Expidió el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el decreto 523 del 7 de abril de 2020 por medio del cual se modifica parcialmente el arancel andino de aduanas para importar maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya. En la norma citada se toman decisiones para permitir la libre importación —durante tres meses y prorrogables otros tres— de las materias primas señaladas.
La libre importación se hará sin pagar aranceles y, por solicitud del Ministerio de Agricultura —que es quien propone la modificación arancelaria—, con unos topes “durante la vigencia de la medida*” que no podrán “sobrepasar el volumen de importaciones de 2019”* y, por tanto, sugirió hacer seguimiento sobre los siguientes volúmenes: “para el maíz amarillo duro 2.400.000 toneladas, para el sorgo 24.000 toneladas, para la soya 600.000 toneladas, y para la torta de soya 1.519.787 toneladas”* en las respectivas partidas arancelarias.
Se explica en los considerandos del decreto, además, que “las importaciones de maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya alcanzaron en 2019 un volumen de 7.6 millones de toneladas valoradas en USD$ 1.691 millones, al ser un insumo principal para la producción de alimentos balanceados; y que los costos de las cadenas productivas porcícola y avícola resultan dependientes en su estructura de costos (incluyendo la materia prima como el maíz, otra maquinaria e insumos veterinarios) de la cotización del dólar*”.
Acota a continuación que: “debido a la caída del precio mundial de referencia del petróleo y la incertidumbre de los mercados por la situación global, el precio del dólar ha incrementado en los mercados emergentes, cotizándose en promedio al 16 de marzo de 2020 en $4.099,93, lo que ha dificultado la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya”* lo que a decir verdad no es cierto ya que “el precio del maíz, en el mercado mundial, ha bajado más del 20%”**.
Y remata con la siguiente confesión “que las materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya son deficitarias en su producción en el país e impactan hasta el 85% de los costos de producción de bienes de la canasta básica familiar como la carne de cerdo, el pollo, el huevo y el pescado, entre otros” *.
La situación no puede ser peor. Durante más de 25 años, quienes gobiernan la nación impulsaron la destrucción de los cultivos de maíz, sorgo y soya, obligándonos a pasar de ser prácticamente autosuficientes —como lo fuimos hasta 1992— a ser preponderantemente importadores netos. Lo hicieron con el argumento de “entregar alimentos baratos a los consumidores colombianos”, el mismo que hoy esgrimen para modificar la franja andina de precios y permitir el ingreso de hasta 4 millones y medio de toneladas de estos alimentos. El fracaso de la política es evidente. Corren a rebajar los aranceles para aprovisionar el mercado ya que “el escalamiento de la pandemia del COVID-19 representa una amenaza global con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables, incrementando la volatilidad de los mercados, de lo cual Colombia no está exenta” *.
Es ahí adonde queríamos llegar. Cuando consumaron la apertura económica y, después, los tratados de libre comercio, TLC, académicos, economistas y organizaciones gremiales advirtieron a quienes gobernaban que dejar nuestra seguridad alimentaria en manos de la producción extranjera era un error garrafal que podría costarnos una hambruna si, aquellos a quienes compramos los alimentos dejarán, por cualquier razón, de vendérnoslos.
Hoy estamos corriendo ese riesgo, y aunque no se dice en los considerandos del decreto cuantas toneladas hay en existencias, lo cierto es que si no nos llegaran a vender Estados Unidos o el Mercosur se morirían millones de cerdos, pollos y peces en el país. Pero, además, la delgadez de la soberanía nacional es colosal. Solo con que Estados Unidos amenace con no vendernos la comida que se requiere podría obligar más decisiones de quienes gobiernan contra la nación.
Para concluir señalemos que respaldamos el reclamo de la Federación Nacional de Cerealeros, FENALCE, sobre el decreto expedido. Este se debe derogar o modificar a fin de garantizar que se compre, a precios remunerativos y estables las cosechas de sorgo, soya y maíz sembradas por los agricultores colombianos y se les dé —igual condición— a las que han de sembrarse en la altillanura, la región caribe y el alto magdalena, entre otras regiones. También deben establecer medidas de control para que lo que se importe no termine vendiéndose a los colombianos en las plazas de mercado como alimentos para seres humanos, cuando se importa para alimentar animales, dado que no cumple los estándares de calidad y sanidad para el consumo humano.
Pasada la pandemia el gobierno insistirá en el “libre comercio” y los TLC, Dignidad Agropecuaria insistirá en luchar por la soberanía y la seguridad alimentaria. Que este pulso sirva de acicate para las contiendas que habremos de enfrentar.
*Decreto 523 del MINCIT abril 7 de 2020
**Carta de FENALCE al Presidente Duque 8 de abril de 2020
