En Colombia cada día las mujeres son víctimas de diferentes tipos de violencia y son más las que alzan su voz y se revelan ante necesidad de cambiar esta realidad. Es claro que no toda violencia fatal hacia la mujer se considera feminicidio, pero hay evidencia de que todo feminicidio sí ha tenido antecedentes de acoso, violencia psicológica, física y sexual. Nada más es ir a las estadísticas y reconocer que en el mundo cada hora mueren 6 mujeres en manos de sus parejas o exparejas sentimentales, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).
Empecemos con la frase que más se escucha sin pelos en la lengua: “Los trapos sucios se lavan en casa”, el lema que ha permitido que por muchos años los problemas domésticos sean completamente ignorados e invisibilizados. En Colombia, hasta hace apenas cuatro años –con la Ley Rosa Elvira Cely– el feminicidio fue reconocido como un tipo penal autónomo, lo que logró que se viera que a las mujeres sí las matan por razones completamente diferentes que a los hombres.
En Colombia, en el año 2018, 2,3 mujeres fueron atacadas cada hora y no solamente eso, sino que de acuerdo con las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, entre enero y octubre de ese mismo año hubo un total de 74.986 casos de violencia intrafamiliar reportados en el país, de los cuales el 84% del total de casos fueron reportados por mujeres. El problema no es únicamente este, sino que las instituciones no ejecutan –y parecen desconocer– las leyes que penalizan el feminicidio, eso genera que los motivos y causas de las muertes sea invisibilizadas, y por ende los casos queden impunes y que las mujeres generen desconfianza a la denuncia, pues sus derechos no se hacen valer.
Hay elementos estructurales y sociales que inciden en la ocurrencia de este fenómeno, la base es el fallido modelo económico que sigue siendo incapaz de vincular a las mujeres de forma productiva ni dándoles trabajo de calidad, incluso siendo ellas la mayor fuerza laboral del país. Esta situación genera un desequilibrio en las relaciones de poder que parece incentivar la violencia doméstica como una herramienta clave de control. Esto se termina presentando en conductas de posesión, subordinación femenina, celos o el miedo de los hombres a ser abandonados.
¿Qué podría hacer el Estado? Su respuesta debería ser la garantía de libertad de violencia para niñas y mujeres. Lo que no obedece únicamente a modificar el “comportamiento individual” sino a transformar los problemas estructurales. A nivel laboral y educativo debería generarse un impacto y cambio notable; es decir, que las mujeres tengan un acceso real al mercado laboral y que el sector educativo incluya a hombres y mujeres en el debate contra la discriminación, contra la subestimación de las mujeres y el desprecio a sus aportes. Esta es la vía a tomar para lograr una sociedad igualitaria y relaciones basadas en el crecimiento y respeto mutuo.
