Por muchos siglos las personas en condición de discapacidad (PcD ) en estos países han sido relegadas a un segundo o tercer plano. En América Latina y el Caribe aproximadamente el 12% de la población padece algún tipo de discapacidad; es decir unas 66 millones de personas.
El calvario que padecen las PcD en América Latina son los mismos; una inadecuada arquitectura para ellos; exclusión en salud y tratamientos; discriminación en educación; alto desempleo, subempleo y empleos precarios. En algunos países más de la mitad de la población en condición de discapacidad son indigentes.
Aunque la carga para la salud es diversa según el tipo de discapacidad; los recursos económicos que destinan los países son demasiado tacaños. En Paraguay esas partidas económicas son exiguas. En Venezuela las PcD no pueden salir huyendo de su país tan fácil como miles de sus coterráneos. Varios países para distribuir los auxilios o dádivas a las PcD, los carnetizan; documento que si falta, se convierte en una talanquera; como sucedió a una joven venezolana que nació sin brazos, al impedírsele la compra en dos supermercados en la Intendencia de Maracaibo por no portar el certificado del Conapis, constando su impedimento físico, evidentísimo. Los maltratos han sido constantes en Bolivia, donde las PcD han paralizado literalmente al país andino. Evo Morales ordenó impedir su marcha; en la falsa creencia que decenas de tullidos, paralíticos muchos sin sillas de ruedas, invidentes y con otras discapacidades se fueran a tomar el Palacio Quemado. En Bolivia, se ha generalizado la práctica de la esterilización de PcD sin su consentimiento libre, previo e informado; y su acceso a la justicia es nugatorio, conforme al informe del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, citado por Amnistía Internacional AI. En Colombia viven más de tres millones de PcD, de las cuales 191.152 son víctimas del conflicto armado interno, según las cifras del Registro Único de Víctimas. En Uruguay es nugatorio el derecho fundamental de la educación para las PcD; el 88% de los niños, niñas y jóvenes en discapacidad no concurren a un centro educativo. En Uruguay la discriminación hacia estas personas, se intensifica en la terminología peyorativa que se utiliza para referirse a las PcD.
En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes anotó que las personas con discapacidad son “los más excluidos entre los excluidos”. En México, transcurrió más de un siglo de expedida su Constitución Política, para que en 2009 se contemplara la situación de las personas con discapacidad. En Chile, el 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años, jamás ha recibido atención de salud y rehabilitación en virtud de su discapacidad; y más del 70% de la población discapacitada no tiene un empleo.
Paulatinamente los países latinoamericanos entran en la etapa de inclusión de las PcD; por ejemplo dictando leyes para obligar a los empleadores a su contratación laboral, como en Ecuador y Colombia. Aunque en Argentina rige la Ley 25.689, que obliga a los empleadores a tener en su nómina un 4% de PcD; esa norma no aplica en las 23 provincias, la mayoría de las cuales no han aceptado la invitación a adherirse. En la República Argentina, pareciera que para la TV local y nacional, las PcD no existieran; en varios medios hay ausencia de protagonismo y lengua de señas
Una de las condiciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) espera para permitir el ingreso de Colombia y el Perú a esa Organización, es tener en funcionamiento políticas que permitan crear condiciones favorables para las personas con discapacidad.
El país mejor destacado en este ámbito es Ecuador; Lenín Moreno, es la primera persona con discapacidad en ganar la Presidencia de la República. Su país, fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en adaptar su legislación sobre discapacidad a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, que este año cumple una década de su entrada en vigor.
El olvido hacia estas personas también ha sido de organizaciones internacionales; la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tras sesenta y cuatro años de creada, por primera vez en 2012, incluyó en su estudio Panorama Social, un capítulo destinado a las PcD; la minoría más numerosa del planeta.
