El Gobierno ha presentado una nueva reforma tendiente a lograr un equilibrio en los poderes de Estado, y aunque es usual que cada administración haga su propia reforma electoral, generalmente desconociendo la importancia de mantener una estabilidad constitucional, al menos esta no tendrá vigencia, sino en las elecciones de 2018.
En lugar de fortalecer el Congreso, este proyecto debilita su centralidad, disminuye su iniciativa, reduciéndolo al papel de ejecutor pago del ejecutivo, cuando su principal misión debería ser la de recoger las inquietudes e inconformidades de la sociedad, para convertirlos en leyes que beneficien al sistema político.
Algunas de las reformas tienden a anular los efectos de disposiciones previas o las vuelven inoperantes, al igual que las coaliciones para cargos uninominales de la reforma de 2011, debilitó y prácticamente anuló la candidatura única por partido, aprobada en 2003.
La reelección presidencial
La justificación principal de esta reforma es corregir la del 2004, que sin mucho fundamento, aprobó la reelección presidencial. El presidente Santos prometió acabarla en su campaña, por sus propios efectos negativos que han sido y siguen siendo objeto de muchas discusiones, lo cual fue un factor perturbador de la pasada campaña, que además contribuyó a polarizar a la opinión pública.
Las razones son muchas, por espacio menciono unas pocas: 1) el vicio de su origen por la manera espuria como fue aprobada; 2) el desequilibrio institucional causado por el poder de nominar a integrantes de los otros poderes e instancias, durante ocho años por un mismo presidente; 3) ni hablar de la gran ventaja, muy difícil de superar del presidente-candidato buscando la reelección.
Se supone además, que la reforma busca equilibrar los poderes públicos, efecto nocivo de la reelección, que la reforma de 2004, ni siquiera consideró, por la forma como fue aprobada, y a pesar de que el primer tema de la parte electoral de la actual, sea precisamente suprimirla, contradictoriamente acabando con la justificación de varias de las otras medidas propuestas.
No es explicable, que esta reforma que pretende derogar otra improvisada y hecha a imagen y semejanza de un presidente particular, resulte abriendo una caja de Pandora, que obligue a proponer otra para corregir los desatinos en el próximo gobierno.
Me refiero a los llamados “senadores regionales”, lo que automáticamente anula la única justificación del bicameralismo colombiano, como es el hecho de que el Senado representa a la nación y la Cámara a las regiones. No es válido decir que hay departamentos sin representación, pues si bien los elegidos no son oriundos de estos, sí obtuvieron votos dentro de dichos territorios. ¿Dónde queda además la representación de los partidos? ¿O es que estos tampoco representan a los territorios donde obtienen los votos?
El Senado regional ignora olímpicamente los principios del sistema electoral vigente, diseñado por la reforma de 2003, y hasta podría servir para que ciertos minipartidos burlen la barrera del umbral electoral.
El voto preferente
De igual manera el proyecto elimina el voto preferente, supuestamente para evitar el personalismo y la corrupción, proponiendo las listas cerradas y bloqueadas. Esto que pretende fortalecer los partidos, puede generar una corrupción peor que la actual, porque necesariamente las elecciones plurinominales serán de doble vuelta; la primera al interior del propio partido, retornando al criticado personalismo y a la corrupción. Sería en esta elección en la que se movilizarían los mayores recursos y triquiñuelas, por lo que acabaría por ser más importante y decisiva que la segunda vuelta, con el riesgo de hasta obtener menos votos que en la primera, lo que podría deslegitimar la elección de las corporaciones.
Por lo visto, se corre el riesgo de que sea peor el remedio que la enfermedad.
