Un relato crudo y escalofriante ante los familiares de las víctimas hicieron los militares que, cumpliendo órdenes de superiores, asesinaron y presentaron los cuerpos de personas inocentes como guerrilleros muertos en combate en Dabeiba (Antioquia) hace más de una década.
Estos testimonios suscitaron un trino del expresidente de la República y comandante de las Fuerzas Militares en la época de los crímenes, Álvaro Uribe, tras ser escuchados ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El expresidente Uribe no disimuló su desconcierto y se sintió traicionado porque en su momento creyó las versiones que le entregaron a él los militares a quienes siempre defendió por considerar que eran falsas las acusaciones que se les hacían para bajar la moral de las tropas. Hoy, el exmandatario afirma que, con esos actos, se manchó la política de Seguridad Democrática que tanto le sirvió al país y sin importarle el número de casos en que las acusaciones fueron mentirosas, reconoció estar muy afectado por estos graves delitos al conocer esa verdad compartida con los familiares de las víctimas que fueron enterradas como n. n. en el cementerio de Dabeiba, municipio considerado la puerta de entrada al Urabá antioqueño.
En la audiencia pública y diálogo restaurativo de la JEP en Medellín para que los responsables de los ‘falsos positivos’ en Dabeiba detallaran cómo se configuró ese patrón criminal participaron las víctimas acreditadas, ocho militares imputados y otras personas vinculadas a la investigación pero que no han sido consideradas por la Sala de Reconocimiento de esa jurisdicción como máximos responsables.
De acuerdo con los testimonios escuchados, a los militares sus superiores no les bastaban litros de sangre y por eso, optaron por engañar a personas desempleadas o habitantes de calle a quienes les ofrecían oportunidades de empleo y reunían en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín y con engaños los llevaban a Dabeiba.
Por eso, los delitos que se investigan en este caso son muerte violenta, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, omisiones de la fuerza pública, daños ambientales y uso de métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.
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