El país ha avanzado en el reconocimiento a los derechos de la población LGTBI, (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros). Incluso miembros de este grupo poblacional, han accedido en el último lustro a importantes cargos públicos. En 2005, la televisión colombiana sorprendió al contratar al transexual Endry Cardeño, para el papel de Laisa Reyes en la telenovela Los Reyes. Fue un reconocimiento y un impulso de confianza a este grupo en el país que empezaba a rescatar los escenarios que le eran ajenos.
Pero en lo público, fue el alcalde Gustavo Petro, quien otorgó un espacio en su gabinete de gobierno tras nombrar a la transgenerista Tatiana Piñeros en un alto cargo en la Secretaría de Integración, luego de conocer su trabajo profesional como contadora.
Es evidente que dicha condición, la de la identidad sexual, no fue lo que tuvo en cuenta el presidente Juan Manuel Santos al nombrar a Cecilia Álvarez, como su ministra de Transporte y a Gina Parody como su ministra de Educación, quiénes han declarado abiertamente su condición de lesbianas y su noviazgo de hace 5 años. Creemos que el presidente decidió en atención a la capacidad profesional de ambas con excelentes hojas de vida para dichos cargos, que bien lo hubieran podido ejercer millones de colombianos con sólida formación, si en el país existiera o se aplicara la meritocracia y no la dedocracia política del Presidente.
Las dos ministras pareja, han pedido al país que las juzguen únicamente por su trabajo, exigiendo respeto por su privacidad, lo cual es válido y respetable.Lo que se les olvida a las ministras es precisamente eso, que son ministras, y que trabajan con lo público, algo de lo cual el país público no se debería desprender.
Sin ser más papistas que Francisco, o altavoces del pensamiento anti LGTBI del procurador Alejandro Ordóñez, ni más faltaba, y con respeto a los decálogos que protegen a sus miembros, creemos que la discusión no es esa.
El punto es la presunta inhabilidad o no, por los amores entre ambas para el ejercicio de su funciones como ministras al frente de dos de las carteras más importantes y más fuertes del gabinete presidencial. Solo el Ministerio de Educación Nacional está moviendo este año la medio bobadita de 27,276 billones de pesos en tanto el Ministerio del Transporte rondará los casi 15 billones de pesos. Con esas cifras yo creo que a los colombianos sí tiene por qué interesarles en qué andan sus titulares.
El abogado especialista Iván Giraldo Henao, ha dicho que las ministras no tienen inconvenientes para ejercer sus cargos, porque no hay un soporte jurisprudencial en la Constitución que prohíba una relación 'de hecho' no formal frente al Estado, como la que sostienen las ministras. Sin embargo creemos que obviando la condición sexual, la discusión debe centrarse en si es ético o correcto que dos personas pareja ejerzan cargos similares.
Lo anterior por el riesgo que se corre a un posible escenario de connivencia, a la tentación,( y en lo público las tentaciones sí que existen) al tráfico indebido de influencias, al cohecho o al nepotismo, en suma a la corrupción, algo de lo cual debe blindarse la función pública.
El manejo de estas carteras, que al parecer no se tocan en nada, estará ahora más que nunca en el ojo del huracán porque ¿quién quita que haya convenios interinstitucionales que involucren recursos de ambos ministerios?. Eso debió preverlo Santos cuando obvió las repercusiones que pudieran tener o no estos amoríos al interior de su gabinete. Porque otra de las condiciones de la función pública es que no debe anquilosarse sino flexibilizarse en en aras a la transparencia.
