Un niño en brazos de varios adultos llora, gime, parece implorar ayuda. Stiven publica la imagen en redes. "Este soy yo hace 17 años", explica desde su cuenta de twitter y agrega que de esa horrible fecha le quedaron varias discapacidades. Pero no quiere ahondar en el tema. El hoy joven Stiven es una de las miles de víctimas de la Operación Orión que se realizó el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín por parte del Ejército y, como se supo tras la extradición de alias "Don Berna", también con participación de paramilitares.
El Bloque Cacique Nutibara diseñó y ejecutó la última de una veintena de operaciones que el entonces presidente Álvaro Uribe ordenó desplegar en esta zona marginal de Medellín, donde el imperio de la ley estaba en manos de la insurgencia. Fueron décadas de abandono y estigmatización que diversas facciones de grupos rebeldes aprovecharon para expandir su proyecto político. Nadie ha pagado un día de cárcel por Orión hasta la fecha y los aportes a la verdad vienen apenas de un lado: las confesiones de Berna y de otros desmovilizados paras como alias "Móvil 8", han empezado a formar el rompecabezas de la verdad de esta terrible operación que sometió al miedo a más de 130 mil habitantes durante más de 40 horas continuas. Sin embargo, los gobernantes de la época no solo se niegan a responder por el tema sino que vuelven sobre las justificaciones atroces de la violencia estatal en esta, la operación militar más grande en un territorio urbano en la historia de Colombia.
La mañana de hoy, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, dijo en la radio comercial que Orión había servido para pacificar la Comuna 13. Su discurso es replicado en redes sociales como una copia por quienes desconocen que no solo ese año sino los siguientes la exclusión y la violencia siguieron reinando, a la par que surgieron iniciativas de resistencia pacífica desde la sociedad civil, en especial jóvenes y mujeres que hoy recordaron que su caso sigue esperando justicia.
Entre tanto, quienes aspiran al poder en las próximas elecciones también revictimizaron la población: A Alfredo Ramos y Santiago Gómez, candidatos de la derecha local a la Alcaldía, les preguntaron si repetirían la operación durante un debate en Eafit la mañana de este 16 de octubre. Ambos respondieron afirmativamente. Cientos de ciudadanos y Stiven, ofendidos, les respondieron sobre su insensatez y muchos se movilizaron usando una frase repetida cada año: "Orión Nunca Más". El llamado se extendió con rap, flores y velas en las instalaciones de Casa Kolacho en la noche de este miércoles y continuará hasta el 2 de noviembre en colegios y espacios públicos de la Comuna 13, donde con plantas y artes seguirán recordando a las víctimas.
Esperan que, por fin, su coro llegue a las oficinas del poder que sigue impávido ante el horror de no saber dónde están los desaparecidos y de ver a los responsables de la operación gobernando una vez más y, lo que es indignante para muchos, consiguiendo votos y adeptos en su propia comuna.
¿Cómo fue Orión?
Todo comenzó con Fuego, Contrafuego, Mariscal, Potestad y una decena más de operaciones militares desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia de Colombia. "Varios informantes, gente que se nos había torcido a nosotros, venía con ellos, dándole dedo a los que hacían parte de la estructura clandestina", relatan ex combatientes de Farc que participaron de la confrontación durante Orión. En la zona se habían establecido milicias del Eln, las Farc y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). En los grupos de gente armada que señalaba y torturaba también había paramilitares con rostros cubiertos, con prendas del Ejército e integrantes del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara, según relatos de sus altos mandos tras la desmovilización en 2005. La emblemática foto de Jesús Abad Colorado donde un hombre señala y otros dirigen su mirada y sus armas -todos uniformados militares-, es una evidencia de los abusos cometidos en la Operación que comenzó dejando a oscuras la comunidad.
Primero, hicieron estallar los transformadores de energía eléctrica. Luego, a las tres de la mañana, cuando la gente dormía, los más de mil hombres armados empezaron a colarse entre los callejones de la 13 por los barrios Independencias, 20 de julio y Nuevos Conquistadores. Participaron el Ejército, la Policía, el CTI, la Armada y autoridades judiciales. No había presencia de organismos de derechos humanos. Y entonces iniciaron los disparos, los golpes a las puertas, y los cuerpos de jóvenes y señoras arrastrados por escalones acusados de ser guerrilleros. ¿Órdenes de captura? Las detenciones fueron en su mayoría ilegales. Por eso y la persecución que vino después contra lideresas que capturaron y denunciaron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano. Pero en el país aún no se hace justicia y muchos no regresaron.
"Se los llevaban amarrados, o sin camisa, subiéndose al bus, o los sacaban de la cama, y se los llevaban hacia el lago, hacia La Escombrera, donde nadie podía pasar; escuchábamos los tiros, y ya; esa gente nunca volvía"
Nos contó Natalia* en 2015, cuando excavaron en La Escombrera y encontraron apenas restos óseos de perros. Ella busca a su papá que todavía se le aparece en sueños y le dice que lo busque bajo el agua. Sobre lo que antes eran charcos para el esparcimiento, los ilegales establecieron una zona vedada que luego se colmó de escombros. Esa montaña de basuras y tierra sigue creciendo sin lograr que el Estado busque más entre los cinco millones de metros cúbicos de material. Abajo estarían, según relatos de la comunidad y reportes de Ongs, un centenar de personas que fueron desaparecidas durante Orión y en los meses posteriores. También versiones de ex paras confirman que sí habría cuerpos en este sector.
Según la Corporación Jurídica Libertad, Orión dejó 80 civiles heridos, 17 personas asesinadas por la Fuerza Pública, 71 homicidios por paramilitares, 12 personas torturadas, y 92 desapariciones forzadas. Pero no todas están denunciadas ante la Fiscalía. El temor y la desconfianza reinaron entonces.
Un helicóptero vigilaba el cielo durante los dos días de la Operación y además disparaba. En los colegios del sector y barrios vecinos se tiraron al piso durante horas para refugiarse de la lluvia de plomo, la lluvia de Orión -según más adelante tituló el cronista y habitante de la 13, Robinson Úsuga-. Esa lluvia se ha convertido en tormenta a lo largo de los años. Primero con las muertes, las detenciones ilegales y los desplazamiento. Luego, con la falta de voluntad de las dependencias del Estado por investigar, judicializar y buscar. Se calcula que unas 2 mil familias salieron huyendo en ese año 2000 y que serían 650 las víctimas directas de la Operación, entre ellas más de 300 detenidas ilegamente, según registros de la Corporación Jurídica Libertad y Cophades. Pero las cifras siguen también nubladas. El Estado poco ha hecho para esclarecer lo sucedido como quedó evidenciado en la Audiencia Pública de la JEP en julio pasado, donde la Alcaldía de Medellín respondió no tener un récord ni siquiera aproximado de los casos de desaparición en la 13.
- Usted ha mencionado una serie de cifras que son usadas a su vez por la Alcaldía, por la Personería y diferentes entidades públicas. En total cuál es la cifra exacta de desaparecidos que maneja la Fiscalía- preguntó un magistrado de la JEP a Nancy Posada, fiscal especializada
- Hablabla de 114- responde la Fiscal aclarando que no está segura de que todos estén inhumados aún en la misma comuna.
Los datos siguen siendo distintos en cada dependencia. Sin embargo, en investigaciones como la que promovió -y censuró- la Alcaldía de Medellín de Alonso Salazar y fue realizada por la UdeA, muchas personas se atrevieron a hablar y habría muchas pistas no solo sobre 74 casos detallados, sino sobre modalidades y sitios de tortura y enterramiento. En la diligencia que citó la Jurisdicción Especial de Paz, quedó que la Alcaldía -a través de la Empresa de Seguridad Urbana ESU- contrató a la Universidad de Antioquia la "Investigación Preliminar de la Desaparición Forzada en la Comuna 13 de Medellín" mediante el contrato 20101762 del 2010.
¿Porqué no se dio a conocer el resultado de dicha investigación?
Ni Lucía Mercedes Ossa, entonces directora del Programa de Víctimas de la Alcaldía, ni Salazar han explicado porqué engavetaron el material. En respuesta a un derecho de petición de los abogados de las víctimas, Ossa habría dicho años atrás que estaban revisando una segunda versión con ampliaciones y presiones antes de publicar. Pero el informe siguió siendo un misterio. La JEP solicitó a la Alcaldía una copia del mismo, entre otras peticiones que hizo a los entes públicos.
Un investigador del equipo dijo a Revista Generación Paz que los hallazgos eran tan horrendos como inconvenientes para una administración que impulsó el primer programa estatal para víctimas (incluso antes de la Ley 1448 de 2011): violaciones, amenazas, y nombres propios de desaparecidos estarían en este informe que fue publicado por Semana y bajado del aire horas después por contener los nombres de las víctimas. Incluso, una persona del equipo de investigación habría sido víctima de abuso sexual durante el trabajo de campo realizado en el marco de esta investigación.
¿Y los responsables?
Como entonces, el gobierno sigue haciéndose el de la vista gorda y las víctimas siguen luchando para que se reúnan y amplíen las versiones de los ex paramilitares, así como que sean llamados a declarar los responsables: El General Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército para entonces, el ex presidente Álvaro Uribe; el entonces Alcalde de Medellín -hoy gobernador de Antioquia - Luis Pérez Gutiérrez, y la ex ministra de Defensa -hoy vicepresidenta- Marta Lucía Ramírez. Ninguno ha pasado por escenarios judiciales donde den explicaciones, tampoco el General Leonardo Gallego, para la época Comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. ¿Los llamará la JEP o la Comisión de la Verdad en algún momento?
Por su parte, desde una cárcel en Estados Unidos, Don Berna declaró que Orión se hizo a cuatro manos entre paras y Ejército.
Casa Orión, una vivienda ubicada en el barrio Santa Mónica, sigue siendo recordada por ser el cuartel general de la Operación donde, según relatos de la época, llegaban toda clase de "pillos" día y noche. Entre tanto, algunos desmovilizados contaron en sus versiones libres detalles sobre cómo desaparecieron y dónde enterraron las personas que capturaban en la Comuna 13. "Era gente nuestra y también informantes", le dijo un ex paramilitar a este medio a propósito del aniversario de la Operación que le recuerda al mundo la impotencia de la población civil que ha llevado la peor parte en las guerra.
El conflicto armado colombiano ha dejado más de 80 mil desaparecidos y 220 mil víctimas fatales - 80% civiles-, según estableció el Centro Nacional de Memoria Histórica, que este 2019 estuvo ausente en la conmemoración de Orión. Bajo la dirección de uno de los principales aliados de Uribe, el CNMH guardó silencio en su sitio web y redes sociales ante el aniversario del horror.
Entre tanto, GeneracionPaz.Co consultó a Medicina Legal y Fiscalía por los cuerpos que, según se expuso en la audiencia de Jep en julio, estarían extraviados. Ambas entidades expresaron extraoficialmente que la custodia de las cuerpos corresponde a la autoridad municipal, después de que éstos practican sus protocolos y no son identificados, cuando se trata de restos con tejidos.
Se trataría de 5 cuerpos que fueron exhumados en el corregimiento de San Cristóbal tras información que aportó un postulado paramilitar en el proceso de justicia transicional que conocimos como Justicia y Paz, y que podrían corresponder, según el ex paramilitar, a personas desaparecidas en la Comuna 13 en el año 2002. Estos fueron hallados en julio de 2003 y algunos estarían en el Cementerio Universal, el cementerio público del municipio de Medellín, pero se habría perdido el rastro la ubicación exacta de tres de ellos. Dos reposan en el Centro de Identificación Humana del CTI Fiscalía Medellín (pues se trata de cuerpos esqueléticos -los que fueron hallados con tejidos se entregaban a Medicina Legal y estos luego al cementerio público local-).
"La respuesta que tenemos de Medicina Legal es que esas cinco muestras no existen, se perdieron", declaró la fiscal Nancy Posada en la audiencia de JEP.
Según los relatos durante la audiencia de JEP, los cinco cuerpos estarían marcados con los siguientes números:
2044
2045
2048
2049
2050
"Muy grave lo que nos cuenta", responde el magistrado. Adriana Marcela Hernández, antropóloga del CTI, explicó:
"Tres que aún no hemos podido ubicar por códigos o que en los sitios que hemos identificado donde supuestamente están no corresponden a los cuerpos que debían estar en el cementerio. Adicionalmente a eso, en las labores en el marco de las labores que se han realizado en las exhumaciones de Justicia Paz se realizaron otra serie de exhumaciones de las cuales se tienen aún en el Centro de Identificación Humana del CTI Medellín seis cadáveres sin identificar. A todos se les ha tomado muestra de Adn".
Además de números, estas son personas sin identificar, para cuyo hallazgo la Jurisdicción Especial de Paz ordenó entregar toda la información del asunto a su despacho y comenzar la búsqueda de las muestra. La Fiscalía expuso dónde han buscando y cuáles cuerpos han sido identificados a la fecha, en total 18:
En la finca La Loma Vereda Bellavista, en 2010, recuperaron 10 cadáveres. También ubicaron otra fosa, con tres cuerpos; y una más cerca de la torre de energía, de un hombre que había sido desaparecido en la vereda Palenque (2011). Según Fiscalía, Gustavo León Vera, ex paramilitar del Bloque Magdalena Medio, confesó que en Blanquizal había dos fosas comunes. Pero no reportaron hallazgos allí. Mientras, en la vereda El patio de San Cristóbal, fue hallado en febrero de 2008 Jonathan Marín, desaparecido en 2002. También en febrero 2008 la Fiscalía encontró a Emilio Quiceno en San Javier la Loma, sitio Agua Sucia, enterrado junto a una casa abandonada por los dueños originales y ocupada por paras.
En cuanto a hallazgos en la Escombrera, Fiscalía solo reporta que en la parte Alta, en febrero de 2003, hallaron el cuerpo expuesto -no enterrado- de una mujer menor de edad que había sido secuestrada en una cancha cercana 20 días atrás. Y que pocos días después de Orión, el nueve de noviembre de 2002, en el Cerro de los 12 Apóstoles, se encontraron tres cadáveres, dos de ellos ya identificados.Además, la entidad judicial reportó que Carlos Arturo Ramírez Estrada, desmovilizado de las Auc, hizo dos visitas a diversos sitios de la 13 pero no continuó aportando porque, por motivos de seguridad, debió desplazarse a Bogotá.
Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, recibió un llamado de los magistrados de JEP cuando dijo que esta Alcaldía no tenía responsabilidad en las desapariciones y su búsqueda pues los hechos habían ocurrido en administraciones pasadas. El magistrado Gustavo Salazar le recordó que la desaparición es un delito que no cesa, y que el Estado tiene el deber en todo momento, indistinto del gobierno de turno, de atender las demandas de las víctimas. Ante la pregunta por las acciones y presupuesto invertido en la administración de Federico Gutiérrez para encontrar los desaparecidos de la Comuna 13, Suárez se refierió una y otra vez al Plan Integral de Búsqueda de Medellín, sin dar información específica sobre Escombrera o Comuna 13. La Alcaldía también recibió un jalón de orejas por haber permitido la construcción de viviendas en una zona donde habría enterramientos clandestinos ya denunciados por la comunidad.
Por su parte, las Farc dicen haber perdido a tres de sus integrantes durante Orión, pero que tienen que reconstruir la historia con mayor precisión para realizar aportes en ese sentido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. "Diana", "Esneider" y "Dani Quiroz" serían los combatientes que desaparecieron durante la Operación y, como en el caso de un centenar de civiles, no se sabe dónde están.
Las instituciones creadas con el Acuerdo de Paz son la esperanza de quienes insisten en que los responsables cuenten lo sucedido, reparen las víctimas y que los horrores como Orión sirvan para mirarse al espejo de la no repetición. Justamente, los responsables de esta operación como Uribe son algunos de los principales atacantes del Sistema Integral de Verdad. Con el caso de Orión, la Jurisdiccción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad se juegan una prueba de fuego ante la utilidad de su puesta en marcha.
"Nunca será justo cuando la violencia la pagamos los que nada tenemos que ver con la guerra. 17 años esperando verdad, justicia y reparación. Aún duele".
Dice Stiven Torres en su trino cuando cae la tarde este 16 de octubre y en la Comuna 13 destellan las luces de las velas de quienes recuerdan, también con flores y música en la Casa Cultural Kolacho, que la gente está de pie volteándole la cara a la historia a pesar de que tantos le dan la espalda.
