A la boda de su hija, Natalia Ordóñez Hernández, realizada en el Templo de San Agustín, a un costado de la Casa de Nariño, asistieron 635 invitados. Ninguno de ellos había sido testigo de un matrimonio efectuado bajo el embrujo de la misa tridentina, un rito celebrado entre 1545 y 1563 en donde el sacerdote oficiaba en latín y dando la espalda al público. La gran mayoría quedó deslumbrada ante el cuaderno de 25 páginas que servía de guía para el ritual y que entregaban, como un souvenir más, en la entrada del templo. Allí quedaba claro cuando debían arrodillarse, levantarse, decir los coros en latín o en español. Ese día el país se dio cuenta del poder que tenía el procurador: carros de la fuerza pública escoltaron a la familia hasta la iglesia, se cerraron vías y el propio episcopado le prestó reliquias que no se veían desde la última visita de un virrey español a La Gran Colombia. En esa ceremonia celestial –el permiso definitivo para efectuarse lo dio el Vaticano- no todos los invitados eran santos.
El mismo papá de su yerno, Alfredo Palis Turbay, fue destituido como procurador provincial de Cartagena en el 2000, e inhabilitado por el entonces procurador Jaime Bernal Cuéllar por cinco años para ocupar cargos públicos por congelar denuncias contra funcionarios corruptos.
Esa noche del 3 de febrero del 2013 estaban también en las bancas del templo el exsenador Juan José García Romero, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado por apropiación indebida de 110 millones de pesos. A la ceremonia fue acompañado por la también senadora Piedad Zuccardi quien, diez días después de esa misa, fue detenida por las pruebas que había contra ella que comprobaban sus reuniones secretas con paramilitares que le ayudaron a obtener los votos que la sacaron senadora de su departamento, Sucre, en 1998.
En las fotos quedó el magistrado Jorge Pretelt quien llegó acompañado de su esposa Martha Ligia Patrón. Dos años después de este evento sería suspendido de su cargo en la Corte Constitucional acusado de solicitar y recibir un soborno de 500 millones de pesos de parte del abogado de Fidupetrol Víctor Pacheco con el fin de ganar una tutela y así eximir a la firma de pagarle una multa millonaria al Departamento del Casanare. A pesar de las pruebas que lo condenaban el procurador lo defendió a rajatabla
Sin embargo, había dos invitados que, un año después, serían fundamentales para Ordóñez en su intención de no ser destituido después de que Rodrigo Uprimny y otros diez abogados comprobaron cómo ofreció cargos públicos a 31 senadores para que lo reeligieran en el 2012: se trataba de los magistrados Marco Antonio Velilla y Susana Buitrago. Velilla incluso escribió una carta en octubre del 2014 en donde planteaba un sinnúmero de supuestas irregularidades de los integrantes del Consejo de Estado Alberto Yepes, Stella Conto, William Zambrano y Danilo Rojas en el proceso contra Ordóñez.
Rodrigo Uprimny y otros diez abogados
comprobaron cómo ofreció cargos públicos a 31 senadores
para que lo reeligieran en el 2012
Desde que entró a la Procuraduría en el 2008 Ordóñez lo hizo pisando duro, aplicando las medidas más duras sin importar el bando. No le tembló el pulso para destituir al exministro Sabas Pretelt, al ex secretario general Bernardo Moreno y al gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. También arremetió contra Piedad Córdoba y fue el primero en destapar el Carrusel de la Contratación del alcalde de Bogotá Samuel Moreno. El mismo contaba orgulloso que en los siete años que estuvo al frente de la Procuraduría destituyó a más de 1500 alcaldes y 82 gobernadores.
Sin embargo, en cada una de esas decisiones había un tufo de extralimitación de sus funciones. Cuando arremetió contra Alonso Salazar, a quien pretendía inhabilitar, quedó demostrado que la inquina de Ordóñez provenía de la propuesta del Alcalde de Medellín de crear una clínica para que las mujeres que así lo quisieran pudieran abortar. Con el caso de Gustavo Petro también quedó evidenciada que sus creencias religiosas pesaban en sus decisiones como servidor público.
El escándalo que terminaría con su destitución fue su reelección como procurador en el 2012. En el Congreso de la República sacó 80 de 100 votos posibles. Para logarlo nombró a familiares de 31 senadores, a 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes en cargos importantes cuya remuneración sobrepasaba los 20 millones de pesos.
Los juristas José Leonardo Bueno Ramírez, Rodrigo Uprimny Yepes y Carlos Mario Isaza solicitaron la nulidad de esa reelección en octubre del 2013. Las demandas eran claras “la elección de Ordóñez vulneró la Constitución, pues la Comisión de Ética no aceptó los impedimentos y las recusaciones presentadas por varios senadores que argumentaron conflicto de intereses (…) así como que la postulación de Alejandro Ordóñez en la Corte Suprema no contó con la mayoría de votos válidos”. Por la intervención de magistrados como Marco Antonio Velilla y Susana Buitrago el proceso se dilató tres años hasta que en agosto del 2016 Alejandro Ordoñez salió de la Procuraduría. A partir de ese día se ha enfocado en su gran sueño, el mismo que tienen desde mediados de los setenta cuando empezó su vida política siendo concejal de su ciudad natal, Bucaramanga: ser presidente de la República. Viendo la acogida que tuvo su convocatoria de salir a la calle a protestar contra la corrupción y contra Santos, está completamente seguro que votos no le van a faltar.
