En 2019 el Proceso Social de Garantías a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Antioquia sostuvo una reunión con todos los aspirantes a la Gobernación de Antioquia para firmar un pacto a favor de los derechos humanos, sin embargo, el único candidato (en ese entonces) que se negó a firmar el acuerdo fue Aníbal Gaviria.
Pasó el tiempo y ante la situación que vive el departamento de Antioquia, esta organización dice que observa con preocupación la nula atención ante difíciles situaciones que se vienen presentando en la región.
Según cifras de OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), en 2020 ocurrieron 397 eventos de violencia armada contra la población.
Ahora, en 2021 van 695 acciones violentas dentro de las cuales se encuentran: 13 masacres, 11 desplazamientos masivos, el asesinato de 21 líderes sociales antioqueños.
“Es una situación donde la presencia y consolidación de grupos paramilitares sigue avanzando sin que la Gobernación de Antioquia realice acciones contundentes y reales para mitigar estas situaciones. Además de eso, seguimos evidenciando como no se les ofrecen las garantías a los líderes que se han venido desplazando. Un dato es que el único candidato (en ese entonces) que se negó a firmar un pacto por los derechos humanos fue Aníbal Gaviria, y posteriormente quedó en la Gobernación”.
“Esto nos genera preocupación por su real compromiso por los derechos humanos. Hacemos un llamado al gobernador y al estado en su conjunto para que se hagan acciones contundentes como la firma de los acuerdos de paz, la estrategia de la política pública para el desmantelamiento de los grupos paramilitares y una voluntad real por parte de esos dirigentes”, advierte Óscar Yesid Zapata, del proceso social de garantías a defensores y defensoras de DD.HH. en Antioquia.
Adicionalmente, menciona que la Alcaldía de Rionegro y la Gobernación estigmatizan a quienes protestan en el municipio.
En el marco de la protesta social en las movilizaciones no hay un compromiso del gobierno y hay una responsabilidad del alcalde de Medellín, la Fuerza Pública, la Policía Nacional y el gobernador de Antioquia en la violencia acaecida durante las jornadas de protesta contra los manifestantes.
Dentro de las cuestiones que se le endilgan a Gaviria hay hechos que han sacudido a la opinión pública antioqueña: la venta de las acciones de UNE-EPM, participación en el caso de Hidroituango, permitir que las fotomultas pasen a manos de un privado ya que solo el 10 % se va a lo público, afectados por el desarrollo en la obra de Naranjal (la obra que solo sirvió para un proyecto privado que expropió a sus habitantes), actores armados para desalojar a sus habitantes y poder construir el puente Madre Laura así como ocurrió también con el Tranvía de Ayacucho, el tema de los nexos con alias el cebollero en La Mayorista, el pacto del fusil que ocurrió durante su paso por la Alcaldía y lo que pareciera menos grave y por lo que estuvo preso: presuntos hechos de corrupción en la construcción de la Troncal de la Paz.
Actualmente viene planificando la agenda decenal 2020-2030, ¿y si durante una década atrás pasó todo, con qué perlitas saldrá ahora?
