En oficio remitido a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Director de la Autoridad de Licencias Ambientales –ANLA–, reconoce la existencia de posibles hechos de corrupción que se estarían presentando alrededor de la solicitud de licencia ambiental que tramita ante esa entidad la multinacional Minesa, para la extracción minera en las inmediaciones del ecosistema del Páramo de Santurbán.
En respuesta a esta comunicación, la secretaría de la Presidencia acuerda una reunión, en fecha por definir, para conocer en detalle los hechos. Los cuestionamientos que surgen a continuación para los funcionarios son si, en cumplimiento de sus deberes como servidores públicos, dieron cuenta de la existencia de esas eventuales anomalías y configuración de delitos a los organismos de control competentes o si solo se limitaron a comentarlo en una reunión: ¿a cuáles hechos concretos se refiere el Director de la ANLA y quiénes son los responsables involucrados?, ¿qué tipo de medidas se han adoptado al respecto?, ¿quiénes más fueron invitados a esta reunión y qué registro se tiene de la misma?
Esta sombra de corrupción sobre el pretendido proyecto se suma a las polémicas declaraciones del presidente de la compañía minera, Santiago Ángel Urdinola, conocidas en días pasados, en las que quedan al descubierto las estrategias de engaño y encubrimiento para distorsionar la realidad ante quienes tomarán la decisión en Bogotá. Así mismo, deja en evidencia los hilos de poder y de presión que se están moviendo a todo nivel para autorizar un proyecto de graves, irreparables e irreversibles daños y amenazas para la preservación del agua como fuente de vida, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
