América Latina y su deuda histórica con las minorías sexuales

América Latina y su deuda histórica con las minorías sexuales

Aunque ha habido avances en las reivindicaciones de esta población, aún quedan muchos rezagos por superar

Por: luis eduardo forero medina
marzo 20, 2018
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América Latina y su deuda histórica con las minorías sexuales

Uruguay fue el segundo país de América Latina y el Caribe en expedir la ley de matrimonio igualitario y el primero en permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Argentina, Brasil, Colombia y algunos estados mexicanos reconocen legalmente uniones homosexuales.

En contraposición a esa liberalidad, más de diez países de América Latina y el Caribe castigan la homosexualidad con multas, trabajos forzados, cárcel y cadena perpetua. De hecho, en esta región como en todo el mundo las ofensas contra la comunidad LGBT se trasladaron a los internautas.

Especialistas internacionales consideran que la homofobia y transfobia siguen siendo un obstáculo en la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe. La homofobia calificada de pandemia pareciera que sigue presente en las escuelas, sitios públicos y centros de salud. De la misma manera la homofobia puede ser causal de aislamiento y depresión, desembocando hasta en lesiones autoinfligidas y el suicidio.

Al momento de referirse a las minorías sexuales, algunos presidentes de las naciones americanas no disimulan su odio. Por ejemplo, el expresidente de Ecuador Rafael Correa trata a los LGBTI como “ciudadanos de segunda”; el presidente Evo Morales en un discurso público refiriéndose a su ministra de Salud, Ariana Campero, dijo "no quiero pensar que es lesbiana"; los voceros del partido Colorado que ha gobernado en Paraguay desde 1948 dicen que los homosexuales no son ciudadanos “de bien” y se preguntan “¿cómo podemos ser tolerantes con homosexuales y travestis?"; Maduro a cada rato repite que no quiere convertir a Venezuela en Sodoma y Gomorra. Incluso, el gobierno venezolano el 19 de octubre de 2013 giró 10 mil millones de dólares para que la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) invente “una vacuna contra la mariconería”.

Algunas iglesias evangélicas le echan leña al fuego agregando a su misión la cuota de homofobia: en Ecuador, el pastor Nelson Zavala, se refiere a los gays repetidamente en prédicas impublicables; en Colombia el Pastor Miguel Arrázola los señala de “maricas, mariquitas empolvadas (...) que bien te mereces un par de garnatadas míos y yo tengo uno manes tabluos aquí que yo te puedo hacer la vuelta"; en Chile el Colegio Cristiano Gandarillas de Maipú, comuna en el sector surponiente de Santiago, considera la homosexualidad como una “abominación” que debe ser sancionada con expulsión; y en el país guaraní todavía se expulsan a personas LGBT de sitios públicos o se les retiene por agentes de la policía por hacer demostraciones de su preferencia sexual.

Algunos Estados han dictado leyes en pro de minorías sexuales, otros las siguen incumpliendo y una minoría continúa sin legislar al respecto. En Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú continúa sin imponer una política integral contra la discriminación a las personas LGBTI. En el Perú recientemente el Congreso de la República dejó sin efecto el agravante que contemplaba una mayor pena cuando el delito se comete por “la orientación sexual y la identidad de género” de la víctima. Argentina sigue experimentando discriminación en este tema en al menos 10 de las 23 provincias, en donde rigen Códigos de faltas que criminalizan a la comunidad gay. Ecuador tiene el compromiso internacional de asegurar la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En este país funcionaban clínicas de deshomosexualización, donde se realizaban torturas y violencia psicológica; por lo que de 2012 a 2015 fueron cerradas más de 80. En ese período el Ministerio de Salud estuvo a cargo de Carina Vance, activista pro derechos LGBTI.

En Centroamérica se presentan crímenes de odio, principalmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; y la homosexualidad era delito hace menos de diez años en Nicaragua y Panamá. América Latina y el Caribe (LAC) a nivel global, es el líder de la homofobia; de los 65 países que reportaron entre el uno de enero de 2008 y el 30 de abril de 2016, el 78% de las muertes violentas de personas trans ocurrieron en LAC. En Brasil cada 28 horas la homofobia cobra la vida de una persona; en 2013 fueron 312 víctimas. Desde la caída de la dictadura más larga del Cono Sur, en Paraguay, de 1989 al 2013 fueron asesinadas unas 54 travestis; indican organizaciones transgénero.

Por las muertes de travestis en Argentina, el presidente Mauricio Macri tiene el tema de la lucha contra la violencia de género en el “centro de la agenda”. En la República Bolivariana de Venezuela entre junio 2015 y mayo 2016, hubo 93 crímenes de odio por la orientación sexual. Al Estado Plurinacional de Bolivia todavía no llega el color del arcoíris; del año 2007 al 2017 ocurrieron 64 asesinatos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB). De esos crímenes, la mayoría son “muertes silenciadas”, y por supuesto impunes. De acuerdo a Colombia Diversa, “por lo general, han sido los grupos armados al margen de la ley, como paramilitares y las guerrillas, los mayores perseguidores de los miembros de la comunidad LBTGI”. Se calcula que en los 32 Estados de la federación mexicana, la homofobia causó 400 víctimas fatales entre 1995 y 2005. En Uruguay en 2012, la ONU solicitó al Gobierno realizar "todos los esfuerzos" para aclarar la "ola de crímenes contra transexuales en el país".

Entre tanto en Colombia y Costa Rica las parejas del mismo sexo pueden acceder a la seguridad social integral en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Argentina ocupa el primer lugar en Latinoamérica con un 74% de aceptación de la homosexualidad; en la lista siguen Chile, México y Brasil, de acuerdo a un estudio publicado por PewResearch. Costa Rica y Uruguay de ordinario reciben personas LGBT, huyendo de Centroamérica.

A comienzos de año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dijo que “El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con (...) la Convención Americana de Derechos Humanos”.

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