Ya aparecieron los que buscan lavarle la cara al régimen genocida del uribismo, montarse en la farsa de un “diálogo” interminable y mentiroso del que ahora habla la dictadura de Iván Duque, después de asesinar a más de 40 colombianos, de herir, torturar, detener y desaparecer a miles de ciudadanos, en incontables actos de represión y violación de los derechos humanos contra el paro nacional.
Quienes así hablan no leen el querer del pueblo en las calles, que todos los días se moviliza de manera multitudinaria, pacífica y espontánea, y resiste con rabia y valor contra la oligarquía, culpable de la violencia y la exclusión social a lo largo de la historia de nuestro país.
¿Ahora resulta que tenemos que salir a “salvar” a Duque para evitar que siga “secuestrado” por Uribe, cuando todos sabemos que es un fiel mandadero del matarife y cumple a pie juntillas sus órdenes infames?
Ojo, señores, el pueblo está en las calles, más allá de muchos dirigentes, construyendo en la movilización y la protesta la agenda de exigencias, que complementa las del paro iniciado el 21 de noviembre de 2019 e interrumpido por el confinamiento de la pandemia en 2020.
Es la hora de no claudicar ante la dictadura que está asesinando a nuestros jóvenes en las calles, y de reclamar el enjuiciamiento de Álvaro Uribe, quien dio la orden de disparar contra el pueblo en trino criminal archiconocido.
Es la hora de que su lacayo Iván Duque; su ministro de guerra, Diego Molano; el comandante del Ejército, el chafarote Enrique Zapateiro, y el director de la Policía, Jorge Vargas, respondan por la matanza en Colombia.
Es la hora también de que, por su complicidad en las masacres en Cali y el Valle del Cauca, respondan el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, quienes no solo no han hecho nada para proteger al pueblo de la brutal represión del régimen, sino que han aparecido para felicitar a Duque y Zapateiro por sus crímenes.
La cobardía y la felonía de este par de burócratas, el primero del Partido Verde y la segunda del Partido de la U, no tendrá perdón del pueblo jamás: la historia los remitirá al ostracismo político.
Ya un grupo de juristas y defensores de los derechos humanos de Cali instauró una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde y la gobernadora por su connivencia con la represión en Cali y el Valle del Cauca, que deja por lo menos 30 personas asesinados y centenares de heridos y detenidos.
Pero la responsabilidad política abarca a toda la sarta de funcionarios de bolsillo de la dictadura uribista, como la “procuradora”, Margarita Cabello, y el nefasto “defensor” del Pueblo, Carlos Camargo, quien en medio de las masacres se fue a su casa de recreo en Anapoima y produjo desde allá un video propagandístico plagado de cinismo.
Ambos burócratas tienen como misión constitucional la defensa de los derechos humanos de la población, función que incumplieron, porque estaban defendiendo los intereses del régimen y de sus amanuenses.
También debe responder la comisionada de “derechos humanos”, Nancy Gutiérrez, quien para lo único que se ha pronunciado ha sido para afirmar una barbaridad: que esos derechos solo se los reconocerá a quienes “cumplan con sus deberes”, refiriéndose a no ejercer la protesta.
Todos estos funcionarios no han hecho otra cosa que cumplir las órdenes del gran capo, Álvaro Uribe Vélez, quien es el primer responsable de los crímenes de Estado que la dictadura de su mandadero y sus chafarotes vienen cometiendo contra el pueblo colombiano, con especial énfasis contra el pueblo de Cali, sometido a una represión brutal y al que le están cobrando sus multitudinarias movilizaciones pacíficas en las calles, barrios, avenidas y carreteras contra el uribismo.
El odio uribista contra cali
Cali es la capital antiuribista del país, y ello explica en gran medida el odio de la dictadura contra el pueblo caleño, históricamente libertario, desde las épocas de la Independencia hasta las icónicas jornadas del 26 de febrero de 1971 y el paro cívico nacional de 1977, en las que la juventud y los trabajadores ofrendaron sus vidas contra la injerencia extranjera y los gobiernos del bipartidismo segregador.
En esta ciudad se han cumplido a lo largo de toda la semana, desde el miércoles 28 de abril hasta el este jueves 6 de mayo de 2021, decenas de multitudinarias manifestaciones del pueblo, en puntos medulares de la urbe, como Puerto Resistencia, Sameco, Paso del Comercio, Parque de los Artesanos, Siloé, Estación Universidades, Portada al Mar, La Luna, Puente de los Mil Días, Calipso y una decena de puntos más.
El 2 de mayo, en la Carrera 1 con Calle 62 de Cali, cuando se cumplía una velatón en homenaje a las víctimas, fue asesinado por la Policía el joven artista Nicolás Guerrero, en un acto cobarde del que fueron testigos más de cien mil personas que seguían en vivo una transmisión por Facebook realizada por un valiente reportero virtual, que hoy está siendo perseguido por el régimen.
En Siloé y barrios contiguos del suroccidente fue atacada su población durante varias noches seguidas, con cortes del fluido eléctrico y del servicio de internet, y asesinadas por la policía cinco personas, entre ellas los deportistas Kevin Agudelo y Harold Rodríguez.
En el sector de La Luna, el Esmad de la policía agredió toda una tarde y noche a jóvenes que resistían en la Autopista Sur Oriental y causó numerosos lesionados.
Luego, la misma fuerza pública produjo el incendio del Hotel La Luna, donde guardaba una apreciable cantidad de material de represión, hecho que la propaganda uribista le endilgó de manera mentirosa a los manifestantes
En la vecina Yumbo, el paro de la producción fabril ha sido total y se mantiene, como en Cali y todo el departamento, de manera indefinida, con presencia masiva en las calles, a pesar de la militarización, la represión y las víctimas de esta, que ha dejado centenares de heridos y una persona asesinada.
De igual manera, en Palmira la protesta ha sido destacada y fue brutalmente atacada por las fuerzas violentas del Estado, tanto que escenificó una batalla campal en cañaduzales de la recta Cali-Palmira que dejó seis personas lesionadas.
En Buga, más de 60 personas resultaron heridas con disparos hechos por las fuerzas del Estado desde helicópteros.
Honrar la memoria de los caídos
En otros departamentos, los casos de violación de los derechos humanos se cuentan por montones: en Ibagué, el 1 de mayo, la policía asesinó al joven Santiago Murillo, con heridas de bala.
En Barranquilla, el 6 de mayo fue asesinado otro estudiante con la brutal descarga de un chorro de agua efectuado desde una tanqueta de la policía, la cual le originó una afectación cerebral irreparable.
Pero tal vez uno de los casos que más ha conmocionado a los colombianos ha sido el de Lucas Villa, un artista, un hombre de paz, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, vilmente asesinado, el 5 de mayo, por individuos que se movilizaban en un carro blindado y dispararon contra una manifestación pacífica que se cumplía en el viaducto que comunica a la capital del Risaralda con Dosquebradas
El hecho ocurrió días después de que el alcalde de Pereira llamara a gremios, sector privado y ciudadanía a “unirse” contra los participantes en el paro.
Los casos de torturas, detenciones, desapariciones, apaleamientos, comunidades gaseadas y agredidas a balazos se multiplican por miles.
En honor a todos los caídos y víctimas de la violencia oficial, el pueblo en las calles dice no al “diálogo” tramposo propuesto por el uribismo y reclama soluciones sin dilaciones.
Como hemos dicho, el paro en movimiento viene definiendo sus propias agendas nacionales, regionales y locales, que se pueden resumir de la siguiente manera:
Exigencias del pueblo movilizado
1. Castigo para los responsables de la masacre contra el pueblo colombiano, empezando por el jefe del régimen, Iván Duque, su ministro de guerra, Diego Molano, y los alcaldes y gobernadores cómplices.
2. Castigo al “defensor” del Pueblo, Carlos Camargo, y a la procuradora, Margarita Cabello, y demás burócratas del Ministerio Público, así como a los personeros municipales que han incumplido su deber de protección de los derechos humanos de la población.
3. Cumplir efectivamente con el retiro del proyecto de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso.
4. Revocatoria de la reforma tributaria de 2019.
5. Freno al proyecto de ley que precariza aún más el sistema de salud en Colombia y se tramita actualmente en el Congreso.
6. Castigo para los responsables de los crímenes de Estado, las masacres y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz.
7. Rechazo a la pretendida reforma del gobierno contra los derechos pensionales de los colombianos.
8. Rechazo a la pretendida reforma que radicalizaría el sistema laboral neoliberal en el país.
9. Renta básica, subsidio a la nómina para el pueblo, con el fin de sobrellevar la pandemia.
10. Vacunación universal contra la covid-19.
11. Medidas contra la corrupción, que usurpa 50 billones de pesos al año.
12. Cumplimiento del acuerdo de paz, especialmente en lo atinente a tierras.
13. Cumplimiento de los acuerdos regionales y locales represados desde años anteriores, de manera especial los que quedaron pendientes luego del paro nacional del 21 de noviembre de 2019.
Llegamos este viernes 7 de mayo al décimo día del paro nacional. El pueblo empoderado en asambleas populares, de calle, plazas y carreteras sigue reclamando soluciones, empezando por el juicio a los responsables de masacrar al pueblo en las calles.
