Después de que la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excongresista Arturo Char se solicitó a la Interpol que emitiera una orden de captura internacional de circular roja, la cual se hizo efectiva en el aeropuerto de Soledad Ernesto Cortisoz.
Tal hecho ha generado alarma en el entorno del candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char y, hermano del imputado, puesto que el mandato del actual fiscal general de la nación Francisco Barbosa, adverso al gobierno del presidente de Colombia finalizará a mediados de febrero del próximo año. Evidentemente, ante este contexto la nueva funcionaria que asumirá el cargo impulsará la causa penal Merlano, relacionada esta con la corrupción electoral.
El candidato a la alcaldía de Barranquilla Alex Char tendría que haber previamente analizado, en compañía de los demás jefes políticos que lo apoyan para no presentarse hasta que no se resuelvan todos sus procesos penales en su contra, de modo que se pudiera evitar importantes gastos estatales entre otros hechos relacionados.
Ahora, bien el actual fiscal general Francisco Barbosa dejará su cargo el 12 de febrero de 2024, una mujer de la terna remitida a la corte suprema por el presidente Gustavo Petro sería la que ocuparía el puesto. Esto demuestra que el caso penal Merlano que investiga desde el 2019 el ente acusador y, el cual se encuentra sumido “En los brazos de Morfeo”, sufrirá indudablemente un cambio vertiginoso de eficiencia y celeridad.
Se espera si Alex Char gana la alcaldía en las próximas elecciones del 29 de octubre de 2023, su mandato no excederá dos meses, pues podría ser detenido por las autoridades judiciales. Como el proceso criminal del “Man de la cachucha” son los mismos hechos que está conociendo la sala especial de instrucción de la Corte Suprema y, tiene a su hermano Arturo Char recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano “La Picota” de Bogotá.
El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria tendrá que compulsar copia a la fiscalía general de la documentación que integra hasta el momento el expediente para que por competencia investigue las presuntas conductas punibles concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados u otros.
Las autoridades deben poner fin a las avalanchas de solicitudes de los abogados defensores para que investigados y condenados con privilegio de aforados o no, pidan estadías en batallones militares, como de hecho es lo que está sucediendo en Colombia.
Ahora, esta categoría de reclusos que son de la costa caribe pide a gritos que sean internado en el Batallón de Ingenieros Vergara Velasco de Malambo, en la Infantería de Marina en la Base Naval de Cartagena de Indias entre otros.
Si en Barranquilla el Inpec no presta un servicio idóneo para un poco más de 6000 detenido con medidas de aseguramiento privativa de la libertad en residencia ya que este organismo solo tiene en la urbe 5 funcionarios para vigilar a los detenidos en sus hogares. Lo cierto es que estas unidades castrenses no están dotadas para salvaguardar la integridad corporal ni la vida de los prisioneros porque no son lugares especializados en el ámbito penitenciario y carcelario.
Solo queda decir que la polarización ideológica de los funcionarios estatales como la procuraduría y la fiscalía general de la nación no pueden caer en el abismo del sectarismo partidista en razón a que traería consigo una desestabilización de la seguridad y un riesgo para que la criminalidad galope inmisericordemente bajo los ojos desesperante de la justicia.
