Los resultados socioeconómicos del ejercicio del poder, a nivel municipal, departamental y nacional, son desastrosos. No hay voluntad política ni responsabilidad social de los gobernantes para ejercer la función pública para beneficiar a todos los ciudadanos. Por el contrario, lo que prospera y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza y la desigualdad.
De acuerdo con el discurso de campaña de cada gobernante toda la problemática socioeconómica y de seguridad, que agobia la precaria condición humana de las mayorías nacionales, será resuelta. Sin embargo, en los tantos años de ejercicio de poder estas suelen crecer y agudizarse. La pobreza y la miseria, el desempleo y la informalidad, la inseguridad y la violencia de todos los orígenes, las finanzas públicas y la inversión social son más precarias, mientras que la criminalidad, la impunidad y la corrupción se generaliza.
La corrupción y la anarquía institucional se catapultaron en los últimos dieciséis años, y tal como se percibe del actual gobierno nada bueno se puede esperar. El desgobierno es galopante en lo municipal, departamental y nacional, sin contar con que la corrupción y la impunidad se tornaron incontenibles y siguen siendo una grave amenaza socioeconómica.
Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, el declive ético y moral del poder en Colombia alcanzará niveles de anarquía total.
Encuestas e investigaciones señalan que empresarios-contratistas precisan que para acceder a contratación pública tenían y tienen que pagar coima. Resultados: en 2008, el 54%; en 2010, el 56% ; en 2014, el 62%, y en 2015, el 94%.
Por su parte, los órganos de control concluyen que por corrupción en Colombia se pierden más de $50 billones anuales. Por ejemplo, en la refinería de Cartagena pudieron robarse más de $13 billones, según Contraloría General, pero el pérfido ministro de Hacienda de la época señala como responsable al subcontratista, la Chicago Bridge and Iron (CB&I). Hay muchos casos similares.
Además, recordemos que el presidente J. M. Santos aseguró que el “pecado” con Reficar “fue iniciar ese proyecto sin haberlo planeado bien”, sin estudios y diseños, y añade: “Se pensaba que iba a costar US$ 3.000 o US$ 4.000 millones, y resultó costando US$ 8.000 millones. Pero [ojo con el pero] no es que ese dinero se lo hayan robado [qué cinismo], porque hoy está la refinería funcionando muy bien [mentiras] y le está aportando al país”, precisó. (El Tiempo 03-05-2.016).
Eso mismo se evidencia con las concesiones viales 4G en toda Colombia. Las contrataron sin diseños previos y sin presupuesto real, para que luego cobren como en Reficar. Similar a los supuestos intercambiadores viales, el estadio y otros en Neiva. El responsable es el poder.
Hay anarquía total en el poder público, y con el nuevo gobierno seguirá deteriorándose como consecuencia de los evidentes sesgos inocultables en la conformación del equipo de gobierno, favorable a la concentración de la riqueza, por encima del interés general.
Los órganos de control, el gobierno, los políticos (politiqueros) y burócratas de carrera conocen las causas y en consecuencia deben buscar solución. Solución sí hay. Saben que la contratación pública es el ponqué de los corruptos, funcionarios y particulares, saben que hay funcionarios y contratistas corruptos y corruptores, pero prefieren ignorar el hecho por conveniencia.
Los órganos de control parecen ser fortines de la politiquería y el clientelismo, manejados al antojo del populismo corrupto en el poder, por eso no hay solución.
El poder lo deben ejercer los mejores y no los más maleables, perversos, incapaces y mediocres. Ahí está la dificultad. ¿Por qué Carrasquilla, Claudia Ortíz, Pacho Santos, Alejandro Ordóñez, etc.? Por eso nadie debe hacerse ilusiones. El engaño sigue.
