Denuncia publicada por la comunidad Claretiana
Siendo las 8:00 am del día lunes 28 de agosto de 2017, el encargado de custodiar “Mataredonda” una gran porción de tierras invadida por personas de la familia Sierra, en los predios de El Porvenir (Puerto Gaitán), quien, según la comunidad indígena, se dirigió a la casa del Gobernador Kubeo- Sikuani, Don Mauro Chipiaje. El encargado los visitó para “prevenirlos” de que: en horas de la noche de hoy, llegarían hombres armados en motos y carros para desplazar a toda la comunidad de los predios donde viven actualmente y que él venía a informarles para evitar una MASACRE.
La comunidad Kubeo- Sikuani tomo esto como una evidente amenaza, ante lo cual están en alerta máxima e informan para que las autoridades y la comunidad nacional e internacional garanticen que no se cumplan dichas amenazas.
Antecedentes
Desde el año 2010, la Comunidad Campesina de El Porvenir ha recibido amenazas de hombres que se identifican como pertenecientes al grupo Águilas Negras, el Clan Usuga, las Autodefensas Gaitaniastas de Colombia, La Empresa, los que manda el Patrón, etc., hechos que impiden el acceso efectivo al derecho a la tierra, el cual tienen por habitar en ellos desde hace más de 45 años (Ver Sentencia de la Corte Constitucional SU 426/16).
Entre el año 2014 y 2015 fueron asesinadas cinco personas y amenazados a varios líderes de la vereda Matarratón y El Porvenir, ocasionando el desplazamiento de uno de ellos.
Desde el 2015 el pueblo indígena Kubeo- Sikuani se acento en lo que son sus predios ancestrales en El Porvenir, de los cuales fueron desplazados por la colonización y violencia de los años 40’s y 50´s, desde su retorno (2015) han recibido sistemáticamente amenazas y atentados.
En agosto de 2016 fueron desplazadas por lo menos 9 personas, quienes habían sido llevadas para invadir tierras. Estas sufrieron un atentado con arma de fuego y tuvieron que esconderse varios días en los bosques y casas de campesinos para evitar ser asesinadas.
Estos hechos y otros se han denunciado públicamente y ante las autoridades nacionales competentes como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Ministerios y a la comunidad internacional.
Solicitamos a las autoridades de la Policía Nacional de la región y Ejercito Nacional, garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la tierra y a no ser desplazados de sus territorios ancestrales.
Solicitamos a las autoridades de la Policía Nacional y al Ejercito Nacional, brindar protección, a la vez que respetan a la comunidad indígena, sus territorios y su autoridad ancestral, manteniendo un dialogo y coordinación efectivos.
A la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones de las denuncias anteriores y de la presente.
A las autoridades competentes, en cabeza del Ministerio de Defensa, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a el Presidente de la Republica, coordinar acciones que detengan el accionar paramilitar y neoparamilitar en la región y acatar así mismo las acciones de seguridad ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 426/16.
Instamos a la Defensoría General de la Nación y a la Defensoría del pueblo, a velar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas del Porvenir.
Solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán a la Gobernación del Meta y al Ministerio de Agricultura, acatar lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 426/16.
Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Mision de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (Mapp-OEA), a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), como garantes de los derechos humanos en el mundo, exhortar al gobierno nacional para que se garanticen por fin, los derechos a la vida, la tierra y el territorio de los campesinos e indígenas, que la sentencia SU 426/16 ordena proteger.
28 de agosto de 2017, Bogotá D.C. Colombia.
