No sé si usted ha visto “Alerta aeropuerto”, un programa de NatGeo en la que muestran la dolorosa realidad a la que se enfrentan quienes se arriesgan a servir de mulas, o traficantes de drogas. Bueno, pues cada que descubren a un incauto de esos porque la prueba del polvito que llevan (cocaína) se torna azul, los agentes dicen: “positivo para cocaína”.
Hemos asistido entre risas, memes y hasta rabia por lo absurdo, a operativos que bien podemos nombrar como “positivo para empanadas”. La Personería Distrital alertó en agosto de 2018 sobre el subregistro de vendedores ambulantes en Bogotá, por lo que propuso la creación de un comité para generar soluciones concretas para esta población y adelantar un censo.
Las cifras, según lo publicado entonces por el Ministerio Público Distrital, fluctúan en números tan infinitamente distintos, que francamante no se entiende qué es lo que está buscando demostrar la Policía. Registros de medios de la fecha mencionada, dicen que en un comunicado este organismo de control aseguraba que el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto para la Economía Social (IPES), a 9 de agosto de 2018, reportaba 51.605 personas reconocidas por las Alcaldías Locales. El propio IPES, en otra base de datos incluye a 29.992 vendedores más, para un total de 81.597. Pero el documento también decía que “lo único claro es que existe un subregistro”, y que según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE, había en ese momento unos 176.000 vendedores informales en Bogotá.
¿Cuántos vendedores ambulantes se dedicarán al negocio de empanadas? Pues ni idea. Lo cierto es que me parece una burda aplicación de un Código de Policía muy cuestionado desde su actualización, o su relanzamiento, o su rediseño, o como le quieran poner. Ahora bien, hay que decir que es tan absurdo multar a vendedores y a consumidores de empanadas únicamente, como también que los medios sigan pegados solo de la empanada, porque la real razón es el mal uso del espacio público de quienes la venden, y el apoyo a esta actividad de quienes la compran. Pero los operativos son tan traídos de los cabellos, que no dan para más.
De seguir así, me refiero con la campaña “positivo para empanada”, ¿qué programa hay para reubicar a este sector de la sociedad que encontró en esa actividad comercial informal la forma de sobrevivir? Pero antes que esto, y ampliando la carta de venta de productos, ¿qué hacer con todas mafias de ventas callejeras que van desde dueños de andenes, separadores, esquinas, semáforos, etc., etc., etc.? ¿O las de gigantes empresas ilegales que se ahorran impuestos, prestaciones sociales y sueldos fijos explotando a humildes vendedores callejeros que les sirven de mampara para ganar muchísimo dinero vendiendo empanadas, mango biche, chontaduro, helados y hasta “chicas, chicas, chicas”, como ofrecen en Chapinero?
He visto los furgones que llegan a muchas esquinas
con el kit completo para cada vendedor:
contenedor de icopor con empanadas, superfrasco de ají, servilletas…
He visto los furgones que llegan a muchas esquinas de la ciudad con el kit completo para cada vendedor: un contenedor de icopor con empanadas de todos los sabores, el superfrasco de ají con cuchara, las servilletas, una mesa para ubicar todo el equipo, un butaco para el vendedor y una riñonera para la plata; y ni piensen en la higiene de ese baile entre plata, grasa… ¡No se diga más!
Es que hasta las empresas legales sucumbieron a la tentación de las grandes ganancias que deja la informalidad. ¿O de quién son los helados? ¿Y las Popetas? Todos muy elegantes y muy uniformados, con neverita o carrito con timbre, o con morral… ¿Pero y las garantías laborales para quienes se paran bajo el sol o la lluvia? No hay control.
La Personería Distrital creía hace seis meses que si bien el Instituto para la Economía Social (IPES) había hecho esfuerzos para atender a los vendedores ambulantes, este organismo no tiene la capacidad económica y administrativa para enfrentar las necesidades de una población cuyo crecimiento es superior a las posibilidades de cualquier gobierno local para soportar esa carga social. De hecho, señaló en su comunicación a los medios que al parecer la Bogotá Humana infló las cifras de atención a los vendedores informales, pues dijo haber atendido a 12.000 personas beneficiadas con los programas, cuando la realidad muestra que solo se atendieron 3.000. Y si a esto se le suma que la asignación presupuestal pasó de $142.7 millones a $144.4 millones en pesos constantes, es decir, creció solo el 1,2 %, pues con las empanadas pasará lo mismo que con las ollas de consumo de drogas: las cierran en una calle, sancionan a los cuidanderos y expendedores, pero dejan tranquilos delinquiendo a los grandes capos que corren su negocio unas cuantas cuadras y siguen ganando chorros de dinero.
Pregunto de nuevo: ¿qué es lo que quiere demostrar la policía?
¡Hasta el próximo miércoles!
