Bien trillado es en esta época la idea de la crisis ambiental global y los efectos e impactos nocivos sobre la calidad ambiental de las actividades humanas y sus implicaciones nefastas en la sociedad; cada día, un titular de prensa nos alerta respecto de un nuevo conflicto socioambiental que amenaza la salud pública o en el mejor de los casos atenta contra el aparato productivo y el patrimonio natural de la nación. Gracias a esta idea de crisis y como respuesta a la necesidad creciente y cada vez más urgente de encontrar respuestas y soluciones a las problemáticas ambientales se desarrollaron globalmente las disciplinas ambientales asociadas a los campos de conocimiento de las ciencias naturales y de la tierra y en ese marco se consolido la formación de profesionales en disciplinas ambientales, entre ellos la ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria y ambiental, ingeniería en recursos hídricos y la administración ambiental y de recursos naturales entre muchas otras.
En Colombia, un grupo de ambientologos y ambientalistas, reconocidos con el título profesional de Administrador Ambiental (y similares) emitido por reconocidas universidades, entre ellas la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Autónoma de Occidente y la Tecnológica de Pereira entre otras, además de la profunda preocupación por la crisis ambiental global y el aún indeterminado deterioro de los recursos naturales que consolidan el patrimonio natural de la nación, deben preocuparse porque su carrera se encuentra en un limbo jurídico y administrativo que en el inmediato plazo no procura respuesta saludable, gracias en gran parte y entre otras, a la desastrosa gestión del Ministerio de Ambiente, en yunta con la soberbia e inoperancia del recién creado (de forma ilegítima y no conforme a lo establecido por la Ley – Decreto 1150-2008) Consejo Profesional de Administración Ambiental – CPAA.
Recientemente los Administradores Ambientales (algo más de 6.000) están en la obligación de tramitar Tarjeta profesional, un proceso que en el peor de los casos en los concejos profesionales ya establecidos demora 4 meses en promedio; sin embargo el CPAA rompe records cuando aun después de más de un año de establecido, no ha expedido la primer Tarjeta Profesional (Entre otras si no la más costosa una de las más costosas del mercado) sobre la base del argumento de no haber podido resolver jurídicamente la forma de invertir recursos para comprar una impresora y sus consecuentes insumos y suministros. Como medida de emergencia, se expide la matricula profesional, la cual debe dar fe de la veracidad del título, es decir, lo mismo que hace el diploma, porque tristemente olvidaron construir y expedir el Código de Ética de la profesión, lo cual impide la expedición de los certificados de vigencia y antecedentes éticos y disciplinarios, que entre otras debe ser la verdadera función del registro y matricula.
Numerosas quejas y solicitudes se han adelantada sin respuesta alguna por parte del CPAA o con la bien sabida mediocridad del MADS, pero más allá de eso el problema grande esta además de la vulneración del derecho constitucional de información certera y oportuna, con la vulneración del derecho al trabajo y el derecho al ejercicio profesional gracias a la carencia de un documento que es criterio habilitante para cualquier concurso público y mucho más en el sector privado. ¡Que llamen al ministerio y consulten el estado del trámite! Fue la última respuesta de delgados del MADS, como si en una oferta laboral se tomaran el trabajo de llamar al candidato a indagar: “Veo que no adjunta su tarjeta profesional, ¿existe algún motivo para ello? ¿Requiere un plazo adicional? ¿Desea ampliar su explicación en la junta de socios?
Después de su creación y según respondió por intermedio de derecho de Petición el CPAA no ha desarrollado ni una sola actividad académica, de formación o de actualización y ni un solo tramite que dé cuenta de la gestión para el posicionamiento del perfil del Administrador ambiental, no se expiden las TP y no hay respuesta a las solicitudes y ni siquiera a derechos de petición y tutelas, podría preguntarse entonces cual es el destino de los recursos captados o cual es la función misional del mismo CPAA.
Se pueden preguntar además de los 6000 egresados entonces los actuales estudiantes en estas carreras y sus familias, respecto de las garantías que tendrán para el ejercicio de su profesión y se invocaría entonces a la gestión de los entes de control hasta ahora ausentes, pese a la insistente solicitud de los afectados, porque la ambigüedad del MADS y el silencio del CPAA han reinado hasta el momento, quien escribe solo puede decir que a la fecha sus derechos están siendo vulnerados y en futuro inmediato no ve un escenario optimista; es decir la profesión de administrador Ambiental, tristemente y cada día mas sin recursos naturales y sin Administración.
