El juicio social, el moral y el político son en realidad un racero, donde la sociedad juzga el comportamiento de sus líderes o de sus élites y sus respectivas posibilidades en los diferentes roles que desempeñan dentro de la colectividad; pero al realizarse estos juicios de valor, se eliminan sus presuntas potencialidades y se redescubre un veredicto qué se incrusta en el inconsciente colectivo.
Al negarse determinadas discursividades o acentos ideológicos reduccionistas y de alguna manera teleológicos, se pretende desnudar al individuo en cuestión, dentro de la coyuntura de ese espacio; dónde se forma una nueva subjetividad contingente con el actor político, social, académico o empresarial, etc. Según el caso. Todo esto dentro de una compleja extensión y amplitud de saberes y opiniones; así como una discursividad poco ortodoxa, ajena a la mecánica de los juicios, en los que se fundamenta la opinión.
Para estudiar este tema tan complejo el Centro de Pensamiento Libre, invitó al programa Sapiens al PhD Serge Laurent, desde Lyon (Francia) quien es PhD in the Information and Knowledge Society CCI, PhD en Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CT4D Information and communication technologies for development ICT4D, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Magíster en cooperación internacional Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, con postgrado en la Unión Europea. Ciencias políticas y gobierno, Postgrado en la Unión Europea, así como Maestría Docente, Postgrado en la Comunidad Europea en el Umbral del Cambio, es Máster Universitario en Política Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y en Regímenes Políticos Latinoamericanos en UNED, Facultad de Derecho y Ciencia Política, y posee licenciatura en Sociología y otra en Ciencias Políticas en la UNED, Universidad Complutense de Madrid.
Dentro de su análisis fue enfático en afirmar que Álvaro Uribe Vélez, perdió el juicio con la sociedad, el juicio moral y por supuesto esto repercute necesariamente en el juicio político; esto porque, cuando se acude al estado de opinión por encima de las instituciones, el hombre se aparta de la postura general, que es ante todo el conducto regular de los procesos institucionales, que se traduce en el respeto a las instituciones; lo cual cobra una mayor preponderancia cuando se trata respetar las decisiones del poder judicial en particular; donde estas decisiones tienen un carácter imperativo para todos los procesados, con las garantías propias de cada juicio que implican que el poder judicial tiene sus propios causes y cuando no se está de acuerdo con las decisiones de los jueces, siempre hay instancias superiores, incluso extra nacionales; con lo cual, cualquier intento de deslegitimar estas decisiones, se enmarca por fuera del espacio jurídico o de la legalidad; por lo que tratar de formalizar otro juicio paralelo no tiene ningún sentido dentro de lo ético.
Ante esto la sociedad y la comunidad internacional, así como los colombianos que viven al exterior con independencia, se van formando una idea de la persona y de manera especial en el caso particular, donde se van acumulando una serie de informaciones, que ponen un velo de duda en torno a la transparencia de la persona; entonces es cuando la comunidad toma partido de ello y empieza a sacar sus propias conclusiones.
Ahora, se observa que en este caso el debate jurídico desde hace algún tiempo se ha convertido en una guerra, que se libra a través de los estrados judiciales; lo que se conoce como el “Low Fare” y entonces se inician una serie de procesos donde se cruza esa delgada línea roja, entre lo que se busca realmente a través de los tribunales, que corresponde a una realidad investigativa o en realidad incumbe a un ataque político, para derrotar al contendor o para debilitarlo a través de estas herramientas.
Esto genera entre los ciudadanos un desencanto de la justicia y de los procesados, lo que sumado a la propia dinámica de los procesos; que no son fácilmente acogidos por los ciudadanos, dado su ritualismo y sus procedimientos, los cuales se alejan del conocimiento general; por lo que el utilizar la justicia para debates políticos o causas personales, se convierte en una herramienta muy peligrosa para la democracia y para la propia integridad de quienes la utilizan con estos propósitos.
Por ello, es que el análisis de los procesos judiciales, debe dejarse en manos de los expertos; en este caso de los abogados, de los apoderados judiciales de las partes y por supuesto de los jueces y no en el escrutinio de la ciudadanía, máxime cuando el sistema judicial está diseñado en varias instancias; para que cuando una persona no esté de acuerdo con las decisiones de los jueces, pueda recurrir ante los superiores jerárquicos e incluso ante instancias internacionales.
Esto se vuelve inaceptable para la sociedad, cuando quién utiliza esta vía es la persona que ha ocupado la más alta magistratura de un estado, lo que por supuesto viene generando desconcierto y desazón entre la comunidad; pero serán entonces las instituciones las que finalmente hablen, como efectivamente ha venido sucediendo con estas últimas decisiones.
Poner esto en la plaza pública, desestabiliza a la sociedad, en especial cuando su objetivo es poner en tela de juicio de manera perversa a nuestro jueces; que es lo que se busca cuando se saca el juicio de los tribunales y se vuelca la calle, para crear zozobra y confusión a través de la deslegitimación de las instituciones, en este caso la de la Rama Judicial; para buscar que la sociedad emita un veredicto en favor de quien es juzgado, desde la emocionalidad; esta es una manera de evadir o por lo menos presionar de forma velada a la administración de justicia.
Pero lo paradójico es que en este caso, la estrategia no le ha salido bien a Álvaro Uribe Vélez; pues resulta que la sociedad, ha tenido la oportunidad de comparar y contrarrestar lo que viene sucediendo frente a casos similares, que el subjudice ha tenido con anterioridad; dónde muchos de sus subalternos se han “auto inmolado” en favor de él. Solo para recordar algunos de ellos están los de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios en el caso de la Yidis política, el del exdirector de su campaña presidencial, el de Agro ingreso seguro donde se condenó al exministro Andrés Felipe Arias, el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del inexistente bloque Caciquee la Gaitana de las FARC, los ex directores del DAS, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Andrés Pénate, los secretarios generales de la presidencia Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, los señores Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, el ex director de la UIAF Mario Aranguren, los ex embajadores Salvador Arana, Juan José Mosquera Chaux y Mario Montoya, ex comandante de las Fuerzas Militares investigado por el caso de los falsos positivos ante la JEP, Mauricio Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad de la Presidencia, extraditado por narcotráfico, o Manuel Cuello Baute, ex superintendente de Notariado y Registro, quien confesó ante la Corte Suprema de Justicia que había entregado más de 30 notarías a congresistas como contraprestación por el voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe; entre muchos otros. A la par que aparecen una serie de hechos e indicios, así como el manejo con abogados del mundo del hampa, la calidad de los testigos y el lenguaje utilizado en las intersecciones de llamadas, dejan en evidencia el mundo en el que se mueve Uribe Vélez, sumado a una larga lista de casi doscientos procesos pendientes por tramitar en la comisión de acusaciones.
Entonces la sociedad empieza a conocerlo y hacerse una idea de él; y lo que en un principio se pretendía al sacar el juicio a la calle, a través de jugar con las emociones de la gente, se le ha vuelto en contra y en la medida que vienen apareciendo las pruebas, se escuchan los alegatos de los abogados de las víctimas, se observa con estupor la intención vedada de la Fiscalía y la Procuraduría para archivar a como dé lugar el proceso sin respetar los estándares probatorios; sumado a los análisis de los expertos que indican que algo huele mal.
En este punto la estrategia se ha convertido en un bumerán, porque al despertar el interés en el proceso y con el concurso de las redes sociales, existen muchas personas qué se han permitido aclarar las dudas que se han querido generar en torno a este difícil proceso, lo cual al encontrarnos en pleno debate electoral ha exacerbado los ánimos y esto se ha reflejado en las diferentes mediciones de las encuestadoras, donde se ha podido evidenciar la caída en picada de la imagen del ex presidente, lo que sumado a las reacciones viscerales de algunos de sus seguidores en las redes sociales, vienen creando un clima de desafecto y un juicio social en su contra.
Queda entonces demostrado que esta estrategia de anteponer el estado de opinión en contra de las instituciones enrarece el ambiente político y social, polariza a la sociedad y genera situaciones que no son convenientes para el bien común, ni siquiera para el mismo investigado y por supuesto tampoco para las instituciones; ahora en cuanto al juicio moral, recordemos que la sociedad demanda de sus máximos dirigentes un comportamiento más pulcro; pero además también se impone una responsabilidad por los actos, no solo de los propios, sino también de sus subordinados; por lo que cuando se observa que en su gobierno son muchos los miembros de su gabinete que se encuentran condenados o investigados; pues esa responsabilidad política se convierte entonces en una verdadera responsabilidad moral, así no se haya realizado de manera directa, el solo hecho de omitir o hacerse el de la vista gorda, genera esa responsabilidad; pero cuando los casos se vuelven repetitivos se impone entonces una mayor censura, por lo que en esas condiciones el juicio moral ya está perdido.
Ahora lo paradójico de esto es que el juicio legal aún no se ha perdido, porque los tribunales aún no han dictado una sentencia de fondo y fallaran solo con la verdad procesal, lo que genera que Uribe haya perdido tres juicios por fuera del proceso: el juicio social, el moral y el político; mientras que los tribunales aún no han decidido su situación legal; entonces utilizar el estado de opinión para desinstitucionalizar al país no siempre trae buenos dividendos, por lo que se puede aplicar la famosa metáfora que dice “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.
Esto nos deja una lección para la sociedad y es que debemos confiar en las instituciones, de manera particular en las judiciales, lo que se debe permitir es que la verdad prevalezca, porque cuando la sociedad encuentra que esa verdad es forzada, se pierde el juicio social y se pierde el juicio moral, con las consecuencias políticas y personales catastróficas para el implicado; pero aparte de ello dejando a su paso el desorden social y minando la institucionalidad de un país, que es donde se soporta la democracia.
Lo prudente entonces es ponerse en manos de las instituciones, pues es bien sabido que cuando se juzga a una personalidad como lo es un expresidente, las autoridades tienen ciertas consideraciones para con el procesado y nunca castigan más allá de lo necesario.
Ahora los actos realizados después de la providencia que negó la preclusión, donde se fue lanza en ristre contra la juez 28 de conocimiento, provocó no solo la solidaridad ciudadana en torno a la funcionaria judicial (que esperamos no sea trasladada al Putumayo); sino la de los gremios de abogados, sindicatos y Colegio de Jueces y Fiscales, enrareciendo aún más el ambiente en su contra.
Esta situación de deterioro en su reputación se evidencia en las diferentes encuestas donde su imagen se encuentra en franco deterioro y no repunta; lo mismo sucede en sus apariciones en público, no hay lugar donde no haya sido rechazada su presencia, a través de pancartas y toda clase de expresiones, arengas y chiflidos en su contra.
Moraleja “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.
