Este paisa de 22 años, estudiante de ingeniería agronómica y ciencia política, apasionado por la guitarra, hijo de una diseñadora de modas y de un electricista es una de las caras visibles de la Mane, una fuerza estudiantil que logró echar para atrás la propuesta de reforma a la educación superior que impulso Santos a través de su ministra María Fernanda Campo. Núñez es la voz de la Mane en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, defiende las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad y como muchos del movimiento universitario son afines a las propuestas políticas del Polo Democrático.
¿Por qué recibir a la ministra Parody con una movilización y no con dialogo?
El Gobierno nunca ha tenido intenciones de dialogar democráticamente con nosotros. Tanto así, que se negaron a cumplir el compromiso de instaurar una mesa de interlocución posterior al levantamiento del paro de 2011 y delegaron al CESU, órgano adscrito al Ministerio de Educación Nacional, la función de elaborar una política para el sector. Hoy nadie cree que su resultado sea producto de un dialogo democrático y que sea un acuerdo, tal y como lo han señalado directivos de la Universidad Nacional, rectores de universidades como la de Nariño o del Tolima, entre otros.
¿Por qué no hay un puente de dialogo con la ministra Parody?
No ha habido ningún acercamiento. Debatimos con la Viceministra de Educación Superior Natalia Ariza y ella reafirmó el enfoque del Gobierno desarrollado en el periodo pasado que nos hizo salir a las calles. El gobierno insiste en su idea de marchitar financieramente la universidad pública y degradar la calidad del sector o endeudar estudiantes con el otorgamiento de créditos que se vuelven un negocio de prestamistas. Hoy las universidades públicas tienen un déficit de $11.15 billones, frente a lo cual hemos solicitado una inversión de cerca de $1 billón que nunca se ha considerado.
¿Qué pasó con la contrapropuesta a la ley de educación superior que lograron tumbar?
Esa ley se hundió gracias a la fuerza de las movilizaciones. El gobierno por su lado viene retomando parte de sus contenidos e incluyéndolos en el Acuerdo Superior 2034. La MANE construyó una ley alternativa tendiente a asegurar el derecho fundamental a la educación y su gratuidad. Gobierno y MANE sostenemos dos modelos contrapuestos, pues la política educativa de Santos y Parody mantienen congelados los recursos de las universidades e insiste en endeudar a los estudiantes a través de créditos con el Icetex
¿Finalmente cuál es la propuesta de ustedes?
Una reforma integral del sector con características democráticas, perdurables en el tiempo y de fondo. También el saneamiento financiero de las universidades públicas. Creemos que la educación superior debe ser un derecho fundamental y no tener limitaciones de tipo económico para el acceso y la permanencia de los estudiantes en ella.
¿Porque se ha desdibujado la Mane, que les pasó?
La MANE se mantiene. Dimos muestra de ello en la audiencia pública del 26 de septiembre en el Congreso Nacional donde dimos signos de cabal salud. Conservamos la fuerza de nuestros argumentos y un gran activismo en muchas regiones del país. Universidades e instituciones técnicas transmitieron nuestras críticas al Acuerdo Superior 2034 y se vienen desarrollando actividades en cada región para visibilizar la necesidad de mayor presupuesto para el Sistema Universitario Estatal y explicando nuestra oposición a la política educativa de Santos desde el primer día de su gobierno.
¿Hay divisiones internas en la MANE?
No. Hay discusiones y diferencias naturales en toda organización de este tipo. Eso demuestra vitalidad. Peor sería que no existieran discusiones.
¿Cuál es la posición de la Mane frente a la propuesta de la ministra Parody de entregar 10 mil becas?
Lo primero a aclarar es que no son becas como lo han presentado. Se trata de créditos condenables que se otorgarían a través del Icetex, como todos los demás. Incluso no es ninguna novedad, pues el programa ya existe. Por tanto lo rechazamos. No resuelve en ningún grado los problemas financieros de la universidad pública. Además, hemos sostenido que los recursos deben transferirse directamente a las universidades y no endeudando a cada vez más familias. El gobierno definió en el Acuerdo Superior 2034 que se endeudarían 1.700.000 estudiantes más mientras que no compromete un solo peso de inversión adicional a las universidades. Esa es una política regresiva y privatizadora.
