Los repudiables hechos terroristas acontecidos el pasado 17 de enero en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander, en los que perdieron la vida cerca de 21 integrantes de la Policía y alrededor de 80 heridos, algunos de gravedad, han generado rechazo, dolor y miedo en la ciudadanía, transportándonos a los dolorosos momentos de terrorismo del narcotráfico y la guerrilla acontecidos durante los años 80 y 90 del siglo pasado.
Este episodio nos obliga, desde el Estado, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios económicos, medios de comunicación, congregaciones religiosas y ciudadanía en general, a actuar con prudencia y responsabilidad con las opiniones que emitimos a través de las redes sociales, fuentes con un altísima capacidad de comunicación y de difusión de mensajes de lo que piensan los usuarios de estos canales manteniendo permanente contacto con el resto de la humanidad. No todo lo que publicamos se ajusta a la verdad, pues algunos comentarios son emitidos en un estado de excitación y dolor, diciendo lo que se nos viene a la cabeza, sin medir el impacto que va a tener y podemos terminar siendo cómplices o idiotas útiles, amplificando mensajes de quienes están interesados en sembrar el odio y rencor entre la población que en últimas son los directos afectados por estos irresponsabilidades.
Debemos pensar en las víctimas, sus familias, así como en el daño colateral que genera este tipo de acciones terroristas y demenciales; la pérdida de credibilidad en la seguridad ciudadana, en los efectos negativos en el crecimiento económico, produciendo desconfianza en los mercados y en la inversión extranjera, así como en el fomento del turismo hacia nuestro país.
La difusión, bajo la excusa del derecho a la información, de imágenes impactantes de las víctimas mortales, alimentando la morbosidad y la insensibilidad hacia la vida humana solo con el objeto de ganar un mayor número de lectores y reproductores de lo publicado, acudiendo al dolor ajeno, se convierte en una guerra permanente contra la verdad y en una arma en contra de la reconciliación, la construcción de una cultura, de tolerancia y respeto en la diferencia de la ciudadanía.
No podemos confundir el derecho a expresar libremente nuestras opiniones, así sea desinformando, sin medir las consecuencias que ocasiona nuestras actuaciones. Todo esto en el entendido de que las diferentes herramientas que hoy nos brinda el desarrollo de la tecnologías en las comunicaciones deben cumplir una función de acercamiento entre las personas, para el fortalecimiento de los brazos de amistad y afecto, construyendo una cultura de convivencia en una sociedad y de rechazo a la violencia, de donde venga, como instrumento para dirimir las diferencias.
