Una mujer kankuama, Ana Manuela Ochoa, es la secretaria técnica indígena de la Mesa Permanente de Concertación, el espacio donde los gobiernos nacional e indígena logran acuerdos reflejados en leyes e incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno presentó al Congreso la semana pasada. Ana, desde que ocupó el cargo a principios de 2013, cuenta con un equipo de cuatro mujeres. No es que no confíe en los hombres, dice con una sonrisa, pero este trabajo requiere demasiado orden. Para Ana, los indígenas no construyen, sino tejen. Enlazan un tema con otro con puntadas ancestrales para lograr procesos de largo aliento, y eso requiere precisión y paciencia. Y lo que se teje siempre es para el equilibrio, nunca para dañar, ni a la gente ni a la naturaleza. Por eso, Ana no se opone a que se construyan puentes o se hagan carreteras en el país, siempre que el enfoque sea el de tejer: para que los niños no se ahoguen al ir a la escuela porque no hay puente para atravesar el río. O para que la gente no se accidente en los abismos de las carreteras rústicas en las montañas de Colombia. Pero otros, dice Ana, están pensando en las carreteras para extraer la minería y sacar otros recursos naturales. Y ese el enfoque que nos tiene muy distantes de la paz.
Se trata de tejer acuerdos y procesos que incidan en las políticas públicas y capaces de mejorar las condiciones de vida de los indígenas en Colombia. El trabajo es metódico y silencioso. Empieza por cosas muy pequeñas: que las actas queden bien escritas, que la voz de todos esté en ellas, que la información de la mesa llegue a todas las organizaciones indígenas y permanezca ordenada. Y en ese trabajo de entrelazar el mundo indígena con el de las políticas públicas y las leyes, la secretaría técnica indígena de la mesa ha producido videos para la gente y programas de radio. Un video realizado que relata la situación de los pueblos del Orinoco, de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los Chimilas fue el primer acto de la sesión que dio apertura a la consulta del Plan Nacional de Desarrollo.
Así es como Ana Manuela le hace seguimiento a los más de mil acuerdos desde que nació la Mesa Permanente de Concertación. Fue en 1996. Cincuenta indígenas de distintos pueblos se tomaron el Episcopado y solo salieron 43 días después, con la firma del decreto el espacio donde las organizaciones del gobierno se sientan frente a frente con el gobierno nacional para articular políticas y posiciones.
Por la época en que nació la Mesa, Ana acababa de llegar de Chemesquemena, arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, a orillas del Guatapurí que amanece más frío los días soleados, cuando el corazón del río, que es la nevada misma, se derrite un poco. Cuenta que cuando aun era una niña Las Farc reunieron a la comunidad para explicarle el asesinato de Cristina, una gran amiga suya y adolescente aún. “Me acuerdo haberlos cuestionados que si ellos defendían la vida, cómo mataban a alguien, a una persona, a una niña. Me dijeron que así funcionaba la guerra, que era de las cosas que les tocaba hacer”.
Fue la primera vez que intuyó, sin saberlo, su convicción sobre los derechos humanos y la certeza de que trabajaría por los de sus pueblos por el resto de su vida. Entró a la Organización Indígena Kankuama y después estudió derecho en la Universidad de los Andes. “Llegué en un momento en el que había mucha apertura al multiculturalismo, la Universidad me permitió tener mucha gente cercana que me enseñó y que son mis profesores todavía.” Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y desde entonces, siempre para la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, y ahora la Mesa Permanente de Concertación de la que hacen parte otras organizaciones indígenas que hasta 2009 sesionaba muy poco.
Ese año, la Corte Constitucional advirtió que si el gobierno seguía inerte e insensible, muchos de los pueblos indígenas del país se iban a extinguir y para siempre. Por la guerra, porque más de uno tiene los ojos puestos en los recursos que hay en sus territorios y por el abandono. Eso coincidió con que este tribunal borró de un plumazo varias de las leyes del gobierno de Uribe promulgadas sin haberse consultado con los indígenas y los afros, sobre susceptibles de impactar sus formas de vida. Desde entonces, la Mesa sesiona entre siete y ocho veces al año, entre otras, para definir cómo las nuevas intenciones o propuestas legislativas de los occidententales en territorios indígenas, se conversan con las comunidades en territorio para al final cerrar los acuerdos en la Mesa y dejar constancia de los desacuerdos.
En 2010, se realizó la primera consulta de un Plan de Desarrollo en la historia de Colombia. De los 96 acuerdos logrados, el primer gobierno de Santos cumplió apenas el 14%. La excusa fue unánime para casi todos los casos: falta de presupuesto. En 2011, se consultó la Ley de víctimas indígena. El resultado es un Decreto Ley que reconoce que no solo las personas son víctimas del conflicto armado, sino las culturas enteras de los pueblos y el territorio mismo: la reparación no puede ser una indemnización, sino todo un conjunto de medidas colectivas que tienen en cuenta los daños a la cultura, a la autonomía y al territorio. En los años siguientes, salieron adelante el Programa para Mujeres Indígenas, una Política de Comunicaciones, y varios Decretos que protegen el territorio y la autonomía indígena.
Puras formulaciones, dice Ana. En la planeación de la consulta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la prioridad se convirtió en buscar acuerdos que condujeran a hacer realidad tantos textos. La secretaría de la Mesa de Concertación estudió cada acuerdo logrado hasta entonces, como cada puntada de un tejido para descubrir los espacios vacíos, los diseños repetidos y sacar hasta la última lección. Fueron los indígenas los que en agosto de 2013, le solicitaron el inicio de la consulta del Plan Nacional de Desarrollo al gobierno, que solo hasta noviembre reaccionó y entonces fue necesario correr. Cada una de las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa llevó la propuesta del plan de Santos a sus regiones y recogió todas las reacciones e ideas indígenas. Por la premura del tiempo y por la diversidad y dispersión de los pueblos en Colombia, la ONIC tuvo que hacer hasta 30 reuniones simultáneas en todo el país.
A principio de este año, llegó el momento de armar una propuestas unificada de los 102 pueblos que hay en Colombia, representados en cinco organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa: la Organización Nacional Indígena de Colombia u ONIC, la de Pueblos Indígenas de la Amazonía u OPIAC, la Confederación Indígena Tairona o CIT, Autoridades Tradicionales de gobierno mayor y AICO por la Pacha Mama. “Nosotros tenemos un papel doble: una concertación interna, entre nosotros, y luego una concertación con el gobierno. Esa concertación interna fue fuerte. Ya después eran un solo equipo. Todos tenían la camiseta indígena. Eso fue muy importante”, recuerda Ana.
La concertación con el gobierno fue tensa. Desde el principio de la consulta, llegó sin la información completa. Luego hubo conflictos por la negativa de comprometer el presupuesto para cumplir los acuerdos y porque los funcionarios que asistían de las distintas entidades no tenían la capacidad de tomar decisiones. Fue necesaria una reunión con Simón Gaviria para reservar entre 8 y 11 billones de pesos del plan plurianual de inversiones para los pueblos indígenas y exigirle a cada entidad determinar con precisión cuál es el presupuesto específico y diferenciado ellos. Un informe realizado por la Contraloría el año pasado había mostrado que reportaban como presupuesto para pueblos indígenas cualquier gasto cultural o inversión que los beneficiara indirectamente.
Desde los bosques y desde las montañas y hasta despuntar el día, indígenas escucharon por la emisora virtual de la ONIC, Dachi Bedea, reproducida por las emisoras locales indígenas, la trasmisión detallada de las ocho largas jornadas de negociación que se llevaban a cabo en el emblemático Centro de Convenciones Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá. El viernes 30 de enero a la una de la mañana firmaron el acta de acuerdo que articula a los ejes del Plan las propuestas indígenas. Además, y a diferencia de hace cuatro años, los compromisos no quedaron en un Anexo, sino en el articulado de la ley y en las bases del Plan, y con mecanismos claros de seguimiento y presupuesto específico.
Hubo tres puntos que el gobierno se negó a poner sobre la Mesa y que hacen parte de las tensiones irresolubles entre ambas culturas: la consulta de la política minera, la de cambio climático y la creación de un protocolo sobre el derecho de los pueblos indígenas a que no se aprueben sin su consentimiento leyes o proyectos que los afecten directamente. “Detrás de todo esto, está el tema del derecho de la libre determinación de los pueblos y la capacidad nuestra de decidir nuestros asuntos. A la larga, no termina siendo otra cosa que ese racismo y esa discriminación que hay de creer que nosotros no somos capaces, que no podemos decidir sobre nuestros destinos. De creer que hay unas personas superiores a nosotros. Eso creo yo que es en gran parte lo que hay detrás de esa negativa a que esos temas se consulten”, explica Ana.
Después de esta maratón, Ana solo piensa en irse a la Sierra a descansar. En ningún lugar en el mundo se siente mejor que allá. En su territorio y cerca de sus mamos y su mamá y su abuela, que siempre han apoyado su dedicación a tejer puentes entre los dos mundos.
