Antes de que el Tribunal de Arbitramento fallara, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se adelantó a dar como un hecho que los colombianos pagarían los $ 1.2 billones de la deuda adquirida con los bancos Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas, la mayoría del Grupo Aval, por Odebrecht y su socio Corficolombiana —también del Grupo Aval— para la construcción de la Ruta del Sol II. Quien lidera este argumento es el abogado Andrés Flórez, a través de su firma Flórez & Asociados Asesores Jurídicos, quien fue contratado por Santiago Castro, presidente de Asobancaria, gremio en el que los bancos tienen peso.
Andrés Flórez, abogado de la Javeriana con maestría en Leyes de Cornell, Alberto Carrasquilla y Lía Heenan eran los socios de Konfigura, empresa que estructuró la ley1176 de 2007, dando origen a los polémicos Bonos de Agua, con los que se endeudaron 117 municipios y al final, ahogados por la millonaria deuda, tuvieron que ser rescatados por el Gobierno Nacional y Findeter.
Flórez también fue socio de la firma de abogados Esguerra entre 2007 y 2015, de donde se retiró para ser Jefe de la Misión Adjunta en la Embajada de Colombia en los Estados Unidos hasta diciembre de 2016. Regresó al país y fundó su firma Flórez & Asociados Asesores Jurídicos. Durante el primer ministerio de Hacienda de Alberto Carrasquilla en el gobierno Uribe fue director de Regulación Financiera del minhacienda y pasó luego a la presidencia de Fogafín. En este billonario pleito juega un rol clave por su cercanía con el ministro Carrasquilla.
