Desde hace dos días circula en internet una petición en change.org que ya tiene más de 75.000 firmas con la que se busca que el presidente Duque desista de su designación a Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia en la OEA. El mensaje es claro: un procurador que logró su reelección de una manera espúrea no se merece representar el país. Las actuaciones de Alejandro Ordóñez en su segundo período estuvieron marcadas por un manto de ilegalidad, al punto de ser destituido antes de terminar su periodo, y el secretario general de la OEA Luis Almagro lo debe saber.
El mecanismo utilizado para buscar respaldar la petición al Presidente es a través de change.org, una plataforma por internet en donde las personas inician campañas y consiguen firmas para apoyar cientos de propuestas a nivel mundial.
Ordóñez fue elegido procurador general por primera vez en 2008. En esa ocasión, derrotó casi por unanimidad a Camilo Gómez, el candidato del expresidente Andrés Pastrana, quien quería tener participación en la entidad. Desde su posición, Ordóñez logró su reelección en 2012, pero faltando seis meses para terminar su segundo periodo, el Consejo de Estado anuló su elección con base en una demanda instaurada por el investigador Rodrigo Uprimny, entonces director de Dejusticia. Uprimny logró demostrar el cruce de favores entre Ordóñez y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo pusieron la frente del Ministerio Público. Su estrecha relación con los magistrados, por cuenta de los nombramientos de familiares en el ente acusador resultó inocultable. Estaban impedidos incluso para postularlo al cargo.
El primer nombre que apareció enredado con la elección de Ordóñez fue el del cuestionado exmagistrado Leonidas Bustos. Su primera esposa, Ana Josefa Velasco, era procuradora administrativa desde marzo de 2010, y Marta Cristina Pineda, actual esposa de Bustos e investigada por su implicación en el Cartel de la toga, ocupó un cargo igual en la Procuraduría. Aunque Bustos no asistió a la votación en la que se reeligió a Ordóñez, argumentando una "incapacidad médica", nunca se declaró impedido y movió todas sus fichas para apuntalar los votos necesarios.
Otros tres magistrados presentaron sus impedimentos para votar en la elección del procurador. Ruth Marina Díaz Rueda, presidenta del Tribunal entre 2013 y 2015, Javier Zapata Ortiz y Jorge Mauricio Burgos Ruiz, argumentaron que familiares suyos eran empleados en la Procuraduría General de la Nación, y que eso podría configurar un conflicto de interés. pero la sala plena de la Corte se los negó, asegurando que “en los procesos disciplinarios se juzga una conducta y obliga a tomar una decisión jurídica. Para él, en el caso del candidato para terna de Procurador, es una postulación para un hecho incierto, como es el de la elección de ese ternado en el Congreso de la República”. Los tres votos de los magistrados terminaron siendo claves en la elección final.
Ruth Marina tiene una sobrina vinculada aún a la Procuraduría. La cuñada de Zapata, Olga Lucía Cadavid Castro, fue nombrada por Ordóñez en un cargo de libre nombramiento y remoción en septiembre de 2011; y Jorge Mauricio Burgos Ruiz aceptó que su esposa trabaja como Procuradora judicial, sin embargo, ella fue nombrada antes de que Alejandro Ordóñez asumiera por primera vez y cuando él no era magistrado de la Corte; pero Ordóñez la sostuvo en el cargo.
Según la demanda de Uprimny, estas relaciones familiares de los magistrados con funcionarios de la Procuraduría sí eran un impedimento para postular al Procurador en ejercicio. Este fue el punto de partida para el trámite en el Congreso, ya que, sin haber surtido este paso en la Corte, su elección nunca se habría dado.
Alejandro Ordóñez fue elegido como candidato de la Corte Suprema de Justicia con 17 votos a favor de los 23 posibles. De haberse anulado los tres votos de los magistrados con parientes empleados suyos, los números no le habrían dado. Para entrar a la terna, este necesitaba mínimo 16 votos y sin estos tres votos habría solo obtenido 14, dos menos de los necesarios para validar su elección. Hubieran tenido que barajar otro nombre.
Ordóñez se mantuvo en el cargo tres años y medio, tras haber logrado habilidosamente a punta de recusaciones y recursos formales aplazar casi por dos años la votación del Consejo de Estado que derivó en la anulación de la elección. La decisión no significó sanción y, casi que de inmediato, Ordóñez estaba en la calle proyectando su candidatura presidencial y haciendo campaña por el NO en el plebiscito de 2016. Aunque hace casi un año la Corte Suprema decidió investigarlo por las mismas razones y con las mismas pruebas con las que el Consejo de Estado anuló su elección, el proceso no ha tenido grandes avances.
Después de unirse a la coalición del ahora presidente Iván Duque, el exprocurador, como era de esperarse, fue nombrado en el alto cargo. Con solo 4 días en el cargo, Ordóñez ya ha tenido que sortear una mediática oposición a su nombramiento, y la lupa estará encima de él y su trabajo en la OEA.
