Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional, es autor con el experto Nicolás Parra-González del libro Esquemas de intervención judicial en el Arbitraje, una obra que consultan los interesados en aquellos pleitos multimillonarios que suelen dirimirse a través de laudos dictados por tribunales adscritos a las cámaras de comercio.
Linares le dijo a Las2Orillas que siempre ha defendido la posición de que los laudos, que tienen el mismo peso de una sentencia de los jueces de la república, deben ser respetados por las autoridades judiciales. Por eso el lunes 8 de mayo presentó ante la propia Corte una solicitud de insistencia para que sea seleccionada y revisada una tutela presentada por la firma Promoambiental contra una decisión del Tribunal Superior de Bogotá -confirmada luego por la Corte Suprema de Justicia- que declaró nulo un laudo que inicialmente la favorecía en una reclamación relacionada con el cobro de las tarifas que se cobran a los bogotanos por el barrido de la ciudad.
El mismo día en que el magistrado presentó su insistencia era noticia el país la captura y encarcelamiento del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, condenado por haber exigido hace seis años 500 millones por incidir en la selección y revisión de una tutela contra un fallo que obligaba a la firma Fidupetrol a pagarle 22.500 millones de pesos a la gobernación del Casanare por un descanso en sus regalías.
Aunque no hay relación entre un caso y otro, la coyuntura y la asociación hecha por los operadores de aseo que se enfrentan a Promoambiental en el pleito relacionado con la distribución de las ganancias que deja el barrido de la ciudad agitó la pelea y la llevó a un punto de ebullición.
Como lo informó Las2orillas en febrero, se trata de una disputa que Promoambiental libra contra Proceraseo, empresa administradora de los pagos por tarifas. Las pretensiones, tasadas cuando arrancaron los litigios hace cuatro años, estaban en 36.000 millones de pesos hoy podrían multiplicarse por diez, calculados los intereses.
Es una pugna entre hermanos, pero no por eso deja de ser feroz. Promoambiental hace parte de Proceraseo, sociedad constituida en 2018 por las cinco firmas adjudicatarias de un contrato por casi $5 billones para prestarle a la ciudad los servicios de recolección de residuos no aprovechables, limpieza de vías y áreas públicas y transporte a los sitios de disposición final de los residuos. Promoambiental sostiene que ha barrido más del área que le toca, pero los demás operadores consideran que sus cifras son infladas y dicen que “ha barrido aire”.
Pues bien, la insistencia del magistrado Linares para que la tutela sea revisada ha sido interpretada por la mayoría de los integrantes de Proceraseo como un favor que el jurista querría hacerle a un amigo suyo, el exmagistrado Humberto Sierra Porto, actual abogado de Promoambiental y otros notables que han intervenido en los pleitos a través de esta firma, entre ellos el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira.
En su propósito de demostrarlo, han hecho incluso el ejercicio de comparar mediante aplicativos de inteligencia artificial el escrito de 9 páginas con el que el magistrado insiste en la revisión de la tutela con el del recurso de amparo solicitado por Sierra Porto.
De acuerdo con el abogado Alejandro Carranza, representante legal de Proceraseo, las coincidencias son porcentualmente altas, mientras que el texto de Linares relacionado con las decisiones de tutela y con un salvamento de voto presentado frente al lado son demasiado bajas, lo que sugiere que su solicitud no tiene una ponderación objetiva.
Sin embargo, el magistrado Linares dice que su petición busca estrictamente hacer valer la jurisprudencia adoptada por la propia Corte Constitucional en casos de esta naturaleza y en su respuesta a la inquietud recordó que el Artículo 29 de la Ley 1563 de 2012 señala que el tribunal de arbitraje es competente para resolver sobre su propia competencia y su decisión prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo.
Explica que por todo esto la selección y revisión serviría para que fuera la Corte Constitucional la que decida si las tutelas también proceden contra los laudos arbitrales.
La Corte dirimiría la controversia el próximo martes 16 de mayo.
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