Andrés Barbosa, uno más de los miles de repartidores que entran y salen de la empresa, resolvió un día resolvió decir ¡No más! Era la tercera vez que se enfrentaba a un fraude a su cuenta que le implicaba pagar cientos de pesos. No estaba solo con su rabia. A Jaime* se le habían esfumado sus ahorros tras tres meses de incapacidad por un accidente en el trabajo y como ellos empezaron a aparecer más de un insatisfecho. Además de quejarse internamente elevaron sus denuncias a la Superintendencia de Industria y a los ministerios del Trabajo y al de las TICs, pero nadie les dio una solución.
Con 26 años, Barbosa llegó a Bogotá desde Viotá en Cundinamarca, hace diez años. Quería ser ingeniero industrial y para lograrlo empezó a trabajar desde el segundo semestre pero la pandemia lo dejó sin empleo y lo llevó a entrar a las filas del ejército de 35 mil domiciliarios que tiene Rappi en Colombia.
Foto: Andrés Barbosa como Rappitendero
Inició la ruta que sigue cualquiera que quiera ser repartidor de la ya mega compañía liderada por Simón Borrero. Primer paso, comprar la dotación: la maleta ($130 mil), el impermeable ($30.000), la gorra ($12.000), las botas ($25.000), plan de Internet por un mes ($50.000) y asegurar una buena moto cuyo mantenimiento cuesta $20.000 mensuales. Y luego esperar los domicilios que les reportan $2.000 y $5.000 por pedido.
La aplicación no funciona tan bien como la presentan. Barbosa se quedó sin el ingreso de $230 mil de un cliente al que le entregó su pedido y en otra ocasión la empresa le quitó $460 mil por unos pedidos que supuestamente no entregó, cuando el restaurante confirmó que él no era el domiciliario y el cliente se retractó sobre su queja. Sin embargo no le retornaron el dinero. El abuso lo irritó. Barbosa como todos los domiciliarios no tienen relación laboral con Rappi, razón por la cual cualquier queja queda en el vacío.
Decidieron entonces empezar a actuar por su cuenta e ir más allá de Rappi. Barbosa creó el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales con el que salieron a las calles el 15 de agosto de 2020, logrando reunir según ellos, unas 3000 personas en Bogotá. Estructuraron un pliego buscando formalizar las relaciones laborales que les asegure algún nivel de protección y se lo presentaron al Ministerio de Trabajo y a Rappi para empezar alguna negociación. Los directivos no los atendieron.
Foto: Cortesía Unidapp
Foto: Cortesía Unidapp
Barbosa decidió no quedarse quieto, pero además empezó a recibir llamadas de apoyo pidiéndole incluso asesoría desde Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Montería. Empezó un trabajo de divulgación de derechos laborales de acuerdo a la legislación colombiana, una tarea que no le resultaba ajena por su experiencia juvenil en organizaciones sociales como la Coordinadora Latinoamérica de Organizaciones Campesinas. El congresista del Partido Verde Mauricio Toro, quien ha tomado en serio la causa de las relaciones laborales de los colaboradores con las distintas plataformas; al igual que universidades como el Rosario, La Javeriana, Los Andes y la Autónoma de Medellín mostraron su interés en el tema laboral que esta en juego.
Y dieron un paso adelante. El 8 de octubre constituyeron el sindicato Unión de Trabajadores de Plataformas (UnidApp), una aplicación para unirse a la que podrá accederse incluso por PlayStore. Ya se han unido 97 personas y con los primeros 25 nombraron junta directiva nacional presidida por Barbosa, la venezolana Carolina Hevia fue nombrada secretaria general y Sergio Solano, vicepresidente. Vendrá después el proceso de organización local en las distintas ciudades del país. Para esto encontraron como aliados principales a Viva La Ciudadanía, el Centro de Solidaridad Internacional y Defends, que brindan apoyo económico y legal.
La dinámica de afiliación a UnidApp será virtual, contarán con asesoría jurídica y la cuota para sostener la aplicación y poder participar será de $2 mil mensuales. La Central Unitaria de Trabajadores –CUT- ya aceptó el nuevo sindicato. Son ocho las peticiones con las que comienza la puja con Simón Posada y los propietarios de esta compañía que ya dejó de ser colombiana y está avaluada en USD 3.000 millones.
Piden qué se les reconozca la existencia de un contrato laboral; unificar las tarifas de los domicilios; medir las rutas para evitar que se recorran distancias extensas sin que se justifique la remuneración; suspender los retiros injustificada; ajustar los protocolos de seguridad de la plataforma para evitar la corrupción interna; instalar baños públicos en lugares establecidos fijos a los que los domiciliarios puedan acceder y finalmente protección a quienes decidan formar parte del sindicato.
Ya son 97 los afiliados, cuyos reclamos empiezan a tener eco –y posiblemente en los 9 países a donde la aplicación se ha extendido- porque es de público conocimiento que las condiciones de trabajo y la inestabilidad de los miles de repartidores deja mucho que desear. Son decenas de muchachos con sus bicicletas y su dotación anaranjada cada vez más deteriorada, a la espera de un pedido, en aceras, calles y parques de las ciudades, ocupando un espacio público del que se aprovechan los dueños de Rappi para su lucrativo negocio, uno de los pocos ganadores con la pandemia.
Este es uno de los videos con los que Unidapp, Viva La Ciudadanía, el Centro de Solidaridad Internacional y Defends intentan visibilizar su situación:
