Estamos en el momento preciso de sacar adelanta una verdadera reforma política. Si pasan unos meses más, se va a acercar la próxima contienda presidencial y cualquier aspiración de reformar el sistema será vista como una jugada para beneficiar los intereses propios.
Hay muchas cosas por mejorar en la democracia colombiana, sin duda, pero en particular son dos las que no dan ninguna espera: la financiación de las campañas políticas y la baja representación de la oposición en el Congreso.
Sobre la primera, basta mirar las noticias. Cada cuatro años se abren investigaciones a diferentes candidatos a la presidencia o al Congreso por posibles irregularidades en las cuentas de campaña. Parece un hecho inevitable en un país que se ha negado a cerrar la posibilidad de que cualquier persona natural pueda aportar para después reclamar la retribución por la ayuda.
Un informe del PNUD sobre el voto preferente en Colombia lo identifica como un “aliciente para incurrir en financiamiento ilícito de campañas, favoritismo burocrático, compra de votos y otra forma de fraude electoral”. Además, está demostrado como en el caso colombiano ese sistema ha favorecido a los partidos tradicionales durante las últimas elecciones.
La salida es fácil y lo han repetido incansablemente organizaciones como la MOE, Transparencia por Colombia, entre otros: se deben cerrar las listas al Congreso y establecer la financiación completamente estatal en las elecciones de congresistas y de presidente. A ese tema no hay que darle más rodeos.
En lo que también está en deuda Colombia es en tener un Senado que sea verdaderamente representativo del sentir nacional, que deje de ser un retazo de caciques políticos y que brinde un verdadero espacio a la oposición (sea cual sea el partido que asuma ese rol).
No son pocos los académicos y políticos que han advertido que uno de los grandes vacíos del sistema presidencialista es que la oposición no tiene la suficiente representación política en el Congreso para ejercer un control eficaz al ganador de las elecciones.
Colombia es un ejemplo. Aunque no es muy conveniente personalizar esta crítica, basta con mirar las elecciones de 2018 donde Gustavo Petro logró más de una cuarta parte total de los votos (25,09%) en la primera vuelta. No obstante, su coalición solo logró 4 puestos en el Senado. Algo absolutamente injusto, una debilidad evidente de nuestra democracia. Afortunadamente, el estatuto de la oposición, al menos, le permitió a él asumir una silla.
Pero como decía antes, no es un tema por Petro. Aplica en todas las elecciones. Hay decenas de ejemplos. Aunque nos duela a los defensores de la paz, en 2014 el Centro Democrático debió alcanzar más curules que las 19 que terminó ocupando. Su candidato presidencial ganó la primera vuelta con 29,2% de los votos y representaba el sentir de una mayoría importante del país en contra de los acuerdos, como quedó comprobado en el plebiscito.
De mantenerse esta injusticia en 2022, seguramente cualquiera de los partidos que pierdan en segunda vuelta, y vayan a la oposición, seguirán precariamente representados. En cambio, una cantidad de partidos llenos de caciques políticos y que no representan a nadie, van a seguir ocupando curules que los valoriza para pedirle puestos al gobierno.
La salida es una fórmula que puede ser sencilla. No tenemos que girar completamente de sistema democrático. Más bien, lo que se debe es amarrar la elección presidencial a la elección al Senado. Es decir, que la cabeza de esas listas cerradas sean los candidatos presidenciales. Esto ayudaría a que cada partido tenga una representación proporcional al apoyo ciudadano que logren sus candidatos presidenciales. Para nadie es secreto que la elección para presidente tiene una carga mucho mayor de voto de opinión.
Además, le daría un carácter mucho más nacional al Senado (para lo que está creado) y que no siga siendo esa colcha de retazos de líderes que ya tienen ganado un caudal electoral en sus regiones. La representación de cada departamento es competencia de la Cámara.
Para darle más fortaleza al mecanismo, se debe permitir que solo los partidos que apoyen en coalición a un candidato puedan acceder a la burocracia. Después de las elecciones, el partido que quiera puede apoyar las iniciativas del presidente, pero bajo premisas ideológicas y no de repartijas de puestos. Eso también evita que los partidos de caciques y maquinarias estén en el jueguito de moverse entre la independencia y el oficialismo para presionar por ministerios. Como acaba de pasar con la U y Cambio Radical.
Adicional a todo lo anterior, las listas cerradas son una reforma urgente para evitar los aportes irregulares a las campañas políticas, facilita la financiación 100% estatal y hasta reducen costos al evitar una fecha de elecciones que era exclusivamente destinada al Congreso. Incluso, evitar las donaciones privadas legales a las campañas es beneficiosa para acabar con ese lobby donde los donantes terminan presionando a los legisladores a los que previamente financiaron.
