Sí, a Andrés Felipe Arias lo están llevado con la doble, pero no con la doble instancia, sino con la hipócrita y doble moral de que su caso ya fue fallado y hace parte de la horrorosa cosa juzgada de este país, no obstante el anterior principio estar consagrado en pactos y tratados internacionales, bloque de constitucionalidad y carta magna.
En mi opinión, la Corte Suprema de Justicia en actitud pérfida, desafiante, llena de ego y arrogancia, presumiendo ser el sumun de la sabiduría jurídica y la justicia, se niega a aceptarlo. De una parte se ampara en la carta política, que no la contempla para el juzgamiento en los asuntos de su competencia en única instancia, dejando un boquete de ilegalidad que debe ser corregido; no solo por vulnerarse en el caso particular de Arias y muchos otros, sino también por desconocer de manera flagrante y grave los pactos internacionales que sobre esta materia ha suscrito el Estado colombiano, como los contemplados en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que incluyen la doble instancia como parte del debido proceso, estando obligado a cumplirlos.
Sin embargo, en un esguince poco claro, una finta de esgrima, situación que debe ser corregida, se estableció que los altos funcionarios, entre los que está el presidente y sus ministros, serían juzgados por delitos comunes en una única instancia, sin posibilidad de apelación, contrariando gravemente el derecho internacional y la concepción de la mayoría de Estados de derecho libertarios y democráticos.
Además, resulta bien molesto e inequitativo a la opinión pública como se pregona, casi cacarea, a alto volumen, por la antigua prensa y medios “mermelados” del régimen anterior, la garantía de la segunda instancia que le será concedida a Jesús Santrich en caso de ser hallado responsable del envío de una gran cantidad de cocaína a los EE.UU.; a diferencia de Andrés Felipe Arias, a quien se le niega, y sobre quien cada vez estoy más convencido de que fue víctima de un fallo viscoso y asqueante, una canallada e infamia judicial.
Siempre se demostró que el programa Agro Ingreso Seguro no fue creado para favorecer a los campesinos más pobres, fue elaborado y aprobado por el Congreso con el objetivo de preparar a los agricultores colombianos, grandes y pequeños, para los Tratados de Libre Comercio que vendrían. Eso en la práctica significaba apoyar a los grandes empresarios, ya que en el mundo globalizado la única forma de competir es a través de agroindustria, pues el minifundio no tiene chance.
Según Semana: “En términos generales el programa Agro Ingreso Seguro funcionó. Los goles del escándalo no representaron ni siquiera el 3,5 por ciento del total de los recursos invertidos. Y aun en esos casos está probado que sí se invirtió para el riego de los cultivos. El otro 96,5 por ciento cumplió con los objetivos trazados. El programa benefició a 316.000 familias campesinas, la mayoría de bajos recursos, y alcanzó a impactar cultivos en más de 1 millón de hectáreas”. Es decir, el exministro no se apropió de un solo peso, pero con una artera jugada jurídica se habló de peculado en favor de terceros, algo gaseoso e imposible de probar, como efectivamente sucedió, siendo condenado por interpretaciones sesgadas y malevolentes de los fieros mastines.
Por otra parte, los créditos eran asignados por el ICA, así que en cuanto a la celebración indebida de contratos, la práctica y costumbre era que en este caso no se exigía licitación pública tal como lo habían hecho todos sus antecesores en el cargo, sin excepción. Entonces, ¿dónde está el horrible delito?, ¿la gravosa y desalmada conducta criminal que merecía semejante pena?, ¿el peligroso criminal? Mientras a Arias se le destruye su vida con una pena exagerada, falta de ponderación, razonabilidad y proporcionalidad, desprovista de humanismo y del principio de la duda y la presunción de inocencia, a los farianos se les trata y presenta como unos buenos muchachos que estaban jugando a ser socialistas y que realizaron solo unas cuantas “pilatunas” inocentes, como traficar grandes cantidades de droga, secuestrar, torturar, extorsionar, asesinar y atentar contra la población civil. A ellos se les perdona e indulta, premiándolos además con curules en el Congreso, y se les felicita por su heroicidad en la defensa de su ideal justiciero.
Una justicia politizada es peor que cualquier dictadura, es la entrega de la independencia de los poderes públicos, es la muerte de la democracia, del Estado de derecho, una tiranía legalizada por un gobierno omnipotente y perverso como el anterior. ¿Tiene moral y credibilidad nuestra Corte, víctima de escándalos y corrupción a su interior, para haber proferido un fallo como este? ¿Tenía pruebas de peso y consistencia para condenar? ¡No creo! A mi parecer solo hay conjeturas y elucubraciones prejuiciosas.
Jamás podrá compararse a Santrich con Arias, por eso la pregunta es: ¿a quién queréis?, ¿a Santrich o a Arias? Por último, debe reformarse la Constitución en este sentido, no para beneficiar a Arias, sino para obedecer los pactos y tratados internacionales suscritos, a la par de estar conforme a estándares modernos de garantismo y civilidad judicial, no importa que haya que revisar cientos de casos fallados, eso es lo de menos. Aquí el principio pro homine y de dignidad humana son prevalentes.
