Hace alrededor de dos meses, la viceministra de Educación, Natalia Ariza, concedió una entrevista a la Revista Semana para explicar la reforma a las licenciaturas que el Ministerio, en ese entonces, estaba preparando. Hoy en día, la reforma ya se firmó. Mediante el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la Resolución 02041 del 3 de febrero de este año, el Ministerio impuso una serie de condiciones de calidad que los programas de licenciatura de todo el país deben cumplir para poder obtener el registro calificado.
En dicha entrevista, la viceministra, aunque da cuenta fielmente de la política educativa del MEN y el Gobierno Nacional, llega a ser insípida al referirse a las críticas que varios estudiantes hemos hecho a todo este proceso de reforma. De igual manera, se queda corta al explicar las consecuencias reales de la resolución que se aprobó hace menos de dos semanas. A continuación quiero ilustrar varios detalles de este “revolcón”. Detalles que, hay que decirlo, hacen que muchos pensemos en la necesidad de darle marcha atrás a esta reforma, para que se lleve a cabo una diferente, de acuerdo con las condiciones objetivas de las universidades colombianas y conforme a las necesidades del país.
La cuna de la reforma
Para empezar, es necesario aclarar que los estudiantes estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Colombia, en todos los niveles. El movimiento universitario ha izado las banderas de la calidad académica por mucho tiempo, como se evidencia en los diferentes documentos que nos dejó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil entre el período 2011 – 2013. Por otro lado, reconocemos falencias existentes en los programas de licenciatura a lo largo y ancho del país, algunas de las cuales mencionaré más adelante. Sin embargo, no podemos compartir la forma en la que el Gobierno Nacional ha entendido y enfrentado estas problemáticas: la reforma a las licenciaturas busca profundizar el modelo educativo actual, lo que ha demandado del MEN un largo proceso.
Ojo ahí, fue un proceso que adelantó el MEN por sí solo, unilateralmente: no hubo estudiantes, ni universidades involucradas en la discusión. El decreto lo conocimos sólo después de que se aprobó. La resolución la conocimos a través de borradores confidenciales que fueron filtrados. Las reuniones entre estudiantes y el Ministerio fueron un intercambio de opiniones, no un diálogo ni un escenario democrático de construcción de la reforma: el MEN tenía sus tiempos y se negaba a discutir con cabeza fría los aportes que pudiera dar la comunidad académica. Además, dichas reuniones sólo se realizaron porque estudiantes de la Pedagógica y la Distrital se movilizaron exigiendo ser escuchados; de otra forma, el MEN nunca hubiera citado una reunión.
Esto se evidencia aún mejor en la mencionada entrevista a la viceministra. Esta se desarrolló a mediados de diciembre; lo repito, hace más de dos meses. No obstante, la revista Semana publicó la entrevista hace pocos días, una semana después de que la Resolución 02041 fuera aprobada y más de un mes después de que el decreto 2450 pasara. El Ministerio no quería que la sociedad colombiana conociera la reforma hasta que ésta fuera una imposición legal.
Los vacíos por llenar
Aunque la viceministra proclama que el objetivo de la reforma es fortalecer e invertir en los programas de licenciatura, la reforma en su conjunto no proporciona ningún apoyo a estos. El Decreto se encarga de establecer criterios de calidad para las licenciaturas, mientras que la Resolución profundiza en características específicas que deben tener los programas. En últimas, esta reforma exige mucho, pero no proporciona nada. Establecer parámetros para mejorar la calidad de las universidades puede ser positivo, pero esto se debe hacer reconociendo la realidad del panorama educativo nacional.
Y, ¿cuál es el panorama? La verdad es que en Colombia es muy fácil crear una institución universitaria y de dificultad moderada subir sus indicadores de calidad (los indicadores, no la calidad como tal). Lo difícil radica en que los estudiantes puedan pagar la matrícula, por lo que tienen que solicitar un crédito al ICETEX y de ahí en adelante es una historia que muchos ya conocemos. La educación en Colombia ya hace parte del mercado, se mueve entre los negocios más lucrativos.
Por otro lado, las universidades públicas –que no se lucran al garantizar el derecho a la educación–han tenido que luchar contra los azotes del abandono estatal durante los últimos años. La calidad en ellas se ha visto gravemente afectada, pues la inversión directa a las bases presupuestales de las universidades ha sido nula. Nosotros, los estudiantes, reconocemos la gravedad de este hecho y creemos necesario mejorar la calidad de nuestros centros educativos.
Sin embargo, es evidente que esto no se logra con amenazas ni exigencias por parte del Ministerio, como se hace en esta reforma. El Gobierno es responsable de la situación financiera de las universidades públicas, como tal debe procurar sacarlas de la crisis financiera en la que están inmersas. Un plan de recuperación financiera de la universidad pública no se incluye en el Decreto 2450 ni en la Resolución 02041. Y estamos seguros de que, lastimosamente, no se está desarrollando ningún plan en este sentido en el Ministerio.
Desconocer el déficit presupuestal de la Universidad Pública es profundizar este sistema de endeudamiento y exclusión.
Los sapos que no nos queremos tragar
Algunas de las condiciones que plantea el Ministerio en la reforma las compartimos. De hecho, algunas son necesidades que las universidades públicas deben suplir, con el apoyo del Gobierno, claro está. Elementos como una infraestructura adecuada, una planta docente suficiente y cualificada, y la garantía del bienestar universitario son esenciales para el quehacer educativo. Sin embargo, el Ministerio debería estar promoviendo y financiando programas para mejorar estas condiciones en las Instituciones de Educación Superior –IES– públicas, antes que empezar por exigir resultados. Más arriba mencionaba que la calidad de la educación superior pública ha bajado, y eso ha sucedido precisamente por la ausencia parcial o total de factores económicos favorables.
Por otro lado, se mencionan en el Decreto y en la Resolución condiciones de calidad con las que no estamos de acuerdo, pues consideramos que su implementación sería lesiva.
El primero de ellos refiere también a la financiación, puesto que en el Decreto se plantea que las IES son las responsables de comprobar la viabilidad y estabilidad financiera necesarias para la oferta de programas de licenciatura. Además, deben, según el Ministerio, demostrar políticas y procedimientos institucionales de gestión presupuestal, al igual que la viabilidad económica del programa. ¡Esto es impresionante! ¿Quién más que el Ministerio puede garantizar esto en una Institución Pública? Esto no es más que seguir empujando a la Universidad Pública a buscar recursos propios para poder sobrevivir; como dije anteriormente, se profundiza la política educativa del Gobierno, ya plasmada en el Acuerdo 2034 y en la enterrada Reforma a la Ley 30.
Por otro lado, está el aspecto que considero central de la resolución, el más revolucionario: los 50 créditos de práctica pedagógica. Para entender el impacto que esto podría generar en una malla curricular, es necesario tener en cuenta que el número de créditos totales de los programas de licenciatura oscila entre los 120 y los 160. Dicho esto, sobra una operación matemática para entender que, en muchos casos, los 50 créditos de prácticas pedagógicas pasarían a constituir más de la tercera parte de la carrera.
Esto nos lleva a preguntarnos algo: ¿Es verdad eso de que se aprende haciendo? Yo creo que sí. Sin embargo, creo que haciendo sólo se aprende a hacer, no a pensar sistemáticamente, no a reflexionar críticamente, menos a investigar con profundidad. Me refiero a que el énfasis excesivo en la práctica pedagógica no hace más que recortar la labor docente, situación que encuentro en extremo lesiva para las necesidades del país. Al día de hoy, se necesita formar educadores integrales, se necesita fortalecer el posacuerdo con pedagogía para la paz, y esto necesita de gente formada para la educación de ciudadanos y sujetos políticos más que para enseñar unos cuantos contenidos de un reducido campo del conocimiento. No son ni serán suficientes aquellos docentes que sólo tienen conocimientos de lo que enseñan por inercia, aquellos que enseñan conceptos que a duras penas manejan. Necesitamos docentes investigadores, críticos, con plena formación en su área, docentes que conozcan la historia del país y su realidad actual. Repito, estas cualidades no se adquieren en el “aprender enseñando”.
El revolcón en las universidades
Con todos estos elementos claros, podemos entrar a analizar las consecuencias que esta reforma va a generar en las universidades, a menos que algo extraordinario ocurra. Estas consecuencias son, básicamente, dos:
En el primer caso, están las universidades públicas que definitivamente no tienen los recursos suficientes para cumplir las condiciones que exige el MEN. Estas son, lastimosamente, la mayoría de las universidades del sector público del país. En ellas se volvería necesario cerrar programas, dejar de ofertarlos, para reducir costos y poder enfocar el bajo presupuesto disponible en unos pocos de sus programas actuales. En ese sentido, estos programas perdidos, le cerrarían la posibilidad de ser licenciados a muchos jóvenes cuya vocación está en la docencia y no tienen el poder adquisitivo suficiente para estudiar en una universidad privada sin endeudar a sus familias.
Por otro lado, está el caso de las universidades públicas que, momentáneamente, sobrevivirían a esta mutilación masiva; además, están todas las universidades privadas que ofertan programas de licenciatura. Todos, absolutamente todos los programas de licenciaturas del país deben reformar su malla curricular para incluir 50 créditos de práctica pedagógica. Esto significará, en la mayoría de los casos, un perverso recorte de contenidos disciplinares y de fundamentación, que dejará a los estudiantes sin unas bases necesarias para la reflexión pedagógica, a los departamentos y las facultades sin capacidad investigativa y a los profesores del futuro sin bases teóricas suficientes que orienten el ejercicio de su profesión.
En últimas, la reforma a las licenciaturas es la profundización del modelo actual del Gobierno en el sentido de seguir avanzando hacia la extinción de la universidad pública colombiana. Algunas universidades privadas como la Universidad de Los Andes han empezado a ofertar estos programas para aprovechar la demanda creciente y el debilitamiento y desaparición próximos de los programas de licenciatura de las universidades públicas. Esta política del Gobierno Nacional surge como complemento del Programa Ser Pilo Paga, que no ha sido más que la cesión de recursos públicos a universidades privadas, financiando (con peligro de endeudamiento) a 40.000 “pilos”, con fondos que serían suficientes para pagar la educación de medio millón de jóvenes en universidades públicas. Por añadidura, el programa Ser Pilo Paga 2 ofrece mil becas adicionales a bachilleres que deseen estudiar licenciaturas. Es más que evidente que el Gobierno Nacional burla y afecta a las universidades públicas con esta reforma.
Para concluir, quiero resaltar que esta reforma pone un límite de dos años para que las universidades cumplan con las condiciones planteadas, pues de lo contrario no se otorgaría el registro calificado y los títulos de los egresados perderían toda legitimidad. Esto va a pasar a menos que algo extraordinario ocurra, algo extraordinario como lo que los estudiantes preparamos con el Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas, en el que esperamos una participación masiva de los licenciados en proceso de todo el país. No estamos dispuestos a permitir que tal reforma se lleve a cabo en nuestras universidades, pero para lograr el freno a la referida reforma necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía.
Es indispensable que los colombianos se preocupen por la formación que recibirán sus hijos y nietos. Los estudiantes de licenciaturas somos un factor clave en el futuro del país, por eso necesitamos dignificar y cualificar la formación docente.
