Se equivocan quienes piensan que la alta tensión que atraviesa la Policía Nacional obedece a asuntos estructurales de carácter institucional. Una cosa es el espectáculo mediático que hemos presenciado en los últimos días por desavenencias entre generales de la cúpula, y otra, el interior de un cuerpo centenario y sólido, que actúa desde su existencia como fuerza al servicio del derecho y en función del bien común. Desafortunado sí, que estas desconfianzas se exterioricen, precisamente cuando los niveles de favorabilidad están en mal momento, la percepción de inseguridad en aumento y los ciudadanos preguntándose: ¿qué está pasando en la Policía?, ¿por qué no se toman decisiones? Algunos califican esta, como la mayor crisis de la Policía desde su nacionalización en 1960.
En los últimos 8 años han pasado por la Dirección General cuatro directores, periodos muy cortos para administrar una organización de 170.000 personas y consolidar programas de largo plazo. Todos ellos han llegado a la Dirección por su destacada trayectoria y altísimas calidades, construyendo su estrategia sobre las bases de sus antecesores; sin embargo es poco lo que logran avanzar, porque solucionar asuntos de fondo pendientes en la Policía, no depende de ésta, sino del Gobierno y del Congreso. Pero lo más grave, es la vigencia de un patrón común que impide a los directores sostenerse en los cargos, y es la mano soterrada de elementos perturbadores que se activan para propiciar crisis, entorpecer su gestión y forzar su salida anticipada. Y esto tiene unos protagonistas fácilmente identificables que se blindan en su entorno para conquistar espacios de poder.
Tampoco es cierto que la Policía Nacional esté dividida por influencia de los exdirectores, o por haber apoyado los acuerdos con las Farc. Si hay algo por destacar es el profundo respeto de quienes han conducido la institución hacia sus predecesores; ellos integran el Consejo Asesor de Exdirectores y aconsejan al director para el buen desempeño al frente del cargo. De otro lado, la Policía acató y cumplió bajo la Constitución y la Ley, las directrices del gobierno anterior durante los diálogos de La Habana y se preparó oportunamente creando la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, la cual realiza tarea enconmiable a favor de las víctimas y en la reconstrucción de la memoria histórica de la nación.
La Policía Nacional ha sido sostén imprescindible de la seguridad del estado y ha cumplido una labor heroica en contrarrestar las más graves amenazas. No hay precedente en otros países de una policía como la colombiana, con tal capacidad de inteligencia, investigación criminal, comandos antiterroristas y antinarcóticos, unidades antiextorsión y secuestro, y flotilla aérea, apoyando incluso a otros países en África y Sudmérica.
En convivencia y seguridad no escatima el menor esfuerzo para ajustar el servicio a las exigencias de los ciudadanos. Los indicadores de reducción de la criminalidad son históricos, en Bogotá y demás ciudades capitales, pero es irrefutable que no logra sobreponerse a los desafíos cotidianos de la inseguridad. También es consiente de la necesidad de solucionar los problemas del Nivel Ejecutivo y para ello esta semana radicó en el Senado el proyecto de ley que crea una nueva categoría de profesionales de policía, algo similar a los otrora agentes y dragoneantes que tanto afecto recibieron de los ciudadanos.
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La imagen de los comandantes de fuerza se ha desvanecido y no hay un reconocimiento justo a su esfuerzo. Y esto, en gran parte, obedece a la extrema injerencia del ministro de Defensa
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Se cuestiona la falta de carácter y liderazgo del Gobierno y de la Alta Dirección de la Policía. Y el detonante, que se suma a serios errores y extralimitaciones en procedimientos recientes, es el juicio disciplinario que tiene enfrentados al director y al inspector general. No existe referente de un hecho mediático como estos, muy lamentable, porque resquebraja la disciplina, decepciona a sus policías y transmite mal ejemplo. Más aún, cuando ambos son insignes generales, reconocidos por sus valores, calidades intelectuales y gozan de afecto y legitimidad entre los uniformados. Y es importante enfatizar que estas investigaciones no han afectado el debido proceso, ni el cumplimiento de la misión institucional y al contrario, las unidades operativas no paran de producir resultados, que siguen siendo contundentes en medio de las adversidades.
La opinión pública no siente el liderazgo de los comandantes de fuerza, su vocería es casi inexistente, su imagen se ha desvanecido y no hay un reconocimiento justo a su incansable esfuerzo. Y esto, en gran parte, obedece a la extrema injerencia del ministro de Defensa casi absorbiendo la conducción operativa de la Fuerza Pública, permaneciendo extensas jornadas en los inoperantes PMU, encabezando cotidianas ruedas de prensa y en correría por todo el país asegurando dividendos políticos, lo que limita la autonomía y maniobra de los comandantes, y extralimita y desdibuja el rol político del ministro.
Finalmente, el presidente de la República debe ser respetuoso de la antigüedad y jerarquía en la sucesión del mando. Analizando el fondo de las tensiones existentes y otorgando al director general suficiente poder y autonomía para organizar su equipo de alta dirección, sin reversar sus decisiones y apoyándolo en la conducción de la institución. Y algo fundamental, prescindiendo de elementos polarizadores que suelen aprovecharse, o más bien, generar crisis para pescar en río revuelto.
