De esta manera lo dio a conocer la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) a través de un comunicado dirigido al Ministerio de Salud, donde expresan su preocupación en el desabastecimiento desde el pasado mes de junio de los medicamentos cisatracurio y fentanilo, que al corto tiempo afectó el suministro de midazolam, propofol, remifentanilo, entre otros.
Los gremios médicos alertaron que a pesar de que el Invima declaró estos medicamentos como vitales no disponibles y que se han realizado esfuerzos por parte de la industria por importar de manera priorizada estos insumos, se vislumbra para los próximos dos meses un grave desequilibrio que amenaza la atención de los pacientes en cuidados intensivos en un momento epidemiológico vulnerable para el país.
Según el Dr. Mauricio Vasco, presidente de la SCARE, este desabastecimiento que se da por la atención de pacientes en UCI que sean o no confirmados con COVID-19.
“La no disponibilidad de los insumos vitales afecta la realización de cualquier tipo de procedimientos y cirugías, el manejo de pacientes que requieren cuidados paliativos, pacientes oncológicos, manejo del dolor agudo y crónico de diferentes enfermedades. Además, son medicamentos usados para la atención de pacientes psiquiátricos o con trastornos de ansiedad que se han vuelto tan frecuentes en medio de la pandemia”, afirmó el especialista.
Por lo anterior, las sociedades médicas solicitaron al gobierno nacional liderar con los titulares de la industria farmacéutica un plan ambicioso y expedito para la consecución, importación y ulterior distribución equitativa y proporcional de estos medicamentos en el territorio nacional, además de acelerar los procesos administrativos, logísticos, técnicos y económicos para comenzar la producción este año de los medicamentos monopolio del estado como la morfina, hidromorfona y metadona.
De igual manera, hicieron un llamado para que se realice un control de la demanda promoviendo la vigilancia de la situación epidemiológica en todo el país, que de ser necesario movilice a las direcciones territoriales a la limitación de la realización de cirugía no prioritarias, en el caso que la situación particular de desabastecimiento de medicamentos ponga en riesgo la atención de pacientes críticos con diagnóstico o sospecha de COVID-19 o la realización de procedimientos y cirugías urgentes.
