Rosa Belisa Góngora, Contralora de Buenaventura y Nora Cruz, jefe de la Dirección Operativa de Control Fiscal, recibieron amenazas de muerte vía telefónica y mensajes de texto. Las intimidaciones están relacionadas con las auditorías que adelantan las funcionarias a dependencias como la Secretaria de Educación, Salud, el Tránsito y al Concejo de Buenaventura.
Los resultados de los informes de la Contraloría de Buenaventura que dan cuenta de hallazgos penales por irregularidades de contratación en la Secretaría de Educación del puerto, fueron presentados por la Fiscalía como prueba reina en las audiencias preliminares contra el Alcalde Bartolo Valencia, dos funcionarios y los contratistas que cumplen medida de aseguramiento por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Las funcionarias que están desde el 2012 en sus cargos elevaron la alerta de seguridad a la Unidad Nacional de Protección que aún no se ha manifestado.