Con el triunfo en las legislativas y las presidenciales del Centro Democrático, lo que parecía ser una luna de miel se ha convertido en una auténtica pesadilla. Los anuncios envalentonados de sus principales figuras, la “regulación” —represión— de la protesta social, la escogencia de Ernesto Macías —bachiller poco ilustrado— como presidente del Congreso, el aumento de los impuestos a la clase media baja y otras medidas regresivas daban cuenta de que la venganza de Uribe y su séquito iban en serio, como siempre.
Pero el idilio demoró poco menos de un mes a raíz del llamado a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por hechos que se pueden tipificar como “delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal” a la luz del artículo 331 la Ley 600 que rige la materia objeto de investigación.
El asunto pareciera de poca monta, pues “el que nada debe, nada teme”. Lo grave es la parte motiva del auto de llamado a indagatoria, sustentada en pruebas —testimoniales, llamadas interceptadas y videos— que daría cuenta de que efectivamente Uribe Vélez incurrió en tales delitos, con el fin de desviar la investigación que la Corte Suprema abrió en su contra, como consecuencia del archivo de la denuncia penal que él interpuso en contra del senador Iván Cepeda, por cuenta del debate que realizó en el Congreso de la República en el año 2014, en el cual con pruebas en mano señaló que su hermano Santiago Uribe Vélez y él participaron en la conformación de grupos paramilitares.
El desespero de Uribe Vélez por desacreditar a Cepeda lo llevó a cometer una secuencia de “errores” que hoy juegan en su contra y que lo tienen contra las cuerdas.
Al ambiente de esta investigación contribuyó con creces las denuncias rigurosas que el periodista Daniel Coronell recopiló en 5 fuertes columnas publicadas en la revista Semana, que causaron no pocos tormentos al expresidente y a sus feroces colaboradores de bancada, que desde antes de hacerse público el llamado a rendir descargos ante la Corte Suprema veían lo que se les venía encima y como es de su costumbre entraron a descalificar a la Corte.
El terremoto político causó una airada reacción de Uribe Vélez, quien dijo por Twitter que renunciaría a su curul como congresista, por encontrarse “moralmente impedido”, pero todo el país lo entendió como una jugada para evadir la competencia de la Corte Suprema y quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Aquí es donde está el quid del asunto, ¿es o no competente la Corte Suprema para continuar con la investigación?
Los antecedentes y la jurisprudencia sobre la materia indican que la Corte Suprema sí es competente, toda vez que los hechos de la referencia acaecieron mientras Uribe Vélez fue senador y valiéndose de su condición de congresista.
Pero, si por alguna de esas situaciones que le hacen perder la fe a los ciudadanos en que la justicia es igual para todos, en especial para los poderosos, la Corte decidiera —es ella quien debe resolverlo— trasladarle la competencia a la Fiscalía General de la Nación, aquí no le iría del todo bien como se pudiera pensar.
El fiscal general es una ficha de Germán Vargas lleras, destacada figura de la política nacional que quedó muy maltratada en las elecciones presidenciales de mayo. De Vargas Lleras con Uribe se conoce una enconada enemistad, sumado a que su partido está siendo marginado de las mieles del poder por la bancada mayoritaria de los partidos de gobierno —Centro Democrático, Conservador y Liberal—, por lo que dicha investigación podría caer fácilmente en ese juego prolongado de dilaciones y desgastes, además de que la segunda instancia le correspondería a la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, Uribe es un rehén del sistema judicial colombiano, le esperan días aciagos de estudio de voluminosos expedientes e interposición de recursos, de deambular por los vericuetos interminables de la burocracia judicial, todo por cuenta de los menores de los delitos por los que se le ha acusado a lo largo de su vida sinuosa entre el mundo de la legalidad y la ilegalidad.
Al salir del mapa político, los principales beneficiados son el presidente electo, Iván Duque, quien no tendría que soportar el asedio constante de órdenes e imposiciones de su mentor, el saliente presidente Juan Manuel Santos que paradójicamente podría pasar a tutelar al desamparado Duque y desde luego ganaría la paz de Colombia, que no se vería amenazada por su principal enemigo: Álvaro Uribe Vélez.
