Quienes defienden la tierra son amenazados y su compromiso por proteger ríos, bosques y otros recursos naturales se ha convertido en un peligro latente para sus vidas. Los asesinatos y amenazas se dan en todo el mundo, aunque en Latinoamérica se han presentado más de la mitad de los crímenes registrados durante el 2018, según el último informe de Global Witness.
Bajo el título ¿Enemigos de Estado?, esta organización internacional presenta un reporte de alrededor de 60 páginas que revela el asesinato de 164 defensores ambientales el año pasado en el mundo, una cantidad que evidencia que por lo menos tres personas perdieron la vida cada semana.
América Latina, una vez más, se ubica como la región con mayor número de ambientalistas asesinados en el mundo. Los crímenes a los defensores de la tierra en el continente sumaron 83 durante el 2018.
“Desde que documentamos los asesinatos a los defensores ambientales de Latinoamérica ha sido siempre la región más peligrosa”, dice Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness, organización que desde el 2012 le da seguimiento a esta situación en el planeta.
En cuanto a las causas detrás de estos asesinatos, los conflictos asociados a la minería siguen ocupando el primer lugar. La agroindustria es la siguiente en la lista, mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar con 17 víctimas, 13 más de las registradas en el 2017.
Este año dos países Latinoamericanos han generado especial preocupación por la situación que enfrentan sus líderes ambientales. El primero de ellos es Colombia, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial —detrás de Filipinas (30 asesinatos)— con 24 crímenes registrados.
Según el reporte de Global Witness, los conflictos por la tierra y la minería aurífera en el Cauca —ubicado en el suroccidente de Colombia— se han intensificado en los últimos años debido al ingreso de paramilitares y bandas criminales a territorios que, antes de la firma del Acuerdo de Paz, eran ocupados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Los defensores ambientales en Colombia estamos tocando intereses que ningún otro sector está tocando, por eso tenemos un mayor riesgo, porque enfrentamos sectores con mucho poder económico”, señala Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA), organización que defiende los territorios y las comunidades afectadas por la construcción de represas y proyectos mineros en Colombia.
Para Zuleta, actualmente existe una mayor arremetida contra los territorios, contra la biodiversidad y contra los bienes de la naturaleza. “Quienes enfrentamos esos megaproyectos no tenemos otra opción sino resistir, porque lo contrario es perecer por contaminación, por desplazamiento o por lo que estamos sufriendo ante el riesgo permanente del colapso de la presa”, agrega la activista colombiana que ha liderado la lucha contra la construcción de la represa Hidroituango, que causó una crisis ambiental durante el 2018.
Guatemala es otro de los países latinoamericanos que ha despertado las alertas porque la cantidad de asesinatos por cuestiones ambientales se quintuplicó el último año en relación con el anterior. Los crímenes aumentaron de 3 en 2017 a 16 durante el año pasado.
En la relación también figura Brasil con 20 víctimas, México con 14, Honduras con 4, Venezuela con 3 y Chile con 2 personas asesinadas por temas ambientales.
El asesinato del activista ambiental Julián Carrillo, en octubre del año pasado, refleja lo que está sucediendo en este país. Carrillo había recibido múltiples amenazas de muerte por la defensa de su territorio. Sus reclamos iban contra la explotación minera en la Sierra Tarahumara, en el Estado de Chihuahua. El activista había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia y el incendio de su casa hasta que las balas lo alcanzaron. Este caso formó parte de las historias narradas en Tierras de Resistentes, especial regional publicado este año en el que participó Mongabay Latam junto a más de 30 periodistas de 7 países de la región.
“Nuestras estadísticas solo representan la punta del iceberg” dice Leather de Global Witness. Para el director de campañas, las razones del alto índice de criminalidad en Latinoamérica son la impunidad y la corrupción que afecta a la región. Sin embargo destaca el fuerte activismo de los defensores ambientales a pesar del gran peligro que enfrentan.
A Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, le preocupan países como Colombia y Guatemala, este último por el aumento de las muertes. En su lista también están Brasil, Filipinas y México. “Hay muchos dueños de plantaciones que quieren apropiarse de más tierras. Otra razón de por qué aumentan las muertes es el incremento de los paramilitares y la seguridad privada en las compañías”, comenta.
Global Witness ha logrado vincular a las fuerzas del orden de los países con 40 de los 164 asesinatos. Además de los sicarios, bandas criminales y terratenientes que también aparecen como presuntos agresores en 40 muertes.
El aumento de los crímenes ambientales en Guatemala ha alarmado a la comunidad internacional por el incremento exponencial que se ha presentado entre el 2017 y 2018. Considerando la cantidad de muertes per cápita, la cifra convierte al país centroamericano en el más peligroso del 2018, indica el reporte.
Uno de estos casos fue del defensor de la tierra Luis Arturo Marroquín, a quien mataron a tiros en mayo de 2018. Marroquín era miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), dedicado a promover los derechos a la tierra y el desarrollo rural. Otros cuatro miembros de esta organización también han sido asesinados durante el 2018, señala el informe.
Otro caso ocurrió en diciembre del 2018, cuando los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz con balas en la cabeza. Ambos se oponían a un proyecto hidroeléctrico.
Los hermanos Esteban Pedro no han sido las únicas víctimas de esta oposición al proyecto hidroeléctrico. El movimiento indígena al que pertenecían, Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, ha sido blanco de hostigamiento y ataques debido a las protestas que lideran contra la contrucción de las presas. En octubre de 2018, cientos de policías armados atacaron a miembros de la comunidad durante una manifestación con un saldo de seis personas heridas.
“Cada vez se incrementa más el riesgo para personas que defienden su territorio y el medio ambiente. El peligro aumenta porque hay capitales económicos e intereses políticos detrás de las iniciativas que se imponen en los territorios”, dice Joaquín Raymundo Gonzáles, representante del equipo de Protección Internacional Mesoamérica, organización que apoya a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.
Raymundo también se refiere a la criminalización de los defensores ambientales. “El hostigamiento va en fases: la primera etapa es la difamación y estigmatización. En redes sociales se crean perfiles falsos y califican de terroristas a quienes se oponen a los proyectos”.
Esta estigmatización deja una marca –dice Joaquín Raymundo– para crear en la opinión pública rechazo y menosprecio sobre quienes ejercen la protección de su territorio. “Eso se convierte en criminalización porque es más fácil acusar de un delito judicial a una persona difamada”.
Las masacres también han marcado este 2018. Dos casos de asesinatos masivos ocurrieron en Filipinas e India , las naciones que ocupan el primer y tercer lugar en la lista de países con mayor cantidad de ambientalistas asesinados.
Con 23 casos registrados por Global Witness, India está entre los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales.
En este país, 13 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas durante una masacre mientras se llevaba a cabo una protesta por los impactos de una mina de cobre en Tamil Nadu. La violencia se desató cuando la Policía disparó contra los manifestantes que reclamaban por la instalación de una planta de fundición de cobre que estaría contaminando el aire y amenazando a la industria pesquera local.
Una segunda masacre ocurrió en la isla filipina de Negros, donde hombres armados mataron a nueve agricultores de caña de azúcar y quemaron sus tiendas. El hecho ocurrió en octubre de 2018, durante una disputa de tierras, y acabó con la vida de este grupo de personas entre las que se encontraban mujeres y niños. Además, el abogado que representaba a las familias de las víctimas, Benjamín Ramos, también fue asesinado a tiros por sicarios días después.
Los pueblos indígenas padecen la violencia por la apropiación de sus territorios y de los recursos naturales que se encuentran en ellos. En los países Latinoamericanos; en Asia, como se refleja en Filipinas; así como en naciones africanas como Camerún, las comunidades indígenas se ven forzadas a abandonar sus territorios presionados por grandes corporaciones con conexiones globales.
Para Tauli-Corpuz de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas están en la primera línea de vulnerabilidad. “Sus tierras quieren ser tomadas por las corporaciones dedicadas a los agronegocios o por las industrias extractivas, porque aún mantienen los recursos. Son los que más sufren en términos de asesinatos y criminalización”.
Leather, de Global Witness, coincide con Tauli-Corpuz sobre las presiones que avanzan en territorios indígenas. “Los pueblos indígenas viven en bosques con recursos y áreas protegidas donde históricamente han resguardado sus tierras en contra de los peores abusos, la discriminación y la marginación. Eso los hace más vulnerables”.
Este año, por primera vez, Global Witness ha documentado el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan.
Según el informe, “esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar a los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”.
El documento precisa también que la criminalización «está creciendo y los activistas son arrestados, internados en prisiones y se reducen sus posibilidades de continuar con el activismo. Es un fenómeno global que está sucediendo en todo el planeta”, dice Leather.
El informe presenta casos en países tan diversos como Filipinas, Guatemala, Estados Unidos y el Reino Unido. En este último país, por ejemplo, en septiembre de 2018, Simon ‘Roscoe’ Blevins, Richard Roberts y Rich Loizou fueron condenados a prisión por haber protestado contra una empresa de energía que utiliza el fracking o fractura hidráulica para extraer gas natural. Los llamados ‘Tres del fracking’ fueron liberados un mes después, pero aún luchan para que su condena sea revertida y evitar que quede como precedente.
“Hemos puesto el foco en este problema global porque afecta los derechos de la tierra, el medio ambiente y el activismo en el mercado global”, dice Leather.
En Filipinas, un proceso que lleva más de diez años enfrenta a un pueblo indígena y una empresa por irregularidades en la concesión de la tierra. Los miembros de la comunidad han sido víctimas de amenazas y, en marzo de 2015, tres de ellos fueron encarcelados después de ser acusados de forzar la entrada a la hacienda del empresario. Actualmente se encuentran en libertad bajo fianza y en espera de juicio.
En Camerún, Musa Usman Ndamba fue sentenciado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 850 dólares por una presunta declaración difamatoria. Ndamba encabeza una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas y trabaja para exponer la corrupción en la adquisición de tierras.
“Tenemos que hacer mas esfuerzos para prevenir la impunidad en contra de los crímenes ambientales. Los Estados tienen que proteger a todos sus ciudadanos. Pero también el sector privado tiene que dejar de promover la criminalización”, puntualiza Tauli-Corpuz, de las Naciones Unidas.
*Tomado de Mongabay.
