O no es lo mismo estar con el establecimiento, disponiendo del poder y representando el establecimiento, que buscar el cambio, sin más instrumentos que la lógica, la dialéctica y la retórica.
La diferencia entre el tratamiento dado al proceso de paz de Santos y lo que está tratando de hacer Petro lo ilustra.
Con Petro es casi traición a la patria el establecer diálogos con la guerrilla, escandaloso tratar con delincuentes, e inadmisible hacerlo con terroristas culpables de violar los derechos humanos.
Y si se hace tiene que ser con trasparencia, involucrando todos los estamentos, y todo bajo el control de todas las ías, el Congreso, las vocerías gremiales, etc.
En el caso de Santos se negoció con el grupo más grande, más agresivo y más caracterizado como enemigo del Estado. Y las conversaciones fueron bajo un secreto absoluto, en manos del hermano del presidente Santos, ajenas a cualquier participación diferente, ya que el ‘Acuerdo de la Habana’ fue en la práctica el texto pactado previamente en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
El contenido o lo negociado en ese acuerdo fue lo que no se acepta pueda intentar adelantar Petro. Las condiciones pactadas lejos de ser una rendición o un sometimiento fueron un tratado en el cual se accedía a darles a las Farc lo que había sido el objetivo de su insurgencia (siempre fue en forma monotemática la Reforma Agraria) y se remplazó la Administracion de Justicia por una Justicia Transicional que les garantizara lo que no lograron por las armas (reconocimiento político, cuasi impunidad, apoyo económico).
A Petro se le ataca porque sus propuestas son vistas como potencialmente atentatorias del orden Constitucional, mientras el trámite del llamado fast track fue abiertamente ilegal e inconstitucional sin que un pronunciamiento al respecto detuviera la decisión del gobierno de seguir adelante, para lo cual inventó un ‘referendo’ no contemplado en nuestro ordenamiento. Ante el resultado en contra -debido en parte a la oposición al contenido pero también por la manera que se había manejado- y saltándose una vez más nuestro régimen Constitucional, se acudió al Congreso para desconocer olímpicamente lo que se manifestó como la voluntad democrática, dándole al Acuerdo del Colón la categoría y obligatoriedad que se había rechazado cuando era el de La Habana (nunca se ha explicado cómo se sustituyeron lo textos enviados a los órganos internacionales -ONU, países garantes, Comité de la Cruz Roja Internacional-)
Por un supuesto ingreso que ya se aclaró que no existió, se pretende la ilegitimidad de la elección por una supuesta violación a los topes, cuando sin ninguna consecuencia el responsable del manejo de la campaña Santos reconoció los 400.000 dólares destinados a los afiches pagados en Panamá como parte de lo que hoy se conoce de Odebrecht.
Para entonces no importaba que el fiscal Néstor Humberto Martínez fuera tan reconocido (y tal vez escogido) por lo marrullero, pues había pertenecido a todos los gobiernos anteriores (y posteriores), y quien como ministro había tenido que renunciar ante la inminencia de un Moción de Censura por el Congreso. En cambio, hoy se aplaude a quien explícitamente expresa su oposición y desagrado por las políticas del gobierno y la personalidad del primer mandatario, al punto de volverse un protagonista político como cuasi jefe de la oposición.
Valga la aclaración de que, a pesar de lo cuestionable en cuanto al desarrollo y los resultados de lo logrado en aquel ‘Acuerdo’, lo que aquí se intenta no es descalificar su contenido pues en algo fue un avance hacia la Paz. Pero los caminos utilizados contrastan con lo que se exige al actual proceso (los cuales son hasta el momento lo que Petro ha respetado).
Lo que se evidencia es que la defensa del statu quo es inevitablemente enemiga de quien lidere la voluntad de cambio. Y que quienes con ataques a la persona de Petro (a familiares, enfermedades, incumplimientos, etc.) y con el cuento de una ‘amenaza comunista’ que no existe, lo que buscan es impedir los cambios que el país necesita y por los que la población votó. Son solo estrategias para no debatir y resolver sobre las propuestas que se presentaron y fueron aprobadas por el electorado, las cuales, recibidas como mandatario, tiene la obligación de tratar de implementar.
