Aún a riesgo de escandalizar a algunos de ustedes, no me puede inquietar calificar la última semana de fracaso, de ausencia total de autoridad por parte del gobierno central y no hace falta ir muy lejos para saber por qué.
No hay duda alguna de que el Gobierno y su mayoría se ha adentrado ya en una fase crítica, que es muy compleja y difícil de entender y de explicar; es difícil imaginar cómo van a funcionar en la práctica los mecanismos de una Jurisdicción Especial para la Paz, la puesta en marcha de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y cómo se va a financiar ese proceso en el futuro. En el momento en que disminuyen paulatinamente los recursos asignados, el nivel de deuda publica prospera, crece la presión pública y en la población progresa el sentimiento de desconfianza en los partidos tradicionales, las instituciones de gobierno y se atenúa la plena adhesión de los ciudadanos a la idea de una paz estable y duradera.
Las continuas discrepancias sobre la interpretación y puesta en práctica de los acuerdos de paz reflejan la falta de consenso general sobre el futuro de esta justicia transicional, lo que su vez debilita la participación democrática y las instituciones políticas, imprescindibles para el avance de la reforma de la Constitución.
Paz y economía
El gobierno es muy bueno gastando dinero —gastando el dinero de los demás—. A lo largo de los últimos 7 años, se han gastado miles de millones de dólares en nombre de la Paz. El compromiso del Gobierno con el plan de Paz ha comprometido de forma extrema al País con las instituciones financieras multilaterales (como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también los bancos regionales de desarrollo) en préstamos, pólizas y créditos (emisiones de deuda). Si la comparación se extiende a fines de 2010 —cuando sumaba US$ 60.000 millones—, la deuda creció en más de US$60.000 millones: a los que se añaden la dilapidación de una bonanza de petróleo (prosperidad económica) y la venta al encanto de las “joyas preciosas” del país. En tanto, aumentó el peso de los intereses en el gasto público.
La paz empieza a convertirse ya en una hemorragia económica y financiera en toda regla.
En la búsqueda de una solución política al conflicto, de una paz estable y duradera y de los posibles dividendos de la paz, por increíble que parezca, los gobernantes, los representantes políticos y legisladores, los intelectuales y las ONG, los académicos, los empresarios, algunos medios de comunicación y los mandatarios locales y regionales etc. han dilapidado y despilfarrado mucho dinero público en nombre de la paz (transferencia de recursos públicos mediante sobresueldos, sobrecargos en contratos estatales con alcaldías y gobernaciones, o en subsidiar a las ONG o partidos políticos, fraude e incluso, tal vez, corrupción). Por consiguiente, el pueblo soberano – es decir toda la sociedad civil, incluidos los recién nacidos y las personas mayores de 65 años— estarían obligados al pago de dicha deuda con carácter solidario —unos 2.500 dólares cada uno— frente a las instituciones financieras multilaterales, incluidas sus esperanzas. El estado estará obligado, en virtud de la deuda, a adoptar las medidas necesarias, particularmente la aplicación de medidas de austeridad fiscal estricta en los gastos (devastadora), lo que conlleva a aumentar los impuestos y reducir el gasto público.
La reducción del gasto en servicios públicos reflejara el compromiso de reducir los gastos en atención a la salud, educación, agua, gas, construir escuelas y hospitales y otros servicios esenciales. Todo por la búsqueda ficticia de una paz justa y duradera que avanza en la dirección totalmente opuesta y no va a alcanzar ese objetivo ni de lejos.
Paz y víctimas
Muchos nos hacemos estas preguntas, especialmente los millones de refugiados desplazados internamente y las víctimas.
¿Podemos decir que la fase de implementación alcanzada hasta el momento y la fase posconflicto lograrán un nuevo campo colombiano, una reforma rural integral, una participación política y una apertura democrática para construir la paz, y la solución al problema de las drogas ilícitas? —No podemos decir por ahora de qué manera se llevará esto a cabo—.
¿Podemos afirmar que la conclusión de un acuerdo sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz con arreglo al Derecho internacional satisface los derechos de las víctimas y su reparación integral? —No resulta fácil responder a esta pregunta, porque en muchos aspectos el Gobierno no ha cumplido sus propios compromisos en el contexto del acuerdo y las promesas que contrajo con la víctimas—.
Estamos seguros de que la Jurisdicción Especial para la Paz, y la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, ¿estará a la altura de su compromiso político adquirido y de las expectativas de las víctimas y podrá reclamar su respeto y confianza? No quisiera desanimar ni decepcionar a nadie, pero desde luego habrá que esperar algunos años más para verla.
¿Estamos seguros de que en la consecución de estos acuerdos se pone a las víctimas en su centro y se establece como prioridades la verdad, la justicia sin impunidad, la reparación verdadera de los daños sufridos y la no repetición? —No hay datos oficiales pero lo cierto es que son muchos los que dirán que no es cierto—.
¿Estamos seguros de que la construcción de la paz traerá consigo un esfuerzo decidido de lucha contra la desigualdad y la pobreza, que incluya soluciones justas para las personas y comunidades desplazadas de sus tierras, acceso al trabajo digno y reconocimiento de derechos laborales y sociales en toda Colombia, y que se está dando un apoyo especial a determinados colectivos que han sufrido desproporcionadamente el conflicto, como el afrocolombiano y el indígena? —Es todavía imposible responder a esa pregunta—.
¿Estamos seguros de que la exclusión de toda amnistía o indulto para los delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos está en línea con lo que disponen el Derecho internacional penal y humanitario y los instrumentos y normas internacionales de aplicación en el ámbito de los derechos humanos? —Habrá muchos que se levantarán y dirán no—.
Las dudas son aún muchas sobre la eficacia y los beneficios potenciales de estos acuerdos tan detallados que corren el riesgo de prolongarse en el tiempo y de llegar a resultados contradictorios, sin olvidar los elevados costes que han significado, y sus efectos en términos de carga administrativa para los participantes, también elevados. Gracias
