Utopías, sueños, pesadillas sin fin, desaciertos y desconocimientos de las realidades que engloban las infraestructuras, plantas de personal y características tecnológicas de los contextos sociales en donde se ubican cada una de las 16.505 instituciones educativas distribuidas en 9.783 para el sector oficial y 6.722 para el privado, encargadas de atender a 9. 428, 897 en Colombia. Son quizás los motivos más fuertes que incitan al Ministerio de Educación y gobierno de turno a pensar en la absurda idea de tener un retorno gradual a clases, cuando el mundo se moviliza bajo la cultura de confinamiento social, en pos de no continuar enviando miles de fríos cadáveres a fosas comunes, tras la llegada de la tercera ola de la COVID-19.
Trazar propósitos de retornos graduales a clases bajo el modelo de alternancia por parte de cualquier entidad o gobierno, tras la sublime idea de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes a lo largo o ancho del territorio, es recrear vectores que agilizan la expansión de una contaminación incalculable en los contextos, que habrá de converger en crónicas de muertes anunciadas y está tanto en contra producción con lo que se estipula en el anexo 2, del proceso de alternancia, como en lo delimitado por él mismo junto a las 95 secretarias de educación en 2019, donde se pretende con el establecimiento de indicadores de calidad, equidad, inclusión generar un fortalecimiento a la buena calidad de vida, a través de minimización brechas sociales y el mejoramiento de los aprendizajes de estudiantes.
El país a nivel general cuenta con infraestructuras educativas, sujetas en un 60% aproximadamente, a diseños que superan los 20 años, en su momento, ellas atendieron al interior del aula, grupos que no superaban los 25 niños en preescolar, 35 en primaria y tanto 40 para secundaria como en media para el peor de los casos. Esas mismas infraestructuras se conservan sin mejoramiento o ampliaciones, pero hoy, albergan a 30 niños en preescolar, 40 en primaria y hasta 48 o 49 en secundaria y media, tras lo emitido en el decreto 3020 de 2.002, lo que genera hacinamiento en los espacios interiores; donde difícilmente se podrá atender grupos de estudiantes que superen 12 ó 14 personas, respetando el distanciamiento establecido en el inciso J, 1.3.1 del anexo 1 que estipula la alternancia educativa.
El hecho de pensar en el modelo de alternancia, con instituciones educativas que no cuentan con infraestructuras adecuadas en cuanto a unidades sanitarias, saneamiento básico de agua potable y lavamanos independientes tras el diseño que tuvieron en su época de construcción, conforme a lo demanda el anexo 3 de alternancia educativa, se torna como una irresponsabilidad. Cosa que dista de lo pregonado por el gobierno, quien abiertamente insiste en que son los docentes, en cabeza de Fecode, quienes se niegan a regresar a las clases presenciales, desconociendo con ello que al interior de las comunidades se han generado propuestas de apoyo para atender a los estudiantes bajo esta estrategia. Sin embargo, es el gobierno quien ha incumplido con las mismas al no asignar los recursos mínimos para mejorar las debilidades identificadas y dotar a las instituciones con los elementos mínimos de bioseguridad que demanda el inciso 4.1. del anexo 10 de alternancia educativa.
En esta perspectiva, se desconoce por parte del gobierno nacional, la caracterización de una la planta de personal directiva y docente que presta sus servicios en los niveles de preescolar, básica y media, hoy impedida según lo expuesto en el anexo 7 de alternancia educativa, para asistir a la presencialidad, por factores de edad y comorbilidades. Esta planta global a nivel del país, consta de 323.043 personas aproximadamente, de los cuales, 175.818 se vincularon bajo el Decreto Ley 2277 de 1.979, representando hoy, algo mayor al 50% y tienen a la fecha más de 25 años de servicios, con edades que oscilan entre los 50 y 65 años de edad. De igual forma, existen 144.225 docentes vinculados bajo el decreto Ley 1278 de 2.001, quienes, en su cuerpo general, también albergan algunos docentes que superan los 60 años de edad o comorbilidades y están limitados por la norma para llegar a la institución en pro de no colocar en riesgo su vida.
En cuanto al apoyo tecnológico, el gobierno nacional en representación del Estado, no ha brindado herramientas, ni equipos aptos tanto a los estudiantes como al docente para que se adelante un trabajo eficaz y sincronizado entre los actores del proceso educativo. En primera instancia, existe un abandono parcial de inversión en expansión de redes de internet por parte de este, a los diferentes contextos geográficos, sumado a ello, la inversión en este año que ha transcurrido, no superan los 83.345 equipos distribuidos en 750 sedes educativas de 291 municipios de los 32 departamentos del país, con los cuales se ha beneficiado solo a 79.345 estudiantes y 4.000 docentes en el nivel de educación media.
Lo anterior, se percibe como algo irrisorio para mejorar indicadores de calidad en tiempos de pandemia y una hipocresía más de ellos para justificar el retorno progresivo del cuerpo docente a las instituciones bajo el modelo de alternancia, tras no tener el gobierno, un plan estratégico que oriente en trabajos sincrónicos a la población, mientras se preserva la vida. Como se ha visualizado hasta el momento, el gobierno ha concedido a educación ciertos paliativos tecnológicos similares a los otorgados a otros sectores sociales. Como se evidenció en días pasados, cuando colocó en el ambiente una especie de rifa que concederá a 145 mil jóvenes de los grados 9°, 10° y 11° tipificados en estratos 1 y 2 algunas gigas de navegación y llamadas de voz para que continúen en el proceso de formación.
Ante esta incapacidad administrativa y desconocimiento de las realidades que engloban los diferentes contextos sociales por parte del gobierno nacional, son los directivos, docentes, padres de familias y estudiantes quienes han tenido que reorganizarse, para seguir adelante con el proceso de formación. Los directivos, redistribuyendo trabajos que distan de lo emanado en el decreto 1850 de 2.002. Los docentes asumiendo número de estudiantes y no horarios de trabajos, al igual que pago de planes de internet con mayor número de giba bate, los padres invirtiendo los pocos recursos económicos de su mínimo vitae en planes de internet y los estudiantes, haciendo de tripa corazón para aprovechar cualquier oportunidad que le brinde el medio para entregar los trabajos planificados por la institucionalidad.
Variables como infraestructura y cuerpo docente están lejos de cumplir con el modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional en este momento histórico; el cual quizás se sigue promoviendo como estrategia eficaz, pero no pertinente, tras las condiciones de vulnerabilidad que engloban las comunidades educativas en cada sub región del territorio. Y en pro de obnubilar a la comunidad en general, esa falta de interés que ha tenido el mismo gobierno para ejecutar políticas de Estado que faciliten a todos los ciudadanos la oportunidad de estar conectados con la información en una forma oportuna, eficaz, pertinente y sincrónica tanto en tiempo como espacio.
Persistir el gobierno en el modelo de alternancia, para restituir el derecho a la educación, con deficiencias como las descritas anteriormente, tiende a generar una cultura para la muerte, similar a esa que promueven los grupos al margen de la ley a lo largo y ancho del territorio y no a la incapacidad de los docentes para retornar a esas labores que desempeña en el olvido de un gobierno ajeno a las realidades sociales que enfrenta diariamente. De igual forma, con ello, se visualiza entre líneas y detrás de ellas; la ejecución por parte del gobierno de una política global que viene promoviendo la economía mundial y que versa en torno a minimizar los gastos en salud y pensión de poblaciones que han envejecido enfermas y con promedios de vidas superiores a los pensados en otras épocas, como lo ha planteado Toffler (2006) en La revolución de la riqueza.
