Hace precisamente un año por estas fechas, la escuela y todos los sectores económicos, así como la dinámica de vida a la que veníamos acostumbrados, sufrieron una brusca transformación que no ha parado desde entonces. El virus de la COVID-19 llegó a nuestro país, inició paulatinamente el incremento de contagios y la única forma de prevenirlo fue quedarse en casa, usar tapabocas, lavar frecuentemente las manos, usar alcohol, y evitar el contacto con otras personas y aglomeraciones, porque este virus se contagia de manera muy fácil al respirar y por las partículas de saliva, entre otros. El miedo nos invadió, pero lo más aterrador era que nadie estaba preparado, que la red hospitalaria, la situación laboral y de protección de los trabajadores de la salud era patética; adicional, no había en el país, ni siquiera en la capital, suficientes camas UCI, ni respiradores para salvar la vida del gran número de contagiados que cada día aumentaba y que ha venido matando a cientos de personas, unas extrañas y lejanas, pero le llegó también a los vecinos, amigos, compañeros de trabajo y familiares. Y no era como decían que solo era letal para los de la tercera edad, sino que fueron saliendo datos de muerte en personas de todas las edades y estratos sociales
El drama sanitario, por un lado, y de subsistencia por otro de las personas en confinamiento, sin empleo, sin ingresos y sin poder salir al rebusque, fue la otra gran pandemia. El trapo rojo en lugar de la bandera, se volvió el grito de auxilio frente al hambre. Las ayudas no llegaban y muchas no han llegado, las noticias sobre corrupción en el manejo de las ayudas económicas y mercados, la otra y quizás más vergonzante pandemia, no se confinó ni por la COVID-19. Las familias sin poder pagar arriendos ni servicios, sin comida, sin trabajo y confinados en sus casas por el virus, visibilizó otra terrible pandemia, el incremento de la violencia intrafamiliar, los feminicidios se dispararon y el maltrato físico y verbal, así como el abuso sexual se dispararon. Todo ello mientras el gobierno favorecía en sus decisiones políticas al sector financiero, promulgaba una lesiva reforma laboral (Dec. 1174) y propone otros proyectos como el homeschool (094), la reforma a la salud (010), reforma tributaria… lo que demuestra que Duque y su partido de gobierno siguen sordos ante el clamor urgente de decretar la renta básica, como prioridad ante la crisis social.
Como si lo anterior fuera poco, en materia educativa el derecho a la educación ha sido garantizado por los maestros(as), directivos(as) docentes y las familias de los estudiantes; eso lo quieren desconocer muchos, inclusive desde cargos de gobierno como el alcalde de Barbosa Santander, quien por ignorancia termina agrediendo a los maestros con señalamientos calumniosos, estigmatiza y desmerita el trabajo de los maestros(as) en medio de la pandemia. Las normas expedidas no han sido pocas, desde abril de 2020, el Ministerio de Salud expide la Resolución 666 sobre protocolos de bioseguridad, el Ministerio de Educación Nacional expide las directivas 11, 16, 17 y 18, la resolución 1721 de septiembre del mismo año y por último las Resoluciones 00222 y 00223 de febrero de 2021; todas ellas ordenando e indicando que se deben adoptar los protocolos de bioseguridad y los planes de alternancia que permitan el retorno gradual y seguro de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas, bajo la figura de la alternancia, pero a su vez descargan la responsabilidad sobre las entidades territoriales e integrantes de las comunidades educativas en caso de posibles contagios dados por no contar con lo que estas resoluciones y directivas ministeriales orientan.
¿Qué ha pasado entonces con la alternancia escolar? Habrá múltiples apreciaciones y seguro que todas tienen sus argumentos, sin embargo, la realidad tangible es que las instituciones educativas públicas de todo el país en un porcentaje demasiado alto, no solo estaban en precarias condiciones al inicio de la pandemia, sino que durante la pandemia el deterioro fue aún peor, se profundizó. Muchas sedes educativas rurales y urbanas adolecían y adolecen de serios problemas con el suministro de agua potable, carecen de energía eléctrica o es intermitente, las baterías sanitarias no son suficientes y/o están en terribles condiciones; los lavamanos, que son una necesidad relevante, no existen en el número y condiciones que se requiere para el lavado permanente de las manos, tampoco ha llegado el personal contratado para la limpieza y desinfección permanente de las instituciones educativas. Sumado a ello, la mayoría de las aulas son pequeñas, poco ventiladas, carecen de conectividad y equipos tecnológicos. Pero lo más grave es que los recursos económicos que se requieren para suplir ese abandono histórico y garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en las condiciones dignas que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes para ese retorno gradual, progresivo y seguro a las escuelas, son insuficientes de parte del gobierno nacional.
El MEN habla de las altas cifras de dinero que ha destinado dentro del presupuesto para educación durante la pandemia, pero ni es suficiente ni ha girado todo lo que se ha comprometido, como lo ha denunciado Fecode. Hoy el gobierno nacional lo único que evidencia es un afán desmedido y hasta irresponsable al querer abrir las escuelas sin subsanar las falencias existentes. Para completar el desolador panorama, muchos de los Planes de Alternancia institucionales y municipales no han sido debidamente socializados con las comunidades educativas y peor aún, muchos también han desconocido la voz de los Consejos Directivos, que son la máxima instancia de decisión académica y administrativa dentro de las Instituciones escolares.
Tenemos claro que la escuela y los maestros son irremplazables, que el trabajo desde casa ha triplicado la labor docente, así como los costos de internet, energía eléctrica y ha implicado la compra y actualización de recursos tecnológicos. Los padres también han vivido múltiples dificultades en sus hogares, de hecho, coincidimos en que lo mejor para todos sería poder regresar a las Instituciones educativas, pero no puede ser una decisión caprichosa, desesperada y menos irresponsable. La vida, la salud y la educación… Son derechos fundamentales, pero la vida es un derecho absoluto. No se puede poner en riesgo la vida de los estudiantes, sus familias, la vida de los directivos docentes, de los docentes y de sus familias, es un riesgo que debe estar minimizado con el cumplimiento pleno y verificable de los protocolos de bioseguridad. El gobierno nacional está delegando esta gran responsabilidad en los entes territoriales y estos en las instituciones educativas, sus maestros y a padres de familia. Se ha llegado a la desfachatez por parte de algunos gobernantes de pretender ordenar el retorno en alternancia a través de vídeos, mensajes de WhatsApp, discursos e intervenciones radiales, con lo cual parece que quieren también eximirse de la responsabilidad que les compete y que deben asumir a través de la expedición de un acto administrativo que oficialice en cada ente
Desde las organizaciones sindicales, Fecode a nivel nacional y Adec en Cundinamarca, se han venido dando las orientaciones sindicales, pedagógicas y jurídicas frente al tema, se han elaborado formatos para la verificación previa a partir de listas de chequeo, que deben diligenciarse en cada sede para tener la evidencia y constatar en qué medida se están cumpliendo los protocolos y lo que está por cumplirse, sin lo cual el regreso es imposible. La alternancia es una decisión muy seria y no podemos arriesgarnos por quedar bien con nadie, la más importante responsabilidad es proteger la vida, y este es un deber del Estado, de los padres de familia y de los maestros mientras los niños y adolescentes estén en las instituciones educativas. Nuestra legislación nacional es clara en la protección de la vida, el código de infancia y adolescencia es claro en la responsabilidad con los menores. No podemos caer en errores que nos lleven a enfrentar demandas civiles, disciplinarias y hasta penales, pero más que eso, que afecten la vida y la salud de cualquiera de los miembros de nuestras comunidades educativas. Precisamente por ello, es fundamental que el gobierno nacional y los gobiernos locales y regionales inviertan los recursos económicos que sean necesarios para garantizar la implementación de protocolos de bioseguridad y condiciones dignas para nuestras comunidades educativas.
Finalmente, es claro que urge una veeduría de los gobiernos escolares en materia de verificación previa del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el retorno en alternancia a la escuela, pero también es urgente que lleguen a los cargos de gobierno, personas que prioricen una política pública que cierre las brechas existentes de inequidad social. Hoy todavía se ve muy lejana la posibilidad de vacunas para los maestros(as) y para los menores de edad, al igual que con el personal de salud, maestros y escolares deberían estar priorizados en este tema, pero aquí también se ha visto demasiada lentitud, ¿entonces cuál es el afán del gobierno de exponer a las comunidades educativas al contagio?
