Difícil olvidar los desgarradores gritos de uno de los 4 hijos de María del Pilar Hurtado que llegó al lugar donde yacía el cuerpo de su madre recién asesinada a tiros por dos motorizados una tarde de junio del 2019 en Tierralta, Córdoba. El menor tendría 8 años cuando sucedieron los hechos y el video de aquel momento todavía retumba en la memoria de millones que lo vieron. Su asesinato causó especial indignación en todo Colombia pero con el pasar de los días y las semanas, este pasaría a ser otro caso más en la vergonzosa cifra de al menos 250 lideres y lideresas sociales asesinadas en el país durante solo ese año.
A pesar de haber sido una importante lideresa en su comunidad, a María del Pilar sus amigos y conocidos la recuerdan sobre todo por su abundante carisma a pesar de las adversidades que ella misma enfrentaba. La sensibilidad que tenía la hizo una abanderada de causas sociales en todos los lugares a los que llegó como desplazada. De su natal Puerto Tejada, en el Cauca, Hurtado se tuvo que ir en el 2016 porque las amenazas de muerte que ahí recibía ya eran demasiado constantes e insoportables. Venía de denunciar la existencia de las denominadas ‘casas de pique’, lugares en los cuales los narcotraficantes y paramilitares, quienes habían hecho una alianza en la región, asesinaban, torturaban y desaparecían a la gente. Su esposo, Manuel Berrío, es oriundo de Tierralta y por eso ahí terminaron llegando.
Con absolutamente nada entre sus manos, María del Pilar Hurtado llegó a trabajar como recicladora y a vivir en un rancho que levantó con su esposo en un lote privado y deshabitado en un barrio de invasión más grande de Tierralta con alrededor de 17 mil personas en un área de 44 hectáreas. Acostumbrada a hablar y debatir, Hurtado rápidamente se hizo amiga de los vecinos que iban llegando, en su mayoría migrantes de Venezuela. Ella se convirtió en la vocera de dichas personas desde la primera vez que fueron desalojados por la fuerza por un Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los predios que habitaban irregularmente eran propiedad del entonces alcalde municipal Fabio Otero Avilez, quien sería suspendido por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el control del orden público.
Más de dos años después de su asesinato, las autoridades lograron establecer que la líder comunitaria, de 34 años, había recibido diferentes amenazas por parte de subestructura Javier Yépez Cantero del ‘Clan del Golfo’, liderada por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, por la labor social que ejercía en ese territorio. Y que detrás de su asesinato estuvo María Angélica Gómez Isidro, alias "La Paraca Loca", encargada de suministrar la ubicación exacta de la lideresa a los autores atentado. En primera instancia, Gómez fue condenada a 22 años de cárcel por homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
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