como la necesidad y la proporcionalidad que deben ser tenidos en cuenta para garantizar el derecho a la privacidad, al anonimato y a la libertad de expresión y que esto es un tema que interesa a todos.
En el año 1 DS lo único claro es que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de los ciudadanos que también habitamos el ciberespacio.
@mapisaro
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