Constitucionalmente vivimos en un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, el país soñado por todos, donde la primacía de la dignidad humana desborda muros de indiferencia y desigualdad, un país ideal enmarcado en un compendio de 380 artículos como exhibición de la sabiduría e idealización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991
Sin embargo, la rigidez y templanza de la realidad dibuja el desdén de la opresión sobre los llamados en este escrito “obreros” (empleados y contratistas de la administración pública), donde la autonomía intelectual se maniata a la voluntad de los mandatarios políticos de turno con auge triunfalista, que estampilla el hierro sobre sus obreros como semovientes de su pertenencia sin objeción alguna por parte de estos, pues como apoderados de la burocracia administrativa contemplan la propiedad hasta de sus propios pensamientos.
Esta situación la denotamos en cada rincón de nuestro país, en el que visiblemente se empaña la soberanía del pueblo y la libertad democrática, pues no es posible el libre ejercicio de la participación política, ni es permitido escuchar, discernir y elegir propuestas que no simbolicen la marca de los alcaldes y gobernadores de turno, que buscan a través de sus continuos el beneficio personal. Nuestro departamento es ajeno a ello: la ubicación y custodia laboral está sujeta al apoyo manifiesto de los aspirantes, liderados y orientados por los actuales dueños de la burguesía política. A su vez los “obreros” expresan a sus consanguíneos la orden impartida por su patrón a cambio de conservar la nómina laboral, aun en contra de su voluntad.
Y es así donde la contienda electoral se polariza y las propuestas políticas no son predominantes para la elección de los futuros administradores territoriales. Tan solo la ansiedad de mantener el mal llamado “poder político” es el hilo conductor que conlleva a maniobrar todo tipo de acción en pro de conservar el trono del mandato, obviando la realidad del pueblo, habido de necesidades y sin duda de derechos y libertades políticas de todo ciudadano.
En este país de contrastes, donde la ley del sistema público tiene por objeto la regulación del empleo gubernamental bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad y que con lineamiento de la misma ley, la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrolla los procesos de elección meritoria a cargos públicos. Esto sin duda es una brecha social, por cuanto cada administración de turno aflora la conveniencia en el manejo de los cargos y contratos de prestación de servicios (nóminas paralelas), siendo estos manipulados a su antojo, donde el mérito es la muletilla adornada en la ley.
La participación política mediante la democracia conlleva a la exhibición de un país social, soberano, participativo y pluralista, versado en el respeto de la dignidad humana y el libre desarrollo de los derechos asignados en nuestra Constitución; un país en el que “reine el amor y sobren las leyes” y cuya democracia no sea un sofisma más, sino la bandera para elegir sabia y libremente la construcción del país soñado.
