Con la suscripción del convenio administrativo entre el distrito de Cartagena y las Empresas Publicas de Medellín (EPM) culminó un largo viacrucis que experimentó el "Corralito de piedra", en relación con la Concesión del Alumbrado Público que prevaleció durante más de dos décadas en la ciudad.
Esta concesión que se inició con la celebración del Contrato N.93333869 de 1998 entre la Alcaldía de Cartagena, la Unión Temporal de Energía, Suministro, Montajes y Construcciones S.A, (ISM S.A) y Electroconstrucciones LTDA (ILUMINEMOS) y cuya finalidad era el suministro, expansión, reposición, operación, mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público en Cartagena a un operador privado, con el fin de convertir lo que era un servicio público esencial en un gran negocio privado. Este contrato a su vez fue modificado por un Otrosí suscrito en noviembre de 1998, el cual agravó sustancialmente las ya desfavorables condiciones contractuales existentes.
Entre los principales beneficios otorgados, según lo expone un informe de auditoría especial elaborado por la Contraloría Distrital, se encuentran: la modificación de la cláusula decimotercera que se refiere a la retribución del operador, en donde se estableció como obligación del Distrito retribuir el costo económico del suministro e instalación de las luminarias en que incurriera el contratista desde la entrada en vigor de dicho contrato.
Por ejemplo, cuando inició dicha concesión el Distrito ya contaba con 30.055 luminarias, con una potencia instalada de 6.082 KW y hoy, 20 años después, se tienen 43.878 luminarias, pero la potencia es de solo 6.228 KW. Del total de esas luminarias, el 93% se encuentra en la zona urbana (40.941) y el 7% (2.937) en la zona rural.
El crecimiento de la infraestructura del alumbrado público en estos 16 años ha sido del 46%, para un aumento en promedio anual de 2.88%, con los recursos recaudados por el impuesto de alumbrado público.
De igual forma, la operación y el mantenimiento del contrato de concesión se financian también gracias a este Otrosí, vía este impuesto, eximiendo al operador privado de realizar cualquier tipo de inversión con su patrimonio.
Por otro lado, este contrato que originalmente fue definido en su cláusula trigésima como de cuantía determinada - para los efectos fiscales- su valor en materia de repotenciación de las luminarias y de expansión no podía superar los $8.500 millones en el primer año, y para la operación y mantenimiento no podía exceder los $1.400 millones, es decir, un negocio avalado por la suma de $9.900 millones.
Estos cambios introducidos al contrato inicial de concesión, permitieron a este operador privado obtener unos ingresos operacionales por $ 516.219 millones, con una Tasa interna de Retorno del 28.76%, cuando la CREG ha prescrito que la ganancia aceptable para este tipo de proyectos no puede superar el 13,9 %, con el agravante que la inmensa mayoría de comunidades de Cartagena no contaban con un buen servicio de alumbrado público.
Con la decisión del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, de quitarle este negociado al Consorcio Iluminemos y avalar a EPM, se logra la puesta en funcionamiento del alumbrado público en la carretera de la Cordialidad, en menos de un año, desde el puente Calicanto hasta Villas de Aranjuez.
Este trabajo realizado por EPM y la Alcaldía Distrital de la ‘Heróica’ permitió cumplir el sueño de la comunidad de 15 sectores que por cerca de 20 años solicitaron tener acceso al alumbrado público de sus vías, para conseguir los beneficios de seguridad, movilidad y embellecimiento para el territorio.
Las obras consistieron en la expansión del sistema de alumbrado público para 5.3 kilómetros de nuevas vías iluminadas, en las que se instalaron 3 kilómetros de redes aéreas y 1.6 kilómetros de redes subterráneas. De igual forma 161 postes instalados y 214 luminarias tipo LED las que entraron en funcionamiento, con la eficiencia de una tecnología de menor consumo de energía y mayor eficiencia lumínica. En estos trabajos el 90% fue implementación de infraestructura nueva y 10 % de modernización de redes.
Por ello la administración Dau ha presentado recientemente un proyecto de Acuerdo de vigencias futuras por 5 años para suscribir nuevamente el convenio administrativo con EPM, con el propósito de avanzar del 30 % al 80 % de la modernización del sistema de alumbrado público y del mejoramiento del servicio, con una inversión de 261 mil millones de pesos, de los cuales 115 mil millones serán inversiones provenientes de los excedentes de la operación, que se encuentran en las arcas del Distrito.
Además el resto de las inversiones se adelantaran con el recaudado del impuesto de alumbrado público, sin endeudamiento adicionales, sin embargo a pesar de que esta decisión es una medida positiva para la ciudad, esta no deja de ser una medida de carácter transitoria, que no resuelve el problema estructural, porque lo ideal y definitivo, es que se trabaje en el diseño y sobre todo en la implementación de una empresa estatal del distrito que permita encargarse de manera directa de la prestación del servicio de alumbrado público como ocurre en Barranquilla o en Villavicencio.
*Excandidato a la Cámara por Bolívar y autor del libro Las concesiones en Cartagena.
