Las dificultades de que ha atravesado Ecopetrol, marcadas por la caída del precio internacional del barril han tenido una repercusión drástica en las relaciones laborales con más de 3.100 trabajadores agrupados en la USO, el sindicato más grande del país. El presidente de la compañía Juan Carlos Echeverry tiene en sus manos una papa caliente: el conflicto laboral que nació hace dos años con una queja ante el entonces ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón, que prefirió postergarlo, y que ahora está en manos de la ministra Clara López. Su actuación va en la línea de apoyar las demandas de los trabajadores y le aplicó los recursos legales para presionar a la empresa a asegurar el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. Aunque el Presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, ha llegado a un acuerdo con los trabajadores, ellos resolvieron demandarlo ante el fiscal Néstor Humberto Martínez por violación de derechos sus derechos sindicales.
El pleito gira alrededor de la convención colectiva firmada en el 2014 con vigencia hasta 2018 pactada entre la USO y Ecopetrol que fue firmada por la tercera parte de los 8.800 empleados de la compañía. La ley prevé que cuando se dan estas condiciones, lo pactado cubre a todos los trabajadores.
Sin embargo, el Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, optó por tomar otra vía: diseñó otra figura, un ‘pacto colectivo’, es decir un plan de beneficios exclusivo para los trabajadores que no están sindicalizados, con lo que buscaría debilitar al sindicato y lograr que los trabajadores prefieran renunciar a la USO a cambio de unos cuantos beneficios.
El presidente de la Compañía, Juan Carlos Echeverry, niega esta acusación que considera injusta: ‘’La sindicalización en la USO sobrepasó 1/3 de fuerza laboral de Ecopetrol; eso, por ley, extiende la convención a todos los empleados de Ecopetrol; nuestro comunicado lo ratificó; quien no se quiera acoger lo debe manifestar por escrito. Desde que entramos hace año y medio, Ecopetrol ha pasado de 4 a 10 sindicatos; y de menos de 1/3 a toda la fuerza laboral cubierta por la convención colectiva al 100%; de tal forma que difícilmente se me puede acusar de lo expresado en la denuncia de radicada por el Sindicato’’.
La compañía, en comunicados oficiales ha dicho que no tiene un ‘pacto colectivo’ en estricto sentido, pero la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de beneficios cómo el que se aplican en Ecopetrol se asimilan a los pactos colectivos que prohíbe la ley. Es decir, beneficios a los trabajadores para retirarse del sindicato.
El sindicato se apoya en un antecedente y es el caso del sindicato de pilotos de Avianca en el que la Corte Constitucional en la sentencia T-069 de 2015 ordenó a la empresa darles a los trabajadores sindicalizados, los mismos beneficios que a los trabajadores no sindicalizados y que llevó a su ex Presidente Fabio Villegas a ser imputado por la Fiscalía por incumplirle al sindicato de pilotos. En este caso su abogado personal fue Humberto De La Calle Jefe negociador del proceso de paz en el que Villegas ahora juega activamente como directivo de la campaña del Plebiscito ante el sector privado.
Aunque el abogado que ahora asesora a Ecopetrol, Carlos Álvarez Pereira, le ha recomendado al Presidente Juan Carlos Echeverry apartarse del planteamiento de la USO y mantener dos negociaciones paralelas, la ministra Clara López le ha mostrado que ese camino no es el correcto como se lo hizo saber con el llamado de atención porque encontró que el “Acuerdo 01 de 1977” aplicado en Ecopetrol sí otorgaba mejores beneficios a los trabajadores no sindicalizados.
En una de sus primeras declaraciones al llegar a al Ministerio de Trabajo, Clara López aseguró que investigaría a Ecopetrol para determinar si le están dando a los trabajadores no sindicalizados mejores beneficios que a los sindicalizados y que no dudaría en sancionarlos ejemplarmente.
