Voté sí por la paz, creo en la reconciliación y considero que Andrés Felipe Arias la embarró con Agro Ingreso Seguro y, también, que no se robó un centavo. Que es desproporcionada la pena que tiene que pagar en estas tierras de Morenos, magistrados y senadores afines al billete fácil que, con certeza, estarán libres en pocos años disfrutando de sus “ahorros”. La justicia debe corregir la asimetría.
Somos el país de las exageraciones, de los exabruptos. Por la gente que muere violentamente, por los magistrados que roban, por la impunidad rampante, por las asimetrías de la justicia.
En Colombia es posible que, en pocos días de noviembre del 85, mueran por las balas y los incendios de las violentas toma y retoma del Palacio de Justicia magistrados que sí honraban la Corte Suprema, 25 000 personas pierdan sus vidas aplastadas por la avalancha de Armero y se elija señorita Colombia en Cartagena.
Es solo un ejemplo, al que podrían añadirse otros exabruptos de la violencia de un HH que admite que, con gente a su mando, es responsable del asesinato de 3000 colombianos, cifra superior a la de los muertos de las torres gemelas el 11 de septiembre. Bojayá, Machuca, los falsos positivos, club el Nogal, Alfredo Correa de Andreis, familia Turbay Cotes, Uribe Noguera, son, como dicen ahora, solo algunos tags que evocan muertes violentas de personas indefensas, decididas porque a alguien, asesino material o intelectual de cualquier trinchera ideológica, le dio la gana.
Colombia es el país de la impunidad, de magistrados de la Corte Suprema
con oficina de peajes que cobraban por engavetar procesos
contra senadores aliados de la corrupción o del paramilitarismo
Colombia es el país de la impunidad, de los magistrados de la Corte Suprema con oficina de peajes que cobraban por engavetar procesos contra senadores aliados bien de la corrupción tipo Odebrecht o del paramilitarismo y alguno con una esposa autoproclamada la primera dama de la justicia.
Cierto que en todo el mundo hay corrupción. Sin embargo, difícil que se nos supere en impunidad si tenemos en mente que ahora somos, según el Banco Mundial, un país de ingreso medio alto, es decir, dotado, supuestamente, de una institucionalidad mas o menos seria.
Exabrupta la forma en que nos alineamos frente a los casos de la justicia según los lentes que se tengan puestos. En lo mas grave, los asesinatos, no valen las víctimas de los adversarios políticos porque son despreciables. En el manejo de los recursos públicos, algún senador hoy detenido, se defiende de cargos de corrupción alegando que, simplemente, realizaba gestión a favor de su región.
La política en la justicia juega un papel, aunque no somos los únicos. El caso del militar francés de origen judío Dreyfus, de finales del siglo XIX en Francia, que polarizó a nacionalistas antisemitas y judíos y que culminó con el inocente en la guandoca y el culpable aclamado por monárquicos y nacionalistas. O, recientemente, el del bárbaro de O.J. Simpson, que asesinó a su exesposa Nicole y un amigo suyo, y resultaba políticamente incorrecto condenarlo… aunque Simpson mismo, por robo a mano armada, terminó preso después.
Otra arista en el paisaje colombiano: la magnitud de las penas en función del delito. Lord Jeffrey Archer, novelista, barón, político, terminó cuatro años en la cárcel en Inglaterra, en 2001, como cualquiera, por perjurio, por mentir. Ni hablemos, entonces, de las penas, las reales, en Colombia.
Se me ocurre comparar el tema del tamaño de las penas trayendo a colación el cuento de las emisiones de los vehículos en Colombia. Cuando mis hijos mayores eran niños llamaban a los buses y camiones que, en cada emprimerada botaban la bocanada de humo oscuro por el exosto, “pedos negros”. 25 años después de creado el Minambiente, la impunidad al respecto es absoluta. Buses públicos y privados, los modernísimos transmilenios, escupen veneno sin problema. Ay del conductor que, por ejemplo en Alemania, conduzca un vehículo con la décima parte de carga contaminante…
Los delitos exabruptos son, en Colombia, como los “pedos negros”. Hediondos, oscuros, letales, desmoralizantes, amparados en impunidad. Alguna justicia, con enormes retrasos y dosis fuertes de indulgencia, se imparte. Sin embargo, en ese contexto de amplias relatividades, es desproporcionado el caso de Andrés Felipe Arias. Por doble partida: por la alta pena, por un lado y por la politización del caso, por otro. Unos que lo ven como mártir y algunos adversarios felices de ver sangre del chivo expiatorio. Exabrupto de lado y lado.
Por supuesto que los responsables del manejo de los recursos públicos en el programa de Agro Ingreso Seguro, que culminaron en manos de familias con gran billete mediante procedimientos de fraccionamiento para pasar por pequeños campesinos, merecen ser castigados. Sin embargo, en tierra de los tremendos “pedos negros”, Arias, pese a su responsabilidad en el caso, no se robó un centavo. Y en tierra de la magnitud de rateros públicos y privados con los que contamos, eso cuenta.
Sería incomprensible ver, digamos en 2022, al exvicefiscal anticorrupción Moreno con algún líder paramilitar, en compañía de un senador exconvicto y, por qué no, con alguno de las Farc, en alguna cena de reconciliación, mientras Arias permanece recluido hasta el 2034.
La justicia colombiana, parodiando al hoy comisionado de paz, es dinámica. Que se invente la forma de equilibrar las cargas y le quite al país el peso de semejante asimetría.
