Suceden cosas incomprensibles como que pueda presentarse como defensor de la democracia, de la defensa de los Derechos Humanos, de la solidaridad, quien ha sido exponente en forma desafiante del racismo, del sexismo, quien abusa del autoritarismo, del poder del dinero y de la reividicacion del ‘todo vale’. Que Trump resulte ser identificado y aceptado como el abanderado y el colíder (con nuestro Duque) de la ‘batalla humanitaria’ contra Maduro resulta por lo menos desconcertante.
Pero es que ya hasta lo más incomprensible pareciera ser posible.
Es lo que sucede en el caso de la vinculación de Santrich a los sobornos que se descubrieron al señor Bermeo, fiscal de apoyo de la JEP.
Nada más contradictorio que la eventual posibilidad de que quien ha sido sentenciado como parapolítico acabe siendo acusado -él y todo su equipo- de organizar una conspiración delictuosa para beneficiar a un guerrillero. Más absurdo aún cuando el instrumento o camino que habrían escogido sea inconducente, puesto que ni los fiscales suponen tener ascendencia sobre los magistrados, ni en el caso concreto la sección a la cual pertenecía el funcionario de la JEP incurso en el delito pertenece o tiene relación con la sala donde se decide la suerte de Santrich.
Surgió además la incógnita de dónde aparecen los recursos para ese cohecho, ya que sería sorprendente que el mismo Santrich dispusiera personalmente de ellos, o que en verdad la antigua organización Farc guerrillera subsiste en alguna forma clandestina para manejar dineros ocultos. Sobre todo porque ante esta última posibilidad aparecerían dos opciones, a cual más difícil de comprender: una, que el destino y manejo de esos recursos fuera el implementar su inserción a la actividad política y no su eventual retorno a la guerra, caso en el cual sería insólito que los destinen a defender mediante acciones ilegales lo que tendrían que suponer que es una desviación de lo que están adelantando; no tendría sentido que si consideran que las acusaciones contra Santrich son ciertas, eso llevara a que quienes a nombre de la guerrilla y en su calidad de dirigentes han definido un camino, lo abandonen por defender a quien se salió de él. La otra sería que para ellos detrás de todo el trámite del Acuerdo de Paz existiera la idea que se podía simultáneamente abandonar la posición de insurgentes y seguir el negocio del narcotráfico, y que Santrich hubiera sido el encargado de ese ‘departamento’, teniendo por eso que acudir a ‘liberarlo’.
Sin embargo, más difícil de entender es lo que acabó siendo la realidad al informar la Fiscalía que los recursos fueron suministrados por ella misma.
Nos encontraríamos ante un ‘entrampamiento’ (es decir el montaje de las condiciones para incitar a alguien a cometer un delito para después acusarlo de intentarlo) lo que significaría que la Fiscalía habría engañado a quienes acabaron siendo los delincuentes para lograr acusarlos de lo que le interesaba.
Si la iniciativa no fue por el lado de SantrIch; y si los que lo montaron -la Fiscalía-
dicen que descubrieron ese plan, el objetivo de ese entramaje
iba a hacer creer que se estaban cometiendo delitos para impedir su extradición
Si eso es así, si la iniciativa no fue por el lado de SantrIch; y si los mismos que lo montaron -la Fiscalía- dicen que descubrieron ese plan, el objetivo de ese entramaje se orientaba a hacer creer que se estaban cometiendo delitos para impedir su extradición.
Y esto con el propósito ulterior de desprestigiar a la JEP: por un lado, mostrando la corrupción del funcionario como si esto fuera una muestra representativa de quienes la componen; por otro, atando el caso y volviendo a poner el foco sobre el debate que gira alrededor del tema de la extradición de Santrich.
Como en el momento parece que los cargos que se imputarán serán referidos solo al delito de narcotráfIco (el envío anterior de cocaína a Italia, y el plan de repetir el negocio), solo falta que la Fiscalía no solo no acuse sino no pruebe la culpabilidad y la participación de Santrich en este soborno para que nos encontremos ante la nueva modalidad de un falso positivo jurídico.
